Para la izquierda mexicana, el maíz, tiene un gran simbolismo político porque está en la raíz de nuestra historia alimentaria y su preservación, ha sido motor de múltiples luchas a favor del campo.
Sus reivindicaciones desencadenaron la Revolución Mexicana y surgieron las figuras épicas de Francisco Villa y Emiliano Zapata que darían pie a que, con el paso del tiempo, sus diversas expresiones reivindicaran la lucha campesina, la defensa del ejido o la soberanía alimentaria.
Ahí está el lema zapatista en la memoria colectiva: “La tierra, es de quien la trabaja” o la de las organizaciones campesinas: “Sin maíz, no hay país”, que se han irradiado como un mantra en favor del campo.
La política rural de Lázaro Cárdenas, recordemos, distribuyó 18 millones de hectáreas cultivables con apoyo estratégico y técnico lo que significó hacer justicia a los campesinos que habían hecho la Revolución en 1910 y que el Constituyente de 1917 reconoció en el artículo 27 constitucional sin que los primeros presidentes lo hicieran efectivos.
Mejor, todavía, el Presidente Cárdenas impulsó la organización campesina a través de la poderosa y corporativa Central Nacional Campesina (CNC) y luego, producto de la pluralidad política vino la creación de organizaciones campesinas independientes y de clase, entre otras, la Unión de Productores de Caña de México que dirigió el comunista Rubén Jaramillo, quien por sus luchas fue asesinado; la CIOAC, que dirigió durante mucho tiempo, el también militante comunista Danzos Palomino o el trotskista Margarito Montes, que estuvo al frente de la UGOCP y quien sería asesinado junto con su esposa en una masacre ocurrida en Cajeme el 31 de octubre de 2009.
Son de recordar, también, las luchas campesinas de Sinaloa, en los pasados años setenta donde la izquierda variopinta, incluso la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron fuente de apoyo y organización en los valles de Culiacán y del Río Fuerte que dieron pie a la expropiación de tierras en Sinaloa y Sonora durante el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
Y, todavía más, cuando el PCM y el PRT, alcanzaron el registro legal para participar en las primeras elecciones de la transición democrática muchos de sus candidatos a cargos de elección popular fueron dirigentes campesinos.
AMLO, incluso en sus campañas a ras de tierra, prometió, una y otra vez, en uno y otro lugar, que cuando su movimiento político alcanzará el poder rescataría al campo haciendo suya la premisa propagandística: ¡Sin maíz, no hay país!, lo que le granjeó el apoyo de sectores del campo de los que en estos días están estacionados en las carreteras del país.
Y en esa línea, el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es que no se ve una política agraria y el campo está abandonado porque el gobierno continúa anclado a las políticas de mercado internacional, sujeto a la dinámica de una producción y comercialización de dos velocidades en donde están nuestros agricultores y los estadounidenses que son más competitivos debido a apoyos gubernamentales y tecnología, significando una catástrofe en el campo mexicano.
Peor, todavía, cuando sus productos están sujetos a cálculo de los “coyotes” que actúan cuando el campesino está ahorcado por las deudas contraídas para la producción, embodegado y comercialización del grano.
Ante este escenario adverso los campesinos han dicho ¡Ya Basta! y toman por asalto carreteras estratégicas de cinco estados exigiendo un precio de garantía que haga rentable seguir produciendo maíz para la industria y los hogares mexicanos y, varios de sus dirigentes, advierten, que no volverán a sus comunidades hasta lograr sus objetivos integrales.
El Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum a través de Julio Berdegué quien se desempeña como Secretario de Agricultura, tendió puentes con algunas organizaciones campesinas de la región del Bajío y acuerda una mezcla de recursos de la federación y los estados para aproximarse a los siete mil 200 pesos por tonelada que exigen los productores y la compra de una parte de sus cosechas -recordemos, que en otros años del Gobierno de AMLO compró una sola que dejó expuestos a los campesinos a la ambición de los intermediarios- para, que estos, desalojen las carreteras.
Sin embargo, al momento de escribir este texto, sigue la exigencia de un precio de garantía por tonelada de maíz sino, también, una política integral al problema y la respuesta es el pacto con los productores del Bajío: Como ya lo señalamos es una combinación de aportaciones de los gobiernos estatales y la federación del orden para prácticamente pagar lo exigido de siete mil 200 pesos por tonelada con un límite de 200 toneladas por productor lo que deja por fuera a los grandes productores de este grano; combinado con el acceso a créditos con una tasa de interés de 8.5 por ciento anual y un seguro agropecuario; también, un compromiso, para construir el rimbombante Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización de Maíz y, finalmente, mesas estatales para acercar a productores y compradores para mejorar los precios y condiciones de comercialización. Nada que no hayamos escuchado antes.
A primera vista este acuerdo con los productores de la región de Bajío no responde a una política integral para el campo sino una respuesta coyuntural al problema del congestionamiento en carreteras por lo que la demanda de fondo no está resuelta. Por este tipo de respuestas pragmáticas el problema es cíclico. Y es que el campo necesita una estrategia integral para responder tanto a los desafíos internacionales como a los regionales.
Y es que, ya se agotó la narrativa de símbolos milenarios e ideológicos, incluso, figuras legendarias de la izquierda campesina.
La izquierda que en otros tiempos estimulaba y acompañaba las luchas campesinas contra latifundistas y gobiernos del PRIAN ha invertido los papeles y ahora, sorprendentemente, no ella sino los dirigentes del PRIAN los que estimulan y acompañan las demandas de los productores agrícolas, pero, no sólo de estas demandas, sino, todas, las que van saliendo por la acumulación de problemas sin resolver, la falta de previsión y operación política o los recursos económicos para tener una política sustentable para el campo que haga honor a las luchas de un Zapata, Villa, Jaramillo, Palomino, Montes… Y, tantos, otros.
