Roberto Campa Cifrián, Patricio Caso Prado, Andrés Massieu Fernández y Vicente Gutiérrez Camposeco tienen en común dos aspectos. Los cuatro ocuparon distintas funciones en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y los cuatro se han sumado en los últimos días a la defensa de la industria refresquera, justo cuando se busca incrementar el impuesto a estas bebidas en medio de la pandemia de sobrepeso y obesidad.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).– Exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que ahora laboran para refresqueras como Coca-Cola usan la etiqueta de “empresarios” para atacar el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, contenido en la Miscelanea Fiscal con el objetivo de reducir la pandemia de obesidad y sobrepeso que tiene una incidencia directa en enfermedades como la diabetes y padecimientos cardiovasculares.
Se trata de Roberto Campa Cifrián, exsubsecretario de Gobernación peñista que hoy se desempeña como director de asuntos corporativos de FEMSA; Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) —instancia que implementó la NOM 051 que establece especificaciones generales para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados— y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde ocupó diferentes direcciones como la jurídica.
Destaca además Andrés Massieu Fernández, quien fue coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia de la República con Peña Nieto y luego coordinador General de la Oficina de la Presidencia y en octubre del mismo año como Coordinador General de Política y Gobierno, cargo que desempeñó hasta la conclusión de la Administración. Hoy es el presidente de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), que agrupa a las empresas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas sin alcohol, que hoy operan 120 plantas embotelladoras y 687 centros de distribución con presencia en todo el territorio nacional, entre ellas Coca-Cola, Pepsi y Peñafiel.
Otro de los funcionarios que ocupó un cargo en la administración peñista y que hoy defiende a las refresqueras es Vicente Gutiérrez Camposeco, un exfuncionario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y de la Secretaría de Economía en el Gobierno de Peña Nieto que hoy es presidente de Relaciones con Gobierno, Industria y Comercio de la Canaco CDMX. Gutiérrez Camposeco fue integrante de las células empresariales en las campañas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, cuando fue presidente también de Canacintra. También ha sido exdelegado en Coyoacán y Azcapotzalco por el Partido Revolucionario Institucional, partido en el cual militó al menos hasta 2019, de acuerdo con los registros en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Ciertamente no son casos aislados. Vicente Fox Quesada trabajó 16 años en Coca-Cola antes de ser Gobernador de Guanajuato y Presidente de México. Fox ha dicho que algunas de sus primeras donaciones mientras dirigía su campaña provenían de Coca-Cola, precisamente. No es el único expresidente. Ernesto Zedillo una vez que dejó la Presidencia se desempeñó como asesor de esta refresquera.
En tanto, dos de los funcionarios de Zedillo dejaron la administración para sumarse a Coca-Cola como sucedió con Genaro Borrego Estrada, quien salió del IMSS PARA SER director general de asuntos corporativos de FEMSA; y Luis Téllez, Jefe de Oficina de la Presidencia de Zedillo posteriormente formó parte del Consejo de Administración de FEMSA para regresar como Secretario de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderon.
En el caso de los exfuncionarios peñistas, se han vuelto abiertos defensores de la industria refresquera.
El pasado 8 de octubre, Patricio Caso Prado, Andrés Massieu Fernández y Vicente Gutiérrez Camposeco acudieron a una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Carol Antonio Altamirano, en donde negaron que los refrescos sean responsables de la pandemia de obesidad e incluso sostuvieron que el IEPS no ha resultado ser funcional, aún cuando desde que se impuso esta medidas en 2014, la caída de compras de estos productos se redujo 8.2 por ciento en los dos años siguientes a la implementación del costo extra, "con una caída más marcada en los grupos socioeconómicos más bajos", según reveló un estudio de la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de Nutrición de la Universidad de Tufts en Boston.
Patricio Caso Prado fue denunciado en abril de 2022 junto a Mikel Arriola y Alvaro Perez Vega, excomisionados de la Cofepris, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por incurrir en actos de contubernio con corporativos de Coca-Cola para diseñar un etiquetado en detrimento de la salud pública de las y los mexicanos. La organización El Poder del Consumidor exhibió en ese entonces que hubo un conflicto de interés debido a las comunicaciones que tuvieron, entre 2013 y 2016, con directivos de la empresa Coca-Cola.
Las comunicaciones reflejan que la Cofepris y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos que habían sido presentados en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil contra la autoridad y la empresa. Desde 2011 la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola y se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades.
En su participación en la Comisión de Trabajo, Caso Prado aclaró antes de su participación que acudía en representación de Coca-Cola. “Antes de empezar, por transparencia quiero dejarle a la mesa claro, a mí me paga Coca-Cola, hoy vengo en representación de Concamin, pero cobro en Coca-Cola, aún con eso todo lo que diré en esta mesa, estará perfectamente sustentado en datos observables, objetivos y oficiales”, dijo el exfuncionario al inicio de su gestión.
En su presentación habló cómo “al trabajador de obra que va y compra un refresco de 3 litros, que no necesariamente es para él, sino es para el grupo y tiene que tomar una decisión, estirando el salario todo lo que puede y lo que le va a terminar pasando es que le va a salir más caro”. No obstante, omitió que esa es precisamente la intención de este impuesto: evitar que la gente consuma estos productos por una cuestión de salud. Posteriormente, utilizó el escenario para atacar al activista Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, quien desde hace años ha advertido sobre los riesgos de estos productos.
“Que un funcionario de Coca-Cola vaya al Congreso y tome este tipo de actitudes es algo que nunca habíamos visto. Coca-Cola se opone a estas políticas y lo hace a través de las asociaciones como la Asociación Mexicana de Bebidas y a través de muchos otros medios como las agencias de relaciones públicas que tienen contacto con articulistas, pero nunca nunca antes habíamos visto esta actitud”, dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, a SinEmbargo.
En su oportunidad, Vicente Gutiérrez Camposeco señaló que serán las micro y pequeñas empresas las que se van a ver afectadas por el incremento al impuesto, el cual sostuvo no va a ayudar a acabar con el sobrepeso y las enfermedades que se le asocian. “Si quisieran realmente trabajar para disminuir la obesidad, entonces, hay que desaparecer las garnachas, las tortas, los tacos, los tamales, pero no regularmente las bebidas, y peor aún cuando se trata también de bebidas de dieta que finalmente esas no contienen azúcar, entonces, tampoco hay justificación para ello”.
“Es un impuesto fallido, es decir, por un lado les damos a la gente, o les dan a la gente, apoyos del Bienestar y por el otro lado con este tipo de incremento de impuestos se los están quitando, se los están sustrayendo, es decir, para nosotros es un impuesto fallido en virtud de que está afectando al más pobre, al más humilde”, indicó.
Mientras que Andrés Massieu Fernández indicó que “no se trata de un impuesto saludable ni efectivo”, pues aseguró que “la experiencia mexicana después de 11 años que se ha aplicado el IEPS, así como la experiencia internacional en los países donde se ha aplicado este tipo de impuestos demuestra que los mismos no cumplen con un objetivo de reducir la obesidad ni las enfermedades crónicas”. Ciertamente, una afirmación distinta a lo que han observado estudios.
Como Coordinador General de la Presidencia de Peña Nieto, Andrés Massieu Fernández se hizo cargo de la relaciones interinstitucionales con los sectores público, político, social y privado. Andrés Massieu Fernández es hijo de Andrés Massieu Berlanga, un asesor en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ligado a Genaro Borrego Estrada, quien salió del IMSS PARA SER director general de asuntos corporativos de FEMSA.
