Las protestas convocadas presuntamente por jóvenes de la llamada generación Z y contra la inseguridad después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se han interpretado como la primera gran crisis política del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y sin duda lo es. Aunque la manifestación de la llamada generación Z fue convocada con semanas de anticipación, el asesinato de Carlos Manzo dio otro giro a la convocatoria a manifestarse en contra del actual gobierno de la Cuarta Transformación el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades del país.
Por más que desde el gobierno y voces oficialistas de Morena y la Cuarta Transformación han pretendido desacreditar la manifestación, es un error ignorar que hay problemas reales que justifican y legitiman estas protestas, en primer lugar la violencia e inseguridad estructural que lacera a la sociedad mexicana desde hace 20 años y, de otro lado, las causas sistémicas que impiden a los jóvenes mexicanos aspirar a un vida digna. Otra cosa es que la debilitada oposición mexicana se aproveche de manera oportunista de estas causas para criticar y cuestionar al segundo gobierno de la Cuarta Transformación. Están en su papel y en su derecho, así como antes de llegar al poder, Morena cuestionaba a los gobiernos en turno.
La respuesta represiva a estas manifestaciones por parte de las policías, de Morena en el caso de la Ciudad de México y de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, deben y merecen condenarse contundentemente por mostrar que la mano dura ha sido y sigue siendo una herramienta de control y de contención de las protestas sociales antes que el diálogo y la atención a las causas de esas protestas.
Volviendo a las causas, se equivoca, y demasiado, la presidenta Claudia Sheinbaum y los políticos y voceros de Morena y la 4T cuando tratan de desacreditar estas manifestaciones solo como maniobras de la derecha y descalificarlas de violentas. Si no se han enterado, deberían saber que una amplia franja de la sociedad está harta de la violencia e inseguridad estructural que se padece desde hace al menos dos décadas. No es sólo la extorsión a los aguacateros y limoneros de Michoacán, o los taxistas y comerciantes de Guerrero o Chiapas.
Son los asesinatos en Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua y Estado de México; y son las masivas desapariciones que tienen aterrorizados a estados como Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. La sociedad está harta de manifestarse para clamar contra la inseguridad y las desapariciones como se hizo en 2011 con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tras la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia y amigos en abril de ese año o las masivas protestas contra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de 2014.
Ahora el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, vuelve a indignar y encabronar a una buena parte de la sociedad porque revela no sólo la fragilidad de la vida en este México bajo la maquinaria de muerte de la necropolítica, sino los corruptos vínculos entre el aparto de gobierno y las organizaciones criminales que hacen jugosos negocios en el capitalismo ilegal. Así aunque aparezcan indeseables y nefastas figuras de la oposición que oportunistamente pretenden capitalizar las protestas contra la inseguridad, hay razones de sobra para protestar por esta causa.
La desatinada frase de Andrés Manuel López Obrador al definir su política de seguridad como de “abrazos y no balazos” se ha instalado en una parte de la sociedad, como una política de rendición o de complicidad con el crimen organizado, aunque no haya sido de esa manera. Uno de los aciertos de la actual presidenta Claudia Sheinbaum ha sido hacer a un lado la política de seguridad de su antecesor, para cambiar y profesionalizar la estrategia de seguridad y volverla al mando civil al dejarla en manos del secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Aunque modestos, ha habido resultados como la baja en los homicidios dolosos. Pero sería un desatino mayúsculo pretender que esto ha resuelto la crisis de inseguridad y la virtual guerra informal que vivimos. Mientras sigan desapareciendo a decenas de personas cada día, mientras sigan cavando fosas clandestinas las madres buscadoras, mientras permanezcan miles de cuerpos y restos humanos en las morgues del país y mientras se siga asesinando o extorsionando a personas de este país, la política en seguridad seguirá siendo un fracaso. Sería mejor que el actual gobierno parta de esta premisa y aceptar que la parte de la sociedad que le reclama resultados en materia de seguridad tiene razón antes que desacreditarla.
Y se equivoca, y demasiado la presidenta, Claudia Sheinbaum y las voces oficialistas al burlarse de que en la protesta de la generación Z no había jóvenes. Aunque no fueran mayoría y aunque algunos testimonios los muestran desinformados, y con poca conciencia política, los jóvenes de este país tienen causas legítimas de fondo para salir a protestar.
Con casi 38 millones de personas, los jóvenes representan un tercio de la población y sin embargo no tienen una esperanza segura de futuro. Al contrario, el proyecto de vida que les ofrece el capitalismo mexicano es un horizonte donde a pesar de estudiar más de 20 años (desde el kínder a la universidad) al final no se tiene garantizado un trabajo con salario digno (además la mayoría sin seguridad social), y menos la posibilidad de acceder a una vivienda propia y asegurar ingresos suficientes para garantizar una vida digna.
Por si fuera poco, son los jóvenes los que están al centro de esta violencia y guerra informal que los convierte en la carne de cañón de las disputas entre cárteles y entre estos y las fuerzas de seguridad del estado. Tanto sicarios como guardias nacionales o policías son en su mayoría jóvenes. Como jóvenes son la mayoría de los desaparecidos y de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas. De modo que la protesta del 15 de noviembre, haciendo a un lado a los oportunistas de la oposición, tenía razones de sobra para salir a manifestarse contra un régimen (sea priista, panista, emecista o morenista) que no les garantiza un vida en paz y una vida digna.
De otro lado, sería ingenuo ignorar el descarado oportunismo de los partidos de oposición, especialmente del PAN y del PRI, que aprovecharon la convocatoria de la generación Z y el asesinato de Carlos Manzo, para tratar de capitalizarla políticamente y lucrar electoralmente con estas causas y la tragedia de la violencia. Mención aparte merece la desfachatez del empresario Ricardo Salinas Pliego de lucrar mediáticamente en esta coyuntura para dos propósitos: seguir evadiendo impuestos y aprovechar la tragedia de los mexicanos para postularse como un supuesto salvador de la “dictadura comunista” en la que según él se ha convertido México bajo los gobiernos de Morena.
Hace bien la presidenta Sheinbaum al desenmascarar a los oportunistas que se aprovechan de estas convocatorias a la protesta social pero en lugar de descalificar a quienes salieron (y seguirán saliendo) a manifestarse, su gobierno debe admitir las causas legítimas que impulsaron justificadamente a miles a salir a las calles.
