Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Rogelio Ortega Martínez, Gobernador del estado de Guerrero, aseguró tras tomar el cargo que su prioridad sería atender el reclamo de los familiares de las víctimas para que se haga justicia ante el asesinato de seis personas, entre ellos tres normalistas, y 43 jóvenes desaparecidos en Iguala el pasado 26 de septiembre. Recuperar la gobernabilidad en el estado y ayudar a retomar el diálogo entre los manifestantes y el gobierno estatal, fueron otras de sus principales encomiendas al tomar posesión.
A casi un mes de que asumiera el cargo ninguna se ha cumplido, y por el contrario las criticas por la inseguridad, la falta de confianza en las instituciones y la manera de resolver los conflictos de la entidad han crecido.
“Yo les hago un sincero llamado, eviten los actos de violencia, los bloqueos que ocasionan grandes pérdidas para la economía del estado”, pidió el mandatario estatal durante su visita al municipio de Iguala el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, la comunidad magisterial, familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos, lo han criticado por utilizar la fuerza pública en las manifestaciones, pese a que se comprometió a no hacerlo.
Los mismos legisladores locales lo han acusado de dar a personajes universitarios, amigos, compadres y otros personajes sin experiencia, cargos de gobierno que ponen en riesgo la continuidad de las obras de infraestructura y los programas sociales y de desarrollo del campo.
El catedrático Rogelio Ortega Martínez fue designado como Gobernador interino del estado, tres días después de que Ángel Aguirre Rivero pidiera licencia al cargo.
Ortega es un ex dirigente estudiantil que formó parte del grupo de estudiantes que, junto con el extinto Armando Chavarría Barrera, dirigieron a la Federación Estudiantil en la década de los ochenta, fue electo por su perfil ciudadano alejado de los partidos y enfocado en la política universitaria.
Es licenciado en Sociología y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Se le considera como un hombre de izquierda con una larga y reconocida trayectoria en el mundo docente y académico de Guerrero, con capacidad de interlocución con todos los sectores de ese estado. Ha realizado diversas publicaciones en autoría y coautoría con otros investigadores.
EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA
Uno de los principales encargos de Ortega era retomar el diálogo con los padres de los normalistas y la gobernabilidad en la entidad. Esto no ha sucedido. Por una parte, los familiares de los jóvenes desaparecidos señalaron durante su encuentro con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que ellos ya no creen en el gobierno, ni federal ni estatal. Por el otro, las protestas en su estado cada día se recrudecen más.
Rogelio Ortega ha convocado a la sociedad durante los últimos días a realizar acciones pacíficas para contrarrestar las protestas que realizan los Normalistas de Ayotzinapa, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, al que pidió “que hagan todo el esfuerzo por impedir, por cancelar, por renunciar a las acciones violentas que agreden a terceros”.
El lunes pasado durante un encuentro con jugadores del equipo “Los Avispones” en Chilpancingo, reiteró su llamado a quienes se solidarizan con los normalistas de Ayotzinapa a que cambien su “método violento de protesta”.
Para Andrés Clemente Ramos, integrante del Comité Estudiantil de Normal Rural de Ayotzinapa, Ortega Martínez ha decidido seguir con los pasos de Ángel Aguirre Rivero, debido a que aunque ha señalado que no haría uso de la fuerza pública durante las protestas, no lo ha cumplido.
“En un momento declaró que prefería presentar su renuncia antes que reprimir una manifestación ¿qué pasó, dónde quedaron sus palabras? Vemos claramente que ha decido seguir los mismos pasos que Ángel Aguirre Rivero”, denunció durante un encuentro que sostuvieron con integrantes de la CETEG y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En la reunión se acordó que las manifestaciones del magisterio serán de manera conjunta con los normalistas de Ayotzinapa, “para evitar que se den enfrentamientos con la Policía Estatal como el que ocurrió en Acapulco durante la toma del aeropuerto y el incendio en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chilpancingo”.
