Por Charlie Punzo
¿Los escuchas? Son miles de pasos, ¿los ves? ya vienen caminando, son los pies de los pueblos y comunidades en resistencia, es el caminar elocuente que denuncia la simulación y la indiferencia.
En sus territorios se resguarda el 80% de la biodiversidad en el mundo; sus saberes tradicionales han sido la base de toda civilización y conocimiento científico, y su riqueza cultural es historia viva que se cuenta a través de sus lenguas, sus danzas y tradiciones.
No obstante, en medio de la mayor crisis ambiental y climática de la historia, su voz y su testimonio sigue siendo ignorado en el que se supone tendría que ser el espacio de diálogo y consenso para construir verdaderas acciones frente a la mayor amenaza que enfrenta la vida en el planeta.
A tan sólo unos días de dar inicio a la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), y al igual que sus otras veintinueve ediciones previas, ya es evidente que persisten, desde su organización, en hacer de ésta un espacio dotado de contradicciones y burocracia de lujo que excluye las voces de las personas más afectadas por los impactos de los fenómenos climáticos cada vez más extremos y devastadores.
Recientemente, en la Opinión Consultiva 32/25, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó, entre otras cosas, que, en el marco de la emergencia climática, se hace presente la necesidad de garantizar el acceso a la información, a la justicia, a la participación, y el deber intrínseco de los Estados de proteger a las personas defensoras del ambiente.
Pese a ello, durante el desarrollo de la COP en Brasil, en la llamada zona azul, considerada el principal centro de negociación del evento, donde se encuentran las personas ministras, agentes diplomáticas, tomadoras de decisión, legisladoras y técnicas y técnicos internacionales, se prohibió la entrada de los pueblos originarios. El lugar donde deberían haber estado —porque se hablaba de sus tierras, de su agua, de su selva, de su futuro— se convirtió en un fortín blindado, inaccesible para ellos.
Como respuesta, decenas de representantes indígenas, entre ellos miembros de los pueblos Munduruku, Yanomami, Kayapó, Xavante, Tikuna, Karipuna, Tembé y Tupinambá, intentaron cruzar los límites de ese recinto político, mientras los guardias de seguridad de Naciones Unidas les bloquearon el paso. Hubo empujones, forcejeos, gritos y accesos clausurados. El resultado: no hubo acercamiento a la élite política y empresarial, pero se hicieron notar. A paso firme y voz sin titubeos gritaban desde las barreras que amurallaron el evento: “No habrá solución climática sin justicia para los pueblos originarios. No habrá futuro sin justicia ecológica.”
La justicia territorial es el principal eslabón de la justicia climática, y ésta a su vez, no puede estar basada en falsas soluciones que impliquen acentuar el extractivismo minero, por ejemplo, para la obtención de los llamados “minerales estratégicos para la transición”.
Es importante reconocer también que, en México los últimos años se ha transitado a una política más inclusiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pero aún con importantes vacíos y pendientes de política pública que hagan efectiva la tutela de sus derechos colectivos frente a la crisis climática.
Recientemente, la NDC 3.0 (Contribuciones Nacionales Determinadas) de México ha incorporado una visión transversal que reconoce a los pueblos indígenas, entre otros grupos, como actores clave en la acción climática. Destaca sobre este hecho que, en el proceso de actualización del documento, se contó con la participación y colaboración de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que de manera activa posicionaron la realidad incómoda de una histórica política económica y climática que sistemáticamente les excluye de la toma de decisión, aún y cuando esto les ha afectado directamente.
Esa historia no puede ni debe repetirse. La amenaza hoy, no son sólo los graves impactos en las poblaciones más vulnerables a los fenómenos naturales exacerbados por el cambio climático, también lo es la llegada de gobiernos ultraderechistas a países con un alto porcentaje de responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que estos gobiernos, además de sostener una narrativa negacionista del cambio climático, son abiertamente autoritarios, y en muchos países han puesto marcha atrás a derechos colectivos, como los de los pueblos y comunidades indígenas, que costaron siglos alcanzar, todo para poder legalizar el despojo y desplazamiento forzado de los territorios, y llevar a cabo la explotación de los recursos para la ambición desmedida de los intereses corporativos.
Ya no podemos seguir bajo la misma lógica de acumulación por desposesión, donde estos espacios multilaterales continúan siendo el lavado de cara de las grandes corporaciones contaminantes, y buscan legitimar el acaparamiento mediante la creación de nuevos modelos de negocio pintados de verde.
La justicia climática sólo puede erigirse desde el reconocimiento de esas otras visiones del mundo, que desde la raíz de sus sistemas organizativos comprendieron que la relación con la naturaleza no es de subordinación, explotación y dominación, sino que eligieron abrazar “el pacto sagrado de proteger la vida”, dejando sus pies anclados al suelo, la cercanía de los árboles para adorar su sombra y refugio, y en el parto de la tierra, ver el agua nacer y dotar de vida a todo a su paso. Así, desde las palabras y plataformas a nuestro alcance, es deber ineludible, proteger y hacer eco de esas voces, por el bien de los pueblos y comunidades, y de toda la vida en el planeta.
