El sino del escorpión percibe el modelo de nuestra industria turística como una gran mentira escenográfica, pues su promesa de desarrollo resulta un espejismo que en realidad excluye y precariza a la población local, destruye o agota los recursos naturales, e imposibilita la sostenibilidad. Un negocio cuyo desmedido afán de lucro incluye fraudes inmobiliarios, extorsiones y corrupción de autoridades municipales al tiempo que hostiliza a las comunidades, rasga el tejido social y promueve una desigualdad dificultosa para la convivencia. Esto se observa en Tulum, Huatulco, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, “paraísos del turismo” que el alacrán incluye en este breve atlas de nuestra catástrofe turística.
Al menos desde los años cincuenta del siglo pasado el turismo fue presentado como el motor del progreso. Se construyeron megaproyectos, se entregaron concesiones, se celebraron cifras récord de visitantes. Pero detrás del discurso oficial la realidad se fue revelando: comunidades desplazadas, servicios públicos abandonados, salarios indignos, inseguridad creciente. El turismo, lejos de integrar, ha utilizado a los habitantes locales como mano de obra barata y los mantiene cual espectadores de un paraíso que no les pertenece.
Tulum se vacía. No por “campañas mediáticas”, sino por el hartazgo ante los precios desorbitados de los pésimos servicios, por la discriminación y el clasismo, por el hartazgo de caminar entre playas privatizadas y calles sin drenaje, de convivir con la extorsión como rutina, la inseguridad creciente y la precariedad como norma. Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico fracasado que privilegia a los corporativos hoteleros y a los intereses turísticos por encima del bienestar de las comunidades.
Tulum enfrenta una caída en la ocupación hotelera. Los turistas huyen por la falta de agua, los cortes de luz, la inseguridad. Huyen de un destino que se vendió como eco-chic y terminó en un caos urbano-tropical sin planificación ni justicia social. El colapso de un modelo turístico.
En su origen, la zona oaxaqueña de Huatulco fue concebida como un destino sustentable, con planificación ecológica y control del crecimiento urbano. Se daba por terminado el modelo turístico depredador en nombre de la ecología. No obstante, la presión de los desarrolladores desbordó los límites de esa aspiración original y ha generado problemas de acceso al agua (regar un campo de golf equivale a un día de agua para todo un poblado), deforestación y desplazamiento de comunidades. Los servicios municipales son insuficientes y los trabajadores del sector turístico viven en zonas marginadas, sin transporte ni vivienda adecuada, mientras el crimen organizado comienza a infiltrarse en la región, aprovechando la debilidad institucional y la falta de vigilancia en zonas rurales.
El escorpión quiere ahora centrarse en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde habita desde hace tres años, porque representa el caso más extremo de concentración hotelera. Los grandes corporativos controlan la costa, los accesos a playas, los servicios turísticos, grandes fraccionamientos bardeados, mientras la población enfrenta cortes de agua, transporte deficiente, vivienda precaria y costosa, salarios miserables. Hay protestas y movimientos de resistencia en Bahía, pero llega el gobernador y en pomposa ceremonia con enriquecidos desarrolladores decreta: “¡Aquí se construirá un hotel!”.
Las campañas oficiales y comerciales impulsan la llegada de visitantes y celebran la inversión, las oficinas de turismo participan en presentaciones para posicionar a Bahía de Banderas como un destino en crecimiento: la Riviera Nayarita. En el terreno, sin embargo, esa “atracción” se traduce en una economía dependiente de la temporalidad y en empleos sujetos al ritmo de la ocupación. La prioridad siempre serán los turistas, en cambio, apenas se toma en cuenta a la población trabajadora que sostiene y da vida a toda esta “escenografía de la hospitalidad”.
Los puestos que genera la industria hotelera —desde limpieza y cocina hasta servicios en pisos y alimentos— son mayoritariamente de baja remuneración y alta rotación, con mínimos de entre 48 y 52 horas semanales (hablar de la semana de 40 horas es blasfemia en este negocio). La estructura salarial no permite a buena parte del personal acceder a vivienda digna ni cubrir servicios básicos con regularidad; se trata de empleos que sostienen la imagen turística, pero no el tejido social del municipio. Esta precarización se alimenta de una inestable estacionalidad, así como de contratos temporales (de 30 o 60 días y a veces hasta semanales) para eludir prestaciones plenas a los empleados.
Y mientras esta Riviera se promueve, los servicios municipales que sostienen la vida cotidiana permanecen fragmentados: transporte público insuficiente e irregular, fallas en el suministro de agua, redes de drenaje sobrecargadas y deficiencias en el suministro eléctrico en colonias alejadas de los centros turísticos. Esa desconexión entre inversión turística y dotación de servicios públicos como salud y educación, convierte a los hoteles de lujo y desarrollos inmobiliarios en islas de prosperidad rodeadas de barrios con servicios precarios.
A toda esta problemática se añade una doble defraudación: la que perpetraron desarrolladores privados y funcionarios públicos para privatizar suelo y vender vivienda popular con irregularidades (el célebre caso del Infonavit), más la que hoy sufren familias que compraron condominios y tiempos compartidos, desde Puerto Vallarta hasta Punta Mita, bajo esquemas fraudulentos organizados —según denuncias e investigaciones— por redes del Cártel Jalisco. El proceso legal sigue su desarrollo un tanto confuso, pero en los hechos, lo que se ofrecía como “oportunidad de inversión”, terminó siendo la pérdida de patrimonio para cientos de compradores, y, para el municipio, un conflicto legal de largo plazo.
Bahía de Banderas enfrenta un dilema estructural: mantener un modelo que privilegia la llegada de turistas y la expansión hotelera sin exigir responsabilidades sociales a los grandes inversionistas (por lo general se les pide una tajada, no responsabilidades), o reorientar la agenda hacia un desarrollo verdaderamente integral. Si persiste la lógica de ganancias concentradas y externalización de costos sociales, estos “paraísos turísticos” seguirán explotando a sus trabajadores, tolerando déficits en servicios públicos y dejando espacios para la penetración criminal. El sueño turístico mexicano ha terminado.
@Åladelagarza
