En un mensaje televisado por RPP Noticias, González Rocha anunció “una nueva etapa de trabajo” en la zona de influencia del proyecto de extracción de cobre y oro, después de la pausa dada para que el Gobierno restablezca la calma en la provincia de Islay, región Arequipa, y se inicie un diálogo con las comunidades.

“Desde el 1 de septiembre, pondremos en marcha un plan de socialización que hemos denominado Reencuentro, con la finalidad de llevar información puerta a puerta y promover nuevas iniciativas a favor de la población del Valle del Tambo”, detalló el ejecutivo mexicano.

Entre las medidas que la empresa, filial del Grupo México, pretende llevar a cabo está el aporte de 100 millones de soles (30 millones de dólares) en obras y acciones en beneficio de la población, “sin ninguna condición y de manera inmediata”, indicó González Rocha.

El desarrollo del proyecto minero representará para Southern una inversión total de mil 400 millones de dólares.

No obstante, el alcalde del distrito de Cocachacra, Helard Valencia, declaró que el anuncio de la empresa era “un poco irresponsable por todo lo que ha sucedido en el Valle del Tambo”.

“Es muy pronto para decir que va a reiniciar una sensibilización, cuando hasta hace poco han habido muertes, atropellos y denuncias”, explicó la autoridad municipal a RPP Noticias.

Valencia añadió que no está en contra de la inversión en la región porque se necesitan obras de envergadura, pero que “no se puede permitir que se condicione pensando que, porque hay dinero, hay que aceptar”.

El rechazo de varios frentes civiles al proyecto Tía María generó un paro de más de 60 días en Islay y violentos disturbios que dejaron cuatro muertos y alrededor de 200 heridos, lo que forzó al Gobierno a decretar en mayo el estado de emergencia en esa provincia de la región de Arequipa.

Al levantar la emergencia en julio pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó que las Fuerzas Armadas seguirían prestando apoyo a la Policía Nacional en esa provincia en el matenimiento del orden público y la protección de la infraestructura.

Además, Cateriano ratificó la vocación de diálogo del Gobierno con los sectores sociales que están en contra del proyecto Tía María por la supuesta contaminación ambiental en un valle dedicado a la agricultura.

Las protestas contra Tía María empezaron en 2011 cuando el Estudio de Impacto Ambiental recibió 138 observaciones y se desataron unas violentas protestas que se saldaron entonces con tres muertos.

La compañía trabajó posteriormente en resolver las observaciones y el año pasado recibió el visto bueno del Gobierno para seguir adelante con el proyecto minero.