Gustavo De la Rosa
El "OO7 Permiso para Matar" de las Fuerzas Migratorias de EU
31/01/2026 - 12:05 am
"Mientras el sistema siga priorizando el uniforme sobre la vida humana, los agentes de ICE continuarán operando como agentes con 'licencia para matar'".
Dos grandes periodistas de Chihuahua, Miroslava Breach y Rubén Villalpando —ambos fallecidos: la primera a manos de criminales en la impunidad y el segundo recientemente por causas naturales—, documentaron en 2010, como corresponsales de La Jornada un caso paradigmático de injusticia transfronteriza:
AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA MATAN A UN ADOLESCENTE MEXICANO
"Ciudad Juárez, Chih., 8 de junio. Sergio Adrián Hernández Huereca, estudiante de secundaria de 14 años de edad, fue baleado presumiblemente por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cerca del Puente Negro... El adolescente estando en territorio mexicano gritó a los agentes que dejaran de disparar y les mostró que no portaba ninguna arma".
El proceso penal contra el agente migratorio llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2017, el Departamento de Justicia resolvió no continuar con el caso argumentando que, al haber disparado hacia territorio mexicano, el agente gozaba de inmunidad funcional. En 2022, un juicio civil reafirmó esta postura: no había responsabilidad gubernamental debido a la protección legal que ampara a los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza.
En los mismos días unos agentes migratorios asesinaron a golpes a otro mexicano en la línea fronteriza.
Esta doctrina de impunidad se ha repetido sistemáticamente. Recientemente, en Minneapolis, Minnesota, dos nuevos nombres se sumaron a esta lista de sangre:
Renee Nicole Good (37 años): Baleada por un agente de ICE mientras conducía su vehículo durante un operativo. A pesar de que la trayectoria de los proyectiles indica que el peligro ya había pasado, el discurso oficial se centró en la "protección del agente".
Alex Jeffrey Pretti (37 años): Un enfermero que, mientras grababa un operativo con su teléfono celular, fue golpeado y posteriormente asesinado a disparos. El alto mando del operativo, el oficial Gregory Bovino, justificó la acción alegando que los agentes "temieron por su vida", sugiriendo que el celular podría ser un arma mortal.
Ante estos hechos, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha mantenido una postura de defensa absoluta de la fuerza, afirmando la inmunidad de los agentes en el ejercicio de su trabajo y revirtiendo la lógica del derecho universal.
Conclusión
Bajo los principios universales del Derecho, quien causa un homicidio debe probar que actuó en legítima defensa ante un riesgo inminente. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense aplicado a sus fuerzas migratorias, este principio se ha invertido de manera perversa. Al otorgarles una presunción de inmunidad extraconstitucional, la carga de la prueba recae sobre las víctimas o sus familias, quienes deben demostrar —desde una posición de total desventaja— que el agente no estaba en riesgo.
Esta "inmunidad funcional" se ha convertido, en la práctica, en un escudo que protege la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza letal. Mientras el sistema siga priorizando la protección del uniforme sobre el valor de la vida humana, los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza continuarán operando bajo un esquema que recuerda al de los personajes de ficción: como agentes con "licencia para matar", donde el debido proceso es sustituido por el silencio oficial y el archivo de expedientes.
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