Aclararon también que durante las manifestaciones que se han dado en Guerrero y a lo largo del país, han sufrido actos de provocación, y pese al clamor de Ortega para terminar los actos de violencia y los bloqueos en el estado, no han cesado.
La tarde del sábado 8 de noviembre miles de manifestantes se concentraron alrededor del Palacio de Gobierno de Guerrero en Chilpancingo y prendieron fuego a al menos nueve vehículos, lanzaron piedras y rompieron cristales del edificio. “Si no hay justicia para el pueblo, ¡Que no haya paz para el gobierno!”, se leía en una de las consignas pintadas en el suelo.
Horas después de los actos violentos, Rogelio Ortega Martínez señaló que no permitiría que los “violentos” perjudiquen al estado. “Han hecho de las suyas”, declaró, pero enfatizó que no haría uso de la fuerza pública cuando se registren protestas.
Pero mientras el mandatario hablaba frente a los medios, pocos sabían que Ortega acababa de salir de una boda que se realizó en el hotel Sinfonía del Mar, ubicado en el puerto guerrerense. Posteriormente, el mandatario fue duramente criticado por los usuarios de las redes sociales por estar en ese evento mientras afuera del Palacio de Gobierno varios vehículos ardían.
Ortega Martínez pidió a los profesores de la “CETEG, a los normalistas de Ayotzinapa y a los defensores de los derechos humanos de todas las expresiones, especialmente a Abel Barrera que dirige Tlachinollan […] que se deslinden de los actos violentos para que contribuyan a reconstruir el tejido social y la gobernabilidad”.
Días después, en respuesta a las declaraciones del Gobernador, el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, declaró que las protestas por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos son legítimas, ante la “gran crisis humanitaria” que se vive, y no puede haber paz sin justicia y Estado de derecho.
Rosales Sierra afirmó que esas declaraciones eran “lamentables”, porque confirmaban la continuidad de un gobierno de “izquierda” que se ha caracterizado por agredir a los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, y agregó: “representa una continuidad del cacicazgo, del autoritarismo, de la represión que ha caracterizado a Guerrero y qué lamentable que esta persona hoy está en el sitio de Gobernador, haya estado en el movimiento y que ahora se convierta en un agente represor que persigue al movimiento social, que deslegitima las luchas de los organismos civiles de derechos humanos”.
Por su parte, la CETEG también se pronunció en torno al tema y señalaron que las declaraciones del mandatario estatal no cambiarían el plan de acción que llevan a cabo contra la tragedia en Iguala, además aseguraron que no entablarían diálogo con él, a menos de que los padres de los normalistas desaparecidos decidieron lo contrario.
El integrante del comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, Uriel Alonso Solís, también se pronunció sobre las declaraciones del Gobernador Rogelio Ortega y las calificó de “absurdas” y negó que los estudiantes, los familiares de los 43 desaparecidos y maestros cetegistas hagan un “gran daño” a Guerrero.
Días después, el martes 11 de noviembre, profesores de la CETEG irrumpieron en la sede del PRI estatal causando destrozos y un incendio en las instalaciones; un día después, los reclamos por las desaparición de los normalistas nuevamente se convirtieron en incendios que alcanzaron incluso el Congreso de Guerrero.
Estudiantes, maestros y miembros de la CETEG, del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), así como de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECTUM) volvieron a marchar en Chilpancingo, Guerrero, para exigir la aparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y en recuerdo de la represión que vivieron en 2007, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, cuando fueron desalojados violentamente por policías antimotines.
Han sido al menos dos semanas en las que el Gobernador ha hecho llamados en diversos lugares de Guerrero por cesar la violencia en el estado, pero él mismo ha contribuido a los enfrentamiento al hacer uso de la fuerza pública.
DIPUTADOS CUESTIONAN SU TRABAJO
El pasado martes, diputados del Congreso local pidieron a Rogelio Ortega que construya un puente de interlocución para dar solución a los conflictos que aquejan a la entidad. Además lo acusaron por la llegada de personajes universitarios, amigos y compadres a ocupar cargos de gobierno, sin experiencia, que ponen en riesgo la continuidad de las obras de infraestructura y los programas sociales y de desarrollo del campo.
