La Navidad fue oscura para cientos de familias en Tijuana y Rosarito, dos municipios de Baja California. El primero, el más poblado del país de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el segundo, uno de los destinos turísticos más visitados de la entidad. El mismo 24 de diciembre de 2025, cientos de miles de hogares se quedaron sin energía eléctrica.

En cuanto a la energía eléctrica, lo que sucedió durante las últimas dos semanas del 2025 en Baja California fue una condición climatológica de vendaval, vientos fuertes o la muy común en el norte del país, condición Santa Ana que trae consigo vientos fuertes, secos y cálidos.

Ante las ranchas de vientos de entre 100 y 150 kilómetros por hora, la infraestructura antigua, anquilosada y de papel de la Comisión Federal de la Electricidad, la CFE, sucumbió. Los añejos, pero aun instalados postes de madera cedieron, los transformadores de años de vida ya superada colapsaron, y los muchos e irregulares espectaculares instalados a base de corrupción en las ciudades, terminaron por desbaratarse y dañar instalaciones eléctricas ya de suyo minadas por el tiempo y la falta de mantenimiento. Esta suma de desafortunadas condiciones en infraestructura eléctrica, por cierto, no privativas de Baja California, causaron que cientos de miles de familias pasaran las fiestas decembrinas a oscuras, con alimentos que se echaron a perder con el paso de los días y electrodomésticos fundidos por la intermitencia de un servicio en decadencia.

El desabasto de energía eléctrica, provocado por la desatención y el mantenimiento a la infraestructura de la CFE, llevaron a más de 185 mil ciudadanos a tener una oscura Navidad, a carecer de imprescindibles como calidez, conservación de productos perecederos, sin internet, energía para cargar los ahora básicos eléctricos como celulares y otros canales de comunicación porque entre cables dañados también hubo afectaciones a la telefonía de Telcel. Sumado a la ya de suyo catastrófica situación, también el servicio de distribución de agua se interrumpió por falta de bombeo.

De igual forma, por el escaso mantenimiento a las redes de distribución conectadas a los sistemas acuíferos superficiales, la población bajacaliforniana se quedó sin agua. Fueron por entonces, de 50 a 60 horas sin energía eléctrica, y hasta principios de esta semana se sumaban seis sin agua. Las pérdidas en los hogares aun no son calculables, al tiempo que en comercios, especialmente los dedicados a los alimentos, restaurantes y expendios, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimenticia, afectó al 20 por ciento de sus afiliados, no sólo con la pérdida de los productos perecederos que no pudieron mantenerse debido a la suspensión de energía eléctrica, sino que ello, aunado a la falta de agua, obligó a vendedores de comida a mantener cerrados sus negocios.

Por supuesto que hubo otros sectores afectados, los servicios hospitalarios, la venta de productos al menudeo y mayoreo, incluso el tránsito fue alterado ante el cierre de expendios de gasolina, y la inactivación de semáforos en estas ciudades.

De repente, la población empezó a expresar su descontento, comparándose con países de extremas carencias, como Cuba o Venezuela, donde son comunes hasta hacerlas normales, las ausencias de servicios básicos como energía eléctrica, agua, alimentos.

Menos de quince días después al desastroso 25 de diciembre de 2025 en Baja California, de nueva cuenta cientos de miles de familia se quedaron nuevamente sin servicio de distribución de agua por más de una semana, cuando el 7 de enero la Comisión Estatal de Servicios Públicos informó que suspendería el suministro de agua en por lo menos 691 colonias (terminaron siendo más, lo que equivale aun así a la mitad de las colonias de Tijuana, por ejemplo), debido a una obra de “mantenimiento” (mejor dicho un parche) para una interconexión de tubería nueva en el Acueducto Florido-Aguaje. En ese momento dijeron que tal “hazaña” duraría unas 36 horas, pero la realidad es que, al 13 de enero, el agua sigue sin llegar a cientos de casas entre los mismos dos municipios: Tijuana y Rosarito. Fue otra semana más sin líquido vital ni explicaciones claras de la CESPT.

Al tiempo, la condición de Vientos de Santa Ana no ha concluido, por lo que, con cualquier ventarrón, se interrumpe el servicio de energía eléctrica, dejando a las familias recibir el 2026 como concluyeron el 2025: sin agua y sin luz, perdiendo alimentos, seguridad, certeza y oportunidades económicas.

El problema es, como sucede en países muy criticados por los mexicanos, no sólo por el régimen que tienen sino por las carencias a que ese sistema los lleva, tratándose de infraestructura para la distribución del agua y la energía, México vive un atraso de al menos 20 años, superado cada año por el crecimiento poblacional y la ampliación en la extensión de las zonas urbanas. El mismo poste de madera con los mismos cables, debe dar servicio a 20 casas más.

Un experto funcionario de la CFE, que por obvias razones de revanchismo, linchamiento, acoso laboral y venganza institucional optó porque se omitiera su nombre, confió al semanario ZETA a propósito del prolongado y masivo apagón: en la CFE, “no observan recursos para que crezca la transmisión, ni para nuevas líneas, recalibración, ni siquiera para la poda de árboles. No existe. Ahora sí que estamos más cerca de que pueda ocurrir un colapso energético en el país, porque no se ve una mejoría. Cada vez va a ser más deficiente, va a haber más apagones. Ya van siete años que dejaron de invertir”.

Completó: “las fallas eléctricas se deben a la falta de inversión y de mantenimiento en líneas de distribución de la región y en el resto del país. Aunado a la falta de equipo, material y personal de la paraestatal. Esta falta de mantenimiento propicia que la CFE desconozca la vida útil de la infraestructura eléctrica existente en los sectores (que van de los transformadores instalados en los postes a las viviendas) y cuyas fallas sólo pueden detectarse con inspecciones presenciales, lo que implica que cuadrillas hagan recorridos.

“Los postes están bien cargados de cables de telefonía e internet, con otros 20 kilos de peso que no estaban calculados, entonces eso hace cada vez más frágil al poste, que termina por quebrarse cuando ya es viejo”.

Por ejemplo, la CFE continúa utilizando postes de madera y de concreto, cuando otros países, más cerca de la economía de México que de la de Venezuela o Cuba, ya instalan lo que se conoce como troncocónicos de acero, unos postes de metal, de acero inoxidable y galvanizado que soportan líneas eléctricas de media y alta tensión, para ir cumpliendo con la necesidad ante el crecimiento poblacional y de la mancha urbana; tienen de hecho, una vida útil de 200 años.

Pero la CFE está negada a la inversión, a la innovación, a la reingeniería, a la producción de otras energías, y en su miseria institucional, miseria criminal al dejar a los ciudadanos sin servicios básicos por más de tres días, instala sus postes de madera y concreto, con sus obsoletos transformadores, que se saturan, se caen, varían el voltaje y se apagan al menor airecito.

El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua en el país, es criminal; está dejando a la sociedad a oscuras, sin líquido vital, particularmente en los últimos siete años, se reporta la ausencia de inversión para la modernización de las líneas de distribución terrestres y subterráneas para proveer ambos servicios. Es terrible que en una nación que se precisa como de las más prósperas de América, tenga infraestructura de quinta, al concentrar los presupuestos en programas asistenciales económicos, limitando con ello la modernización y el crecimiento de redes de distribución que garanticen un derecho humano esencial: el derecho a una vida digna, garantizando el acceso al agua, a la energía eléctrica que, por cierto, no es nada barata para el consumidor que ahora sí paga por lo que no se le da.