Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– A más de cuatro meses del derrame de los 40 mil metros cúbicos de sulfuro de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, Grupo México cortó hasta el suministro de agua a la población y el recurso del fideicomiso que se creó para los damnificados no llegó a la totalidad de los afectados.

Germán Larrea Mota, presidente y director general de Grupo México, aprovechó la tragedia de los normalistas desaparecidos en Iguala, hace ya tres meses, para negociar a su favor una salida al “cochinero” que provocó la peor tragedia ambiental en la minería mexicana, dijo  Antonio Navarrete Aguirre, del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea.

“German Larrea aprovechó lo de Ayotiznapa para hacer un acuerdo con el gobierno federal. No tomó medidas en la mina ni siquiera trataron de evitar que hubiera otros derrames. Nosotros vemos que hay un propósito de desalojar a los pueblos de la rivera del Río Sonora. Ya no se escuchó nada de la amenaza del gobierno de retirarle la concesión. Nos queda claro que Grupo México opera en el gabinete federal y que no hay sanción”, dijo.

En septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, Grupo México y el panista Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, enfrentaban un escándalo por el derrame de desechos tóxicos al río y por una presa, propiedad del mandatario.

El derrame dejó pérdidas millonarias: se llevó cosechas, se contaminó el ganado y la economía de varios municipios, incluyendo el municipio de Arizpe, se colapsó.

Después de los sucesos de Iguala, la presa que Padrés Elías construyó en su rancho ubicado en unos kilómetros de Cananea y la situación de 24 mil sonorenses afectados por el derrame, salieron del foco de los reflectores.

El 17 de diciembre pasado, los pobladores del Río Sonora bloquearon la carretera Mazocahui-Cananea-Aguaprieta en protesta porque no tienen suministro de agua y porque los recursos del fideicomiso para resarcir el daño, que anunció Grupo México, no están llegando.

El 30 de septiembre el Secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, y el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, anunciaron que se construiría un Fideicomiso Río Sonora de 2 mil millones de pesos que Grupo México pagaría en cuatro amortizaciones de 500 millones.

Pero ese recurso, aseguró Navarrete Aguirre, se quedó en manos de “unos cuantos políticos”.

Los pobladores que bloquearon la carretera dijeron a los medios locales que la continencia por el derrame en el Río Sonora se levantó y que dejaron de abastecer a la población de agua.

Además, denunciaron, los encargados de distribuir el recurso del fideicomiso beneficiaron a sus familiares, alterando el padrón de damnificados.

“Es una irresponsabilidad por parte del gobierno. Alguien que contamina era clausurar la mina. Ahorita ya no se está atendiendo a la población afectada, a los jornaleros que no pueden comprobar y algunos comercios. La distribución no es equitativa y la gente está desesperada”, afirmó Antonio Navarrete.

Manuel Luciano Gómez, un apicultor, ganadero y agricultor que cuenta con un rancho de 400 hectáreas en el municipio de Arizpe, calculó que sus pérdidas ascienden a dos millones de pesos.

Luciano es agricultor y ganadero. En su rancho producía miel de abeja, sembraba y criaba ganado.

“Perdí cosechas, ya no puedo sembrar, no tengo agua para uso doméstico, tengo que hacer un pozo. ¿Para qué me sirven 60 mil pesos que me dieron? Ni para hacer el pozo ni los gastos de la gasolina de todas las vueltas que di”, dijo.

LOS OTROS DERRAMES

Antonio Navarrete aseguró que después del derrame del 6 de agosto, se registraron otros derrames en el Río Sonora: uno el 3 de septiembre y otro el 18 de ese mismo mes.

“De esos derrames poco se supo, pasó lo de Iguala y robó todos los escenarios porque las condiciones que lo ameritaban, claro, pero aquí en Sonora la contaminación permanece en el río”, explicó.

El ex trabajador de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México aseguró que el agua sale amarillenta en algunos municipios afectados. La remediación del río no se realizó.

En septiembre Navarrete Aguirre denunció que Grupo México manejaba la cifra del derrame de ácido sulfúrico a su conveniencia, porque en realidad el represo estaba al límite de su capacidad que son 240 mil metros cúbicos.

“Ellos dicen que fueron 40 mil porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil metros cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope. No es cierta la cifra que están manejando”, dijo.

La cifra oficial que manejan tanto Grupo México, como  las autoridades ambientales es un mínimo de sulfato de cobre y otros materiales pesados que podrían derramarse del represo, aseguró.

De acuerdo con Navarrete Aguirre, el desastre ambiental minero más grande de la historia en México se debió a fallas en el mantenimiento de los represos, que desde 2008 denunciaron en su pliego petitorio cuando iniciaron la huelga en contra de la empresa.

“La situación de los represos es grave, hay otros 11 ahí adentro, que son una bomba de tiempo”, denunció.

El Sindicato Minero, conformado por 800 mineros que trabajaron en la mina Buenavista del Cobre y que conocen perfectamente su funcionamiento, también alertó que un represo que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, estaba a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora.

Navarrete indicó que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.

“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.

El minero explicó que el represo mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.

Navarrete afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico, como asegura la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, que ya sabía de los problemas del represo y no lo solucionó con mantenimiento.