Los datos duros reafirman la legitimidad de liderazgos capaces de generar cambios sustanciales en uno de los principales temas de interés ciudadano: la seguridad. En el Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum llama la atención el 25 por ciento de disminución en homicidios dolosos, una cuarta parte menos de los cometidos en julio del año pasado en el país.
Inclusive, los avances se exhiben en entidades donde los pronósticos eran prácticamente reservados, con poca perspectiva de cambio ante las condiciones de violencia enfrentada por la presencia de grupos del crimen organizado.
Ayer, en Palacio Nacional, a dos días de la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la mandataria presentó estadísticas reveladoras de algo que se mueve, para bien, en torno a la política de seguridad relacionada con los homicidios dolosos, por excelencia el delito indicador de niveles de violencia.
Además de ese 25 por ciento de reducción a nivel nacional, en el ámbito estatal hay avances, todavía diferenciados en su profundidad en algunas entidades. "La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa, por ejemplo: en Zacatecas, es del 75 por ciento, en Guanajuato del 60, en Estado de México del 45, en Nuevo León del 70, en Baja California del 36, en Tabasco del 48 y en Colima del 33 por ciento”, detalló Sheinbaum.
En esa misma tendencia se ubica la Ciudad de México, con una disminución de 51 por ciento este año respecto a los homicidios dolosos cometidos en 2019. Esta caída sostenida, tanto federal como local, se explica por la coordinación interinstitucional, el uso intensivo de tecnología y, sobre todo, un fortalecimiento del concepto de seguridad ciudadana entendida como un derecho colectivo y no sólo como instrumento de control policial.
Esa noción fundamenta los resultados presentados por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, en su Primer Informe que también ayer envío al Congreso local.
Más allá de los números, la coyuntura de los informes de la Presidenta Sheinbaum y Brugada permiten leer un cambio de paradigma que interpela la relación entre poder, género y seguridad.
Mientras la narrativa de liderazgos masculinos enfatizó en el pasado en la “guerra contra el narco” y el despliegue territorial como símbolo de autoridad, la estrategia encabezada por ambas mandatarias no rehúye la firmeza, pero se sostienen en la lógica de la coordinación, los datos, planeación estratégica y la atención a las desigualdades sociales como generadoras de violencias.
¿Significa que el problema de la violencia está resuelto? De ninguna manera. La misma Presidenta reconoció que hay zonas del país donde persiste como desafío estructural. El reto es sostener los avances y consolidar liderazgos femeninos que enfrentan la violencia.
