Las columnas de trascendidos me producen alergia intelectual. Las veo como ejercicios de intriga menor, destellos de pasillo y ajustes de cuentas entre facciones que se disputan cuotas de poder con patadas en las espinillas. El artículo de Salvador García Soto del martes pasado, sin embargo, empezó a llegarme por distintas vías, enviada por académicos a quienes respeto y que no suelen alarmarse por rumores. El tono no era morboso. Era de preocupación. Esa reiteración me llevó a tomar el asunto en serio: la eventual llegada de Rosaura Martínez Ruiz a la Junta de Gobierno de la UNAM.

Busqué información adicional entre mis conocidos enterados de la política de la Universidad Nacional. El hecho es que ya circulan cartas de apoyo a la profesora de Filosofía y Letras. Algunas reúnen apenas unas cuantas firmas. Entre los firmantes aparecen aspirantes a dirigir su propio centro académico, nombramiento que depende de la Junta de Gobierno. La coincidencia pesa. En la universidad, como en cualquier organización compleja, los incentivos ordenan conductas y moldean silencios.

El debate, desde luego, no atañe a los méritos académicos de la doctora Martínez Ruiz. Para mi era hasta ahora una desconocida, pero no pongo en duda la solidez de su carrera como profesora e investigadora. La cuestión central radica en su incorporación al órgano encargado de nombrar Rector y directores, pues es la hija de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno federal. Esa Secretaría define presupuestos, fija orientaciones de política científica, autoriza proyectos y administra el Sistema Nacional de Investigadores, del cual dependen ingresos y trayectorias de miles de académicos.

La Junta de Gobierno funciona bajo una regla sencilla: deliberaciones reservadas para proteger la autonomía y asegurar decisiones sin interferencias externas. Esa reserva sostiene la independencia universitaria. La presencia en ese órgano de la hija de quien controla recursos y estímulos introduciría un elemento corrosivo. El poder administrativo proyecta sombra. La expectativa de filtraciones o represalias altera el clima de discusión. La libertad académica exige un espacio libre de intimidación.

La candidatura adquiere así un significado político preciso. Su eventual integración a la Junta equivaldría a instalar una comisaría política en el corazón del gobierno universitario. La expresión resulta incómoda. La experiencia reciente la justifica. Bajo la conducción de María Elena Álvarez-Buylla en el CONAHCYT, la política científica se convirtió en instrumento de alineamiento ideológico. Se promovieron denuncias penales, se suspendieron apoyos por criterios políticos y se envió un mensaje claro a la comunidad académica: la disidencia tiene costo. Ese antecedente sigue presente.

La UNAM ha defendido, con tensiones y conflictos, un margen de autogobierno frente al poder político. La Junta de Gobierno representa el núcleo de esa arquitectura. Introducir en ese espacio a la hija de la Secretaria que decide flujos financieros y define políticas científicas modifica el equilibrio. El problema no descansa en la honorabilidad personal de la candidata. Se ubica en la estructura de incentivos que rodea su nombramiento.

El argumento jurídico ofrece una coartada cómoda. La normativa universitaria no establece una prohibición expresa. La ética pública exige algo más que el cumplimiento mínimo del reglamento. La autoridad moral de la UNAM descansa en su distancia frente al poder político. La confianza en sus órganos de gobierno depende de la percepción de imparcialidad y autonomía real.

Si la designación prospera, el precedente será claro. La frontera entre Estado y universidad se vuelve difusa en un punto estratégico. La captura institucional, que ya tuvo ensayos en otros centros de investigación durante el sexenio anterior y de la cual no hemos dejado de ver ejemplos de desprecio a la autonomía universitaria en los últimos meses –el más conspicuo el de la arbitraria detención de la Universidad Autónoma de Campeche para permitir la captura del rectorado por la Gobernadora Layda Sansores– encuentra en la UNAM un canal más sutil: la siembra de una personera del gobierno en su nécleo de toma de decisiones. 

La preocupación expresada por consejeros y académicos no responde a rivalidades internas. Responde a la defensa de un principio. La UNAM reúne corrientes políticas diversas, grupos sociales distintos y perspectivas intelectuales plurales. Ese mosaico requiere órganos de gobierno blindados frente a influencias familiares o partidistas. La percepción de injerencia erosiona la legitimidad de la Junta.

La responsabilidad recae, sobre todo, en la propia doctora Martínez Ruiz. La rectitud implica reconocer cuándo una aspiración legítima se vuelve problemática por el contexto. La coyuntura actual exige prudencia. La presencia de su madre al frente de la Secretaría que financia y regula buena parte de la actividad científica del país convierte su candidatura en un punto de conflicto de intereses. La renuncia voluntaria despejaría dudas, preservaría la autoridad institucional y confirmaría la integridad ética que sus defensores le atribuyen. Persistir en la contienda mantendrá la sospecha de captura. Una eventual designación bajo ese clima de desconfianza nacería debilitada. La Junta de Gobierno requiere autoridad moral para cumplir su función. Esa autoridad no tolera zonas grises.

La política mexicana atraviesa una etapa de degradación ética donde el nepotismo se normaliza y la confusión entre interés público y conveniencia privada se presenta como práctica rutinaria. La UNAM conserva un prestigio construido sobre la defensa de su autonomía. Ese prestigio demanda estándares exigentes. La universidad pública no puede convertirse en extensión de redes familiares ni en terreno de experimentos de influencia.

El episodio actual funciona como prueba de carácter institucional. La Universidad Nacional enfrenta una decisión que trasciende nombres propios. Se trata de preservar la integridad de uno de sus órgano superiores de gobierno o de aceptar una señal de subordinación. Los universitarios lo observamos con preocupación. La autonomía se sostiene con actos concretos. La decencia también.