México, 27 Mar (Notimex).- La aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Nacional Anticorrupción por las cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, es indispensable para contrarrestar los efectos negativos de la corrupción, aseguró Ximena Puente.
La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) expresó lo anterior al participar en la Convención Nacional de Industriales 2015.
En el foro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expuso que las nuevas leyes además ayudarán a la consolidación de la democracia y al crecimiento de la economía.
“Estoy convencida que, de ratificarse en sus términos, la nueva ley estará destinada a convertirse en uno de los pilares que darán soporte al inicio de una nueva etapa para la transparencia y la rendición de cuentas en el país”, dijo.
Al participar en el panel “Transparencia y combate a la corrupción”, ofreció algunas cifras sobre la percepción de la corrupción en el país.
A manera de ejemplo, dijo que los datos de la última encuesta de percepción de servicios del INEGI arrojan que ésta se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y el desempleo.
En ese sentido, la comisionada presidenta del IFAI afirmó que las instituciones enfrentan el reto de contrarrestar la percepción sobre el alcance y la penetración de la corrupción en todos los niveles y ámbitos del gobierno.
Puente de la Mora aseguró que la rendición de cuentas debe convertirse en herramienta valiosa para la reconstrucción del vínculo entre gobierno y sociedad y para la atención a una de las más grandes demandas: el combate a la corrupción.
Expuso que entre las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia, para combatir ese problema, está la inclusión, como sujetos obligados, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Asimismo la disminución de los plazos de reserva, la prohibición de invocar el secreto fiscal, bancario y fiduciario, cuando estén involucrados recursos públicos, la eliminación de reservas perpetuas a voluntad de los sujetos obligados y el impulso de una política de gobierno abierto y transparencia proactiva.
En el panel participó también Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
