La afiliación masiva de integrantes del SNTE a Morena confirma la persistencia de un arreglo institucional que ha sobrevivido a reformas, alternancias y cambios de retórica, un arreglo orientado a organizar disciplinadamente a un colectivo laboral para producir gobernabilidad y rendimiento electoral, donde la continuidad importa más que las siglas y la función pesa más que el discurso.

El SNTE no surgió como resultado de una iniciativa laboral autónoma ni como expresión de una identidad gremial orientada a la defensa de derechos, sino como una construcción deliberada desde el poder para integrar al magisterio al sistema corporativo del Estado, administrar su carrera profesional y neutralizar su potencial disruptivo, lo que explica su arquitectura vertical, su relación orgánica con el aparato gubernamental y su vocación permanente por la intermediación política.

Desde muy temprano, el sindicato magisterial se convirtió en la principal maquinaria de operación político-electoral del PRI, sobre todo por su despliegue territorial nacional, su presencia capilar en prácticamente todas las comunidades del país y su capacidad para convertir la estructura escolar en una red de movilización, vigilancia y disciplina, donde cada escuela funcionó como nodo político y cada maestro como agente potencial de control.

La carrera docente quedó anclada, desde los primeros años de consolidación del sistema educativo moderno, a un esquema de incentivos ajeno al desempeño profesional, en el que el acceso a plazas, los cambios de adscripción, los ascensos y las posiciones administrativas se distribuyeron mediante criterios políticos y sindicales, gestionados por una burocracia compartida entre autoridades educativas y dirigencias gremiales, de modo que el sindicato operó como cogestor de la administración del magisterio.

Ese arreglo produjo estabilidad administrativa y control político, con efectos previsibles sobre la calidad educativa y la profesionalización docente, ya que el intercambio central se organizó alrededor de la contención de demandas laborales y la movilización electoral de las bases a cambio de control discrecional sobre trayectorias laborales, lo que convirtió la lealtad en el activo decisivo y relegó el mérito a un papel ornamental.

Durante el largo ciclo del régimen priista, el SNTE operó como uno de los engranajes más eficaces del corporativismo mexicano, no sólo por su tamaño, sino por su capacidad para articular control laboral, presencia territorial y disciplina política, integrando al magisterio como clientela organizada dentro de un sistema que confundía representación con subordinación.

La transición política no alteró esa lógica de fondo, ya que el sindicato conservó su capacidad de veto, su control territorial y su papel como intermediario obligado, adaptándose a un entorno plural mediante la negociación con gobiernos de distinto signo sin modificar los mecanismos que gobernaban la carrera docente.

El intento de reforma educativa de 2013 apuntó, con todas sus limitaciones, al núcleo del sistema al intentar desplazar el control sindical sobre la carrera docente mediante reglas impersonales de ingreso y promoción; enfrentó resistencias desde el inicio, una implementación errática y un costo político significativo, hasta desembocar en su desmantelamiento posterior, que restituyó el control corporativo como principio de gobernación educativa.

Con la desaparición del servicio profesional docente como eje articulador, la carrera volvió a depender de decisiones de lealtad clientelista, la evaluación desapareció y la administración del magisterio regresó a la lógica del favor y la mediación, un contexto que permitió al SNTE recuperar su posición como intermediario político insustituible entre el Estado y los docentes.

La afiliación masiva a Morena expresa la persistencia de esa trayectoria institucional. La activación de la capacidad organizativa del sindicato para trasladar afiliados en bloque y gestionar la militancia como recurso colectivo, con un padrón partidario que se expande a partir del padrón sindical, exhibe sin ambages la intención del nuevo régimen de reconstruir el control corporativo sobre organizaciones sociales apenas debilitadas por la democratización.

La incorporación ordenada de los integrantes del SNTE a la nueva coalición corporativa, maquillada como afiliación individual para cumplir con el trámite legal, reactiva un arreglo probado: el partido en el poder suma una estructura territorial ya aceitada para movilizar y disciplinar, mientras el sindicato asegura su permanencia en el espacio donde se administra la carrera docente, con incentivos bien repartidos y reglas informales operando a plena luz, en un sistema donde el control de las trayectorias laborales produce lealtades con mayor eficacia que cualquier norma escrita.

La CNTE nunca representó una ruptura con el modelo corporativo del magisterio, sino una excrecencia retóricamente radicalizada del mismo sistema de control, asentada sobre idénticos incentivos clientelares; allí donde logró controlar secciones sindicales, reprodujo mecanismos de asignación y disciplina similares a los del sindicalismo oficial y hoy, incorporada como aliado menor en la órbita del nuevo régimen, ve reducido su margen de presión frente a un corporativismo más eficaz y mejor integrado.

El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de poder político, un sistema educativo donde la estabilidad laboral depende de la alineación más que del trabajo en el aula, y un partido dominante que integra sin fricción a una de las corporaciones más grandes del país como base electoral organizada.

En todo este proceso la calidad de la enseñanza importa un bledo, porque el objetivo del arreglo reconstruido no pasa por mejorar la educación ni por ampliar derechos laborales efectivos, sino por recuperar y asegurar el control político del magisterio, con los docentes como botín administrable y masa movilizable, no como profesionales autónomos con capacidad de decisión sobre su trabajo. La formación, el mérito y la responsabilidad pedagógica se eluden deliberadamente, porque a los maestros se les ha tratado siempre como clientelas domesticadas, previsibles y políticamente funcionales. Mientras ese arreglo permanezca intacto, cualquier discurso sobre autonomía, calidad o renovación seguirá superpuesto a una estructura que se reproduce con eficacia y memoria histórica. Esta pretendida transformación día a día demuestra que no es más que pura nostalgia misoneísta.