Por: Matilde Pérez*
En México el derecho a la salud sexual y reproductiva sigue siendo un pendiente. A pesar de que la Constitución Política de nuestro país garantiza el derecho de las mujeres en todas sus diversidades y personas gestantes a disfrutar de su salud sexual y reproductiva (SSyR), la realidad es otra. Según los últimos datos disponibles en México, existen muchos indicadores que dan cuenta de que existen pendientes importantes y que las mujeres no están accediendo de manera efectiva su derecho a la salud sexual y reproductiva, retomaremos algunos para este artículo.
En primer lugar, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2024, para ese año 47.7 millones de los y las mexicanas no tenía acceso a ningún sistema de salud y de esta población el 28.5 por ciento vivía en comunidades rurales y poco más de la mitad, 50.86 por ciento, eran mujeres. Esto tiene que ver con que las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a labores domésticas y de cuidados, y difícilmente acceden a trabajos remunerados que les permitan contar con seguridad social y por tanto estar afiliadas a algún subsistema de salud. Además, los servicios de salud para población sin seguridad social no están consolidados: el IMSS-BIENESTAR enfrenta desafíos importantes entre ellos, el desabasto de medicamentos o falta de personal e infraestructura.
En segundo lugar, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, ese año la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos fue del el 11.9 por ciento. Es decir, una de cada 10 mujeres sexualmente activas que no deseaban embarazarse, no estaban usando algún método anticonceptivo. En este grupo se encuentran adolescentes entre 15 y 19 años, mujeres sin escolaridad, con discapacidad, indígenas, o afrodescendientes que viven en zonas rurales.
En tercer lugar, en ese mismo año sólo 66.9 por ciento de las adolescentes usó un método anticonceptivo en su primera relación (INEGI, 2023). Esto muestra que no se está haciendo llegar información a las y los adolescentes sobre educación integral en sexualidad (EIS), de prevención de violencias que contribuyan a fortalecer sus habilidades para la toma de decisiones libres, informadas y responsables respecto a su sexualidad y el desarrollo de planes de vida. El resultado es que a nivel nacional tengamos una tasa específica de fecundidad en adolescentes (TEFA) de 50.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, y que en más de 763 municipios tengamos tasas con rangos por arriba de la media nacional entre los 67.19 y 248.14 nacimientos en este grupo de edad (CONAPO, 2025).
A este panorama se suma la falta de presupuesto adecuado. Año con año vemos que la salud sexual y reproductiva no es una prioridad; el gasto en salud de por sí es bajo y en los últimos años ha sido cercano a 3 por ciento del PIB cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que esta inversión sea al menos 6 por ciento. En consecuencia, los recursos asignados a la política de salud sexual y reproductiva destinada a las mujeres sin seguridad social también son bajos, en 2025, el Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva, que financia en parte esta política, tuvo una asignación de 2 mil 848 millones de pesos (mdp), lo que representa un recorte de 14 por ciento en comparación con 2019, cuando contó con 3 mil 317 mdp. Esto significa que el programa cuenta con menos recursos que hace seis años, lo que afecta la calidad, accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva a los que acceden las mujeres y las personas con capacidad de gestar en mayor situación de vulnerabilidad en México
Estos datos dan cuenta de que el derecho a la salud sexual y reproductiva no está plenamente garantizado en México, poniendo en riesgo la calidad de vida y ejercicio efectivo de derecho a una sexualidad satisfactoria, saludable y libre de violencia. Ante esto, ¿qué hacer? Desde Fundar hacemos tres recomendaciones:
Incrementar los recursos para la política de salud sexual y reproductiva de manera progresiva, de tal manera que por lo menos alcance los niveles de 2019, año en el que más recursos tuvo el programa.
Fortalecer la política pública sobre salud sexual y reproductiva con un enfoque de derechos que responda a las necesidades específicas de las poblaciones indígenas, rurales, con discapacidad, adolescentes, para que tengan servicios disponibles, accesibles y libres de estigmas sociales. Y se incorporen indicadores de resultados que puedan ser monitoreados por la ciudadanía.
Priorizar y fortalecer la salud para infancias y adolescencias, prevención del embarazo no deseado, derecho a decidir, atención de la violencia, planificación familiar y anticoncepción, mortalidad materna etc., de manera que se eliminen los estigmas sociales y se garanticen su goce pleno en contextos indígenas y rurales.
En el día mundial de la salud sexual que se celebrará el próximo 4 de septiembre, es indispensable hacer un llamado a la Cámara de Diputados que, el próximo 8 de septiembre, recibirá el Paquete Económico 2026 para que la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades, y personas gestantes sea una prioridad a la hora de discutir y aprobar el presupuesto.
* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
