Asunción, 26 jul (EFE).- Expertos en derechos humanos como la argentina Nora Cortiñas, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, junto a abogados y dirigentes campesinos e indígenas de Chile, Brasil y Colombia viajan hoy a Asunción para seguir el juicio por la masacre de 17 personas en 2012 en Curuguaty, que inicia mañana.
En el juicio, pospuesto en varias ocasiones y que se prevé que finalice el próximo 28 de agosto, serán 13 los campesinos juzgados, acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en tanto que 10 de ellos afrontan cargos de intento de homicidio a 6 policías, y no hay nadie imputado por la muerte de 11 campesinos restantes.
Los expertos extranjeros acuden al juicio en calidad de “observadores internacionales” para vigilar “el respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial”, según informó hoy la Articulación por Curuguaty, que reúne a varias organizaciones sociales en torno a esta causa judicial.
A estos observadores está previsto que se una en las próximas semanas el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, destacado defensor de los derechos humanos en Argentina.
La Articulación por Curuguaty dijo que el proceso por la masacre ha recibido varias denuncias de violaciones a las garantías procesales de la defensa y de los imputados y acusados en el juicio.
Señaló además a la “persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante a la defensa técnica” del caso por parte de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa Jalil Rachid, en relación con un sumario abierto a los abogados defensores.
La organización pide además que el juicio sea anulado dado que “no hay prueba alguna que señale a ninguno de los acusados como autores de homicidio”, y acusó a la fiscalía de “ocultar pruebas e infiltrar otras fuera de plazo y de forma”.
La plataforma llamó a la observación ciudadana del proceso y solicitó que el juicio, que se desarrollará en el Palacio de Justicia de Asunción, se traslade a una sala de mayor capacidad dentro de esta sede judicial, dado que el lugar fijado solo tiene capacidad para 60 personas.
El Poder Judicial dispuso la retransmisión del proceso a través de una pantalla gigante ubicada en la Plaza de la Justicia, en el exterior de la sede judicial.
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos.
El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).
El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.
La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.
La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.
La finca escenario de la masacre fue reocupada hace un mes por varias familias campesinas, tras “haber agotado todas las instancias de diálogo” con el Gobierno paraguayo para que resolviera la titularidad de las tierras.
