Un delincuente declarado, porque así lo calificó formalmente una Corte de Nueva York. Sujeto atrabiliario, con corazón de filibustero, asesino, extorsionador y ladrón, son las prendas que caracterizan al deshumanizado Presidente de los Estados Unidos, un país que debería sentirse avergonzado de tener a un mandatario que amenaza a sus vecinos con el único argumento que considera válido: la fuerza del grandulón del barrio que, además, alardea que por su prominente poder nadie osaría enfrentarlo. Sin embargo, la dignidad de los pueblos no se somete al capricho de los tiranos y por más que pretenda imponerle condiciones a México, utilizando el argumento de la violenta y grosera amenaza, la dignidad de nuestro pueblo está mucho más allá del limitado entendimiento, la escasa inteligencia y la miserable calidad humana del grandulón naranja.

Después de secuestrar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una incursión armada en suelo venezolano, que violó todas las normas del Derecho Internacional, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y advierte que no descarta una incursión armada en nuestro país, con el pretexto de eliminar a los cárteles de la droga. El abusivo mandatario estadounidense también anuncia que, por las buenas o las malas, su gobierno pretende apoderarse del territorio de Groenlandia, que está amparado por la soberanía de Dinamarca.

Pero todos lo sabemos, en el fondo de los apetitos expansionistas del Presidente gringo está la desmesurada ambición de la oligarquía político-empresarial que él representa y que pretende apoderarse de las riquezas de otras naciones que considera vulnerables. El país más rico del mundo pretende mantener vigente la fórmula que dio origen a su riqueza y supremacía: el despojo, el robo descarado de las riquezas de otras naciones.

La Presidenta de México nunca ha desestimado y tomado a la ligera las amenazas del hombre naranja. No es sólo retórica jurídica la reforma al Artículo 40 constitucional que entró en vigor el miércoles 2 de abril del 2025. Es convicción jurídica y ética en la preservación de nuestra dignidad y nuestra soberanía como nación libre e independiente.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, dice el párrafo adicionado al Artículo 40 constitucional. Y agrega el mismo enunciado: “[El pueblo de México] Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.

El caso de invasión

¿Qué es lo que procedería en caso de que Donald Trump cometiera la impertinencia de vulnerar con su ejército la soberanía de nuestro territorio?

La Ley de Seguridad Nacional establece en su artículo primero que este ordenamiento jurídico “tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia”. Corresponde a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.

Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, incluyen los siguientes propósitos:

I.- La protección de la Nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II.- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III.- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Gobierno; IV.- El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación; V.- La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de Derecho Internacional, y VI.- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

¿En qué momento se puede considerar que está amenazada la seguridad nacional de México? Esto lo aclara el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y en particular, en relación con las amenazas y asechanzas del gobierno de Donald Trump, habría por lo menos tres supuestos concretos.

Son amenaza a la seguridad nacional los actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la Patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional. Podrían considerarse en este supuesto las acciones, peticiones o exhortos de algunos actores políticos que ruegan al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una intervención armada en nuestro país, con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga y de pasadita, derrocar al Gobierno legítimo que encabeza la Presidenta Sheinbaum Pardo.

De igual forma, se consideran atentados contra la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, como sería el caso de una acción armada del ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio.

Atentarían contra la seguridad nacional del país los actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, es decir, la promoción de una fractura al Pacto Federal, que signifique la separación de un estado para sumarse o ser anexionado a otra Nación, algo con lo que sueñan algunos colaboracionistas del imperio estadounidense que encabeza Donald Trump.

En el caso de una agresión contra la soberanía de nuestro país, ¿quiénes integrarían el Consejo de Seguridad Nacional?

Esta máxima instancia en defensa de la soberanía de México la preside la titular del Poder Ejecutivo nacional, Claudia Sheinbaum Pardo. Y la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad es la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien supliría las ausencias de la primera mandataria del país.

Otros integrantes del Consejo de Seguridad Nacional son el Secretario de la Defensa Nacional, el titular de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, la Fiscal General de la República y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Con respecto a los asuntos de Seguridad Nacional, al Artículo 21 constitucional se le agregó un párrafo que entró en vigor el 31 de diciembre del 2024, que señala que “la Secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”. Esta facultad le fue atribuida por la Presidenta Sheinbaum Pardo a Omar García Harfuch.

Facultades

Para preservar la seguridad nacional la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, la Marina Armada de México, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, como lo establece el Artículo 89 constitucional. Y también puede la Presidenta declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación del Congreso de la Unión, que integran las cámaras de diputados y senadores.

Es facultad de la Presidenta dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de la política exterior la Presidenta debe observar los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Los traidores

En estos tiempos oscuros y de canallas, habría que observar con mucha atención a los mexicanos que nacieron con corazón gringo y sueñan con que Donald Trump ordene una invasión armada a nuestro país, para terminar con el régimen de la Cuarta Transformación. El Código Penal Federal, en su artículo 123, establece las sanciones que se aplicarían a los vendepatrias: Se impondría la pena de prisión de cinco a cuarenta años, y multa hasta de cincuenta mil pesos, al mexicano que cometiera traición a la Patria, por actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

También se sancionaría a quienes participaran en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o cooperaran con éste en alguna forma que pudiera perjudicar a México. Igual se consideraría traidor a la Patria a quienes formaran parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tuvieran por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no existiera declaración de guerra.

Otras conductas de traición a la Patria que también se sancionarían serían las de los mexicanos que tuvieran, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dieran instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior y por supuesto, se castigaría penalmente a quienes solicitaran la intervención armada, la invasión del territorio nacional, o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o promovieran que un gobierno extranjero hiciera la guerra a México.

Como chivo en cristalería, Donald Trump es impredecible. Por eso el Gobierno de México no debe confiar en el mandatario de un imperio depredador y abusivo, que antepone sus insanos apetitos materiales a la Ley, la justicia y la ética, que destila impudicia y obscenidad en cada una de sus acciones.