El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso de Guerrero, Héctor Apreza Patrón, durante su intervención luego de la aprobación de la emisión de la convocatoria para la selección de aspirantes y designación del nuevo Procurador estatal, señaló: “Es indispensable hacer un llamado al Gobernador Rogelio Ortega para que tienda puentes de interlocución con todos los sectores para emprender una cruzada por el diálogo, por el bien de Guerrero, trabajemos juntos porque mañana no nos vayamos a arrepentir”.
En tanto el Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Marcial Liborio, criticó que desde hace siete meses la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside el Diputado Ángel Aguirre Herrera, no ha dictaminado un punto de acuerdo por el que se propuso un llamado a las autoridades de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, por las pugnas internas y la división que atraviesa y que ha puesto en crisis ese sistema de justicia comunitaria.
El legislador alertó que su “omisión es grave”, dado que como en el caso Iguala, “ha generado descontento en la sociedad”.
Finalmente, el también perredista, Nicanor Adame Serrano, denunció en tribuna los nombramientos de personajes “corruptos” que está haciendo Ortega Martínez. Pidió que el Congreso local busque exhortar al Gobernador “para que sea más responsable y priorice y ponga por delante las obras de infraestructura social y programas sociales, y no se detengan”.
Los legisladores no sólo cuestionaron y criticaron el actuar del nuevo mandatario, también hablaron de citar al mandatario para que comparezca ante el Congreso local.
La semana pasada, el Gobernador se reunió por separado, con legisladores del PRI. Ahí los priistas alertaron a Ortega de que las constantes movilizaciones por la parición de los estudiantes normalistas, ponen en riesgo las elecciones que se llevarán a caba el próximo año en el estado.
“Sin duda que, de no lograrse la pacificación de Guerrero, seguiríamos en una situación crítica de gobernabilidad y eso sin duda pone en riesgo los comicios”, advirtió el legislador Héctor Apreza Patrón, coordinador del PRI en el Congreso.
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BREVES
CIUDADANOS EXIGEN LA RENUNCIA DE GRACO RAMÍREZ
Cientos de ciudadanos marcharon por las principales calles de Cuernavaca, Morelos, el pasado miércoles para exigir un juicio político y la revocación de mandato al Gobernador Graco Ramírez Garrido.
La manifestación fue encabezada por Gerardo Becerra, miembro de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).
El 1 de octubre de 2012, cuando asumió la gubernatura del estado de Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu prometió en lo inmediato implementar una serie de proyectos enfocados en los temas de educación, seguridad, salud, desarrollo sustentable, economía y ciencia.
Sin embargo, los hechos de sangre y controversias registradas desde su llegada han desviado la atención de lo que pudiera ser su proyecto de gobierno.
Acusaciones de soborno, familiares incómodos, quejas por la inseguridad, ataques a sus funcionarios. El camino para el mandatario morelense ha estado lleno de obstáculos.
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MALOVA NIEGA CONOCER LA RELACIÓN ENTRE UNO DE SUS FUNCIONARIOS Y EL “CHANGUITO ÁNTRAX”
El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, aseguró que desconoce el presunto parentesco del subdirector de la Policía Ministerial Estatal, Martiniano Vizcarra Burgos, y Rafael Guadalupe Félix Núñez, el “Changuito Ántrax”, líder de la célula criminal de Los Ántrax, detenido la semana pasada.
“Vamos a investigar cómo está esta supuesta relación, habrá noticias al respecto”, aseguró el Gobernador luego de darse a conocer que al parecer Félix Núñez está casado con Liliana Vizcarra Vega, hija del funcionario estatal.
“No teníamos conocimiento de esta supuesta relación que usted menciona, Martiniano es policía no sé, de 20, 30 años, desconozco cuántos años tenga en la corporación y sé que a últimas fechas ha sido un elemento muy comprometido para combatir la delincuencia”, aseguró.
