Los últimos días dejaron un respiro, pero no es garantía. La Suprema Corte rechazó el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel que pretendía restringir el interés legítimo en materia ambiental y el ministro Arístides Guerrero decidió mantener en lista —y no llevar a votación— su propio proyecto que también apuntaba a limitar el acceso al amparo para organizaciones. Ambos movimientos detienen, por ahora, uno de los amagos más visibles para cerrar las puertas del Poder Judicial a organizaciones, colectivos y comunidades que hoy dependen del interés legítimo para defender sus derechos.
Pero que los intentos no hayan prosperado todavía no significa que la amenaza haya desaparecido.
La simple existencia de estos proyectos confirma que dentro del tribunal hay actores dispuestos a retroceder en uno de los avances más importantes de la última década: la posibilidad de que la sociedad civil pueda cuestionar actos de autoridad que afectan bienes colectivos —libertad de expresión, medio ambiente, derechos de víctimas— incluso sin ser víctima directa. Esa herramienta ha permitido frenar leyes de geolocalización que no prevén control judicial, combatir omisiones legislativas y abrir procesos de justicia en crímenes atroces como la masacre de San Fernando.
Que la Corte haya tenido que votar para defender algo tan básico revela el tipo de tensiones que se viven puertas adentro.
Y mientras estos intentos se frenan, otros retrocesos ya avanzaron, y ahí sí el tribunal no mostró el mismo temple. El caso más grave, pues la decisión tomada hace unas semanas -por votación dividida- avaló la eliminación del piso presupuestal del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley General de Víctimas. En un país con más de 130 mil personas desaparecidas y miles de familias que dependen de ese fondo para continuar su lucha por verdad y justicia, la Corte decidió que el Estado puede reducir o vaciar esos recursos sin violar la Constitución.
La señal es devastadora. Para la clase política, impunidad presupuestal; para las víctimas, austeridad a rajatabla. Ese fallo contrasta con la prudencia que algunos ministros mostraron esta semana frente a los proyectos que restringían el amparo. La Corte se contiene cuando la presión pública es alta, pero si el tema toca temas sensibles para el gobierno, poco podemos esperar en términos de garantías de derechos.
En un país donde la Reforma Judicial busca subordinar al Poder Judicial y donde la elección judicial de este año dejó una Corte políticamente amarrada desde la coalición gobernante, estos episodios no pueden verse de manera aislada. Forman parte de un proceso más amplio, esto es, la disputa por el alma del último contrapeso institucional que le queda al país.
La buena noticia es que, esta vez, los amagos no se consumaron. La mala es que volverán. Volverán por el bloque hegemónico ha hecho todo lo posible por reformar la Constitución y la Ley de Amparo para obstaculizar el acceso a la justicia. Y eso sucede, mientras la retórica oficial sigue retratando los controles constitucionales como “obstáculos”.
Por eso, este momento no es de celebración, sino de observación pública al quehacer judicial. Buena señal que, por ejemplo, la Ibero haya empujado la creación de un Observatorio Judicial, más a ras de tierra y con ojos en la justicia cotidiana. Por otro lado, es buena señal que la ciudadanía y las organizaciones que han defendido el interés legítimo sigan, documentando y exigiendo. Hay que cuidar ambos: al Tribunal Constitucional y a la judicatura que imparte justicia todos los días en los asuntos civiles, familiares y penales cotidianos. Defender derechos colectivos e individuales requiere de mecanismos judiciales robustos, que hoy día se están tratando de desmontar.
Ya vimos que la independencia judicial no se pierde de golpe pero se pierde cuando dejamos de observar y exigir. Hoy la Corte retrocedió un paso antes del precipicio. El desafío es evitar que mañana vuelva a asomarse.
