No debe ser agradable ser criticado a diario, todo el tiempo; mucho menos ser objeto de constantes burlas. Sin embargo, es algo que va junto con el puesto de político y, mucho más, cuando se es uno de los más importantes del mundo. Asumir la Presidencia de un país, una jefatura de Estado, un puesto en algún parlamento o un sillón en una Corte suprema, implica, de antemano, saber que se va a estar en la mira de todos. Gobernar implica ser criticado, pues no es un asunto de pasarelas y, tarde o temprano, con razón o sin razón, se tomarán decisiones que no serán del agrado de todos, por muy buen político que se sea.
De diferentes formas, en todos ellos se hablaba mal de los gobernantes en turno y, gracias en parte a eso, eran países en que se podía hablar de libertad de expresión. Ésta tiene la característica de permitir que se diga lo que se quiere (con ciertos límites, claro está) al margen de si uno está o no de acuerdo con ello. Los mayores defensores de la libertad de expresión están conscientes de que, en cualquier momento, se hablará mal de ellos y ya está. Es un derecho que vale más que el sentirse ofendido de una persona, sea o no Presidente.
Lo que ha pasado en Estados Unidos, con dos de los programas nocturnos de mayor audiencia y con contenidos más críticos (Stephen Colbert y Jimmy Kimmel), es una muestra clara de que algo está pasando con esa libertad en uno de los países que más la presumía. En un primer análisis, queda claro que sus despidos o suspensiones están estrechamente relacionados con los comentarios que hicieron. Más aún, como estos decires fueron de corte político, parece que hay una evidente censura gubernamental. Puede ser y sería muy grave: algo que caracteriza a los gobiernos autoritarios es su tendencia a acallar las voces disidentes.
Sin embargo, parece haber algo más grave. Porque esta posible censura gubernamental viene de la mano con cierta sumisión corporativa. El entramado es complejo, tiene que ver con permisos y concesiones. Más allá de la explicación técnica precisa, el asunto parece ser, de forma muy simplificada, el siguiente: al gobierno no le gusta lo que dicen unos y otros, el gobierno es quien regula las concesiones o las posibilidades de compras, también quien puede tener injerencia en ciertos negocios multimillonarios… Entonces presiona. De forma directa o indirecta (hay quien dice que han bastado un par de tuits en uno de los casos) para que se suspendan los programas a cambio de algún beneficio, una promesa o una amenaza. Y ya está: el show se termina no sólo porque le haya molestado al Gobierno (eso ha pasado siempre), sino porque las grandes corporaciones estuvieron dispuestos a entrar a la negociación de sus beneficios económicos a cambio de sus políticas editoriales.
Lo más grave de esto es el largo plazo distópico: esa idea en que, ya sea por el beneficio político, por el económico o por el capricho de alguien, terminaremos con medios inocuos, inofensivos, en los que no cabrá crítica alguna. Casi como si una sombra del medioevo informativo comenzara a oscurecer nuestro cielo.
