Por Andrea Larios Campos

El 25 de noviembre, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal publicó uno de los instrumentos de política pública más relevantes para las agendas de igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias basadas en género: el Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030. Se trata de un documento que combina un diagnóstico amplio sobre las desigualdades estructurales de género en nuestro país con la definición de una agenda de política pública de mediano y largo plazo.

El diagnóstico es contundente. Reconoce que, pese a los avances normativos e institucionales de las últimas décadas, la transversalización de la perspectiva de género en la acción pública sigue siendo fragmentaria y desigual entre sectores y niveles de gobierno. Documenta la persistencia de brechas profundas en el ejercicio de los derechos sociales y económicos de las mujeres, particularmente en salud, participación laboral, cuidados y autonomía económica, con impactos diferenciados para mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o en situación de pobreza. Así mismo, reconoce que las violencias contra las mujeres no constituyen hechos aislados, sino un fenómeno estructural, generalizado y sostenido por patrones socioculturales e institucionales que el Estado no ha logrado desmantelar de manera efectiva.

Partiendo del diagnóstico, la Secretaría de las Mujeres ha definido seis objetivos prioritarios a ser atendidos durante este sexenio –con la Secretaría como ente coordinador de la Política Nacional Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030– a través de 26 estrategias y 179 líneas de acción. Desde Fundar queremos destacar tres elementos que nos parecen diferenciadores respecto a versiones anteriores de este instrumento:

A) Primero, que el énfasis del Programa Sectorial no está puesto únicamente en la atención de problemas específicos que ya existen, sino también en las transformaciones culturales necesarias para atender sus causas estructurales. Además, se enfatiza el papel del Estado como garante de derechos, incluido el derecho al cuidado, recientemente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

B) Segundo, que los objetivos estratégicos delineados en el Programa Sectorial se vinculan de manera directa con los objetivos transversales que se desglosan en el Anexo 13 del Paquete Económico 2026, aunque aún falta hacer explícita la vinculación entre las líneas de acción del Programa sectorial y las acciones transversales que tienen presupuesto etiquetado en el Anexo 13.

C) Finalmente, el programa incorpora un conjunto de indicadores con metas y líneas base. Varios de estos indicadores buscan medir resultados o impactos en las problemáticas identificadas, en vez de sólo medir las coberturas de los programas. Sin embargo, para su construcción, algunos dependen de información estadística que no se levanta de manera periódica por el Inegi, lo que limita la posibilidad de realizar ajustes oportunos a las políticas y programas con base en evidencia actualizada.

Hacia adelante, la principal pregunta a responder será qué tan viable es la materialización de los objetivos y metas planteados. Desde Fundar lo hemos dicho de manera reiterada: sin recursos no hay derechos. Las políticas públicas sólo pasarán del papel a la realidad si cuentan con un presupuesto suficiente que se asigna y ejerce conforme a principios de eficiencia y equidad.

En conclusión, el Programa Sectorial de las Mujeres 2025–2030 es ambicioso, parte de una lógica sistémica y estructural y se adhiere al marco de derechos humanos. Sin embargo, su éxito dependerá de su capacidad para convertir los objetivos presentados en prioridades presupuestarias reales, haciendo uso de un sólido mecanismo de evaluación que utilice indicadores pertinentes que muestren de manera clara si se va avanzando hacia la meta o no.

En Fundar estaremos monitoreando su implementación.

Andrea es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.