México, 27 Abr (Notimex).- El sector privado exhortó a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal para que a la brevedad aprueben los cambios en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Sistema Nacional Anticorrupción.
En su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que del mismo modo piden a los gobernadores de las entidades expresen su apoyo a esta nueva normatividad.
“Insistimos en el llamado a las legislaturas estatales para que ratifiquen las reformas. Que no se retrase innecesariamente su instrumentación. Igualmente, el exhorto a los gobernadores, para que respalden este nuevo marco legal en pro de la legalidad y la gobernabilidad democrática”, subrayó.
Refirió que la reciente aprobación, en el Congreso de la Unión, de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, normativa del Artículo 6 Constitucional, así como, la semana pasada, de las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, representan un gran paso, fundamental para México.
Se trata de cambios que eran indispensables, en la tarea más crítica y transversal que, como nación, se tiene en este momento, la consolidación de un régimen de Estado de derecho en las leyes y en los hechos, en el marco de la gobernabilidad democrática, argumentó.
Aclaró que a la aprobación de esta demanda esencial de la sociedad civil, sigue un complejo proceso de legislación secundaria e implementación, así como el paso inmediato siguiente en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la votación en los congresos locales, al tratarse de una enmienda constitucional.
Recordó que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicables las reformas, entre ellas las relativas a la regulación de la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación.
Estas, dijo, son las bases de coordinación del Sistema y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.
Gutiérrez Candiani subrayó que conforme al régimen transitorio, se otorgará un plazo de 180 días para que los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen las adecuaciones normativas correspondientes en sus ámbitos de competencia.
En el caso de la reforma de transparencia, los estados tienen hasta un año para armonizar sus leyes locales con la nueva legislación federal, para que entonces apliquen cambios como las facultades que se le confirieron al Ifai de revisión y atracción, apuntó.
Empero, el dirigente empresarial señaló que tienen claro que en este nivel del proceso de reforma pueden presentarse resistencias, ante los niveles de impunidad, ausencia de rendición de cuentas e insuficiente equilibrio de poderes en algunos estados y municipios.
Por lo que la sociedad y los ciudadanos deben estar atentos y alertas para que la reforma avance y se consolide en tiempo y forma, y luego vigilar que se ejecute y cumpla en todo el país, en los tres órdenes y tres poderes de gobierno, señaló.
