Un día, un pueblo de México, cansado de que las autoridades municipales y estatales no cumplan con su tarea, decide hacerse cargo de la seguridad.

Otro día, ese pueblo, armado ya con los machetes y pistolas que tiene a la mano, detiene a decenas de los supuestos criminales que lo han asolado.

Al siguiente, la comunidad somete los detenidos a un juicio popular, cuyos criterios no son revelados, pero los juicios, y las sanciones a que éstos den lugar, no tienen un marco legalmente establecido.

La aplicación de la ley, su ley, queda entonces en manos de los lugareños hartos de la violencia e injusticia que han padecido, por la irresponsabilidad y el olvido que los gobernantes locales, estatales y federales han mantenido por décadas, asume a criterio el castigo a los presuntos responsables.

En los siguientes días, más y más pueblos de zonas remotas y de difícil acceso en el país copian el esquema, y crean sus propias policías. Para el caso, los llamados grupos de autodefensa.

Ahí no se entienden las leyes que a este país le ha costado construir cientos de años de luchas sociales y millones de muertos, y bajo las cuales, se supone, funcionan las instituciones que regulan la convivencia social de los mexicanos. Tampoco los avances en materia de derechos humanos.

Ahora se trata de la justicia más rudimentaria: la del ojo por ojo, que puede también ser desproporcionada por la sed de venganza.

Sin embargo, la autoridad no reacciona: ni es capaz de responder a las demandas de esas comunidades que exigen, con toda justicia, seguridad y aplicar las ley, ni tampoco es apta ni tiene la voluntad política para ofrecer soluciones.

El caso de Ayutla, en Guerrero, es revelador.

La Policía Comunitaria que opera en Ayutla, municipio con una población superior a los 13 mil habitantes, ha capturado a unas 50 personas a las que está sometiendo a juicios. Se calcula que son 50, pero ni la Procuraduría General de Justicia del Estado sabe cuántos son, “no los hemos visto”, dijo ayer Martha Elba Garzón Bernal, titular de la dependencia.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, poco hace por enderezar la situación y se limita a hacer declaraciones de prensa asegurando que no permitirá que se viole la ley con los juicios comunitarios: “En Guerrero tenemos instituciones muy sólidas, que son las encargadas de ejercer los juicios”, afirma.

El mandatario asegura que no por el respeto a los usos y costumbres de esos pueblos se van a violar las leyes ni los derechos de otras personas y, por eso, ahora busca enviar una iniciativa de decreto que establezca “un marco legal de cómo debe ser la participación de la Policía Comunitaria”.

¿Cuánto se tardará en salir esa iniciativa? ¿Cuánto más en instalarse? ¿Cuánto más en dar resultados? No lo sabemos; lo que sí podemos prever es que la propuesta de Aguirre Rivero llevará mucho tiempo en ver la luz… si es que un día la ve.

Mientras tanto, no nos sorprenda entonces que más temprano que tarde, y no sólo en Guerrero, comencemos a ver colgados y fusilados. Y no serán ya los muertos del crimen organizado, sino los de la anarquía provocada desde el gobierno.

Las penas por venganza y sin criterios jurídicos serán, al final, otra muestra de la descomposición que vive el Estado mexicano.