Félix Núñez fue detenido el jueves pasado en Culiacán como parte de los operativos que realiza la Marina desde hace varios días en la ciudad, los cuales han llevado también a la detención de Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, hijo de “El Mayo” Zambada.
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MANCERA VUELVE A SU OFICINA TRAS DOS SEMANAS DE RECUPERACIÓN
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, regresó el pasado miércoles a su oficina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde encabezó el 190 aniversario de la fundación de la ciudad, luego de dos semanas de recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente del corazón el pasado 31 de octubre.
El mandatario capitalino presidió la celebración acompañado de su gabinete legal y ampliado, así como de los 16 jefes delegacionales.
Mancera Espinosa fue intervenido quirúrgicamente de emergencia por una perforación en el corazón cuando era intervenido por una arritmia cardiaca.
Esta semana el Jefe capitalino encabezó su primer acto público después de la operación, tras la cual estuvo trabajando desde el hospital una semana y luego desde su casa.
Al acto también asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles y del Senado, Miguel Barbosa, el líder del PRD en el DF, Raúl Flores, y personalidades de la farándula como Carmen Salinas y Jorge Ortiz de Pinedo.
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GABINO CUÉ RINDE INFORME EN MEDIO DE PROTESTAS
El Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, presentó su IV Informe de gobierno en la sede del Congreso, en donde la bancada del PRI se ausentó al considerar que lo informado no corresponde con la situación real del estado.
Además, profesores de la Sección 22 de la CNTE se manifestaron en contra del informe porque, argumentaron, el mandatario ha faltado a los compromisos establecidos con el pueblo oaxaqueño.
Algunos manifestantes se desnudaron en la puerta del recinto legislativo.
Como invitados asistieron diversos gobernadores y la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
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NOS UNIMOS AL LLAMADO DE PAZ DEL PRESIDENTE: ERUVIEL ÁVILA
El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, refrendó el llamado del Presidente Enrique Peña Nieto por la “unidad nacional” y señaló que no se puede exigir justicia actuando con violencia, “la fuerza de México es la voluntad y la razón, es la tolerancia, la responsabilidad, la voluntad política y la suma de esfuerzo de todos los mexicanos”.
“Los mexiquenses nos unimos al llamado de paz, de unidad nacional que convoca el Presidente, con él decimos prudencia y no a la confrontación”, declaró en la inauguración de “La Ciudad de la Salud para la Mujer” en el municipio de Cuautitlán.
“En unidad y en torno a nuestro Presidente, seguiremos combatiendo con la fuerza de las instituciones al enemigo de todos los mexicanos, la delincuencia, la inseguridad”, agregó.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario estatal advirtió, “hoy más que nunca estamos llamados a cerrar filas en torno a nuestras instituciones y especialmente a nuestro Presidente de la República”.
El camino de México es del desarrollo, “no de la violencia, es momento que asumamos nuestras responsabilidades que corresponden”, finalizó.
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FRASES
“Por qué voy a pedir licencia, yo no tengo ninguna responsabilidad en el tema y estoy a disposición de la autoridad para que me investigue si es necesario”, aseveró esta semana el Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y reiteró que no es dueño ni socio de ningún banco y que se ha tratado de un litigio mediático.
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“Claro que apoyaba a Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, y posteriormente también yo fui muy claro y dije que sería catastrófico que se fuera el Gobernador, pero lo más importante es la vida y los 43 muchachos que perdieron la vida; todavía tengo la esperanza de que aparezcan con vida”, declaró a la prensa local el Alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto.
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“Yo creo que es territorio de ellos y tienen la decisión en sus manos si pasa o no pasa por ahí el gasoducto. El proyecto contempla pasar por ahí o buscar la manera de no pasar por su territorio y no afectarlos, esto es en base al respeto a la etnia yaqui y sus usos y costumbres y la decisión que tomen será respetada”, aseguró el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, luego de que líderes yanquis advirtieran que no permitir que se construya el gasoducto Guaymas en su territorio.
