En México no se muere por sobredosis. Se muere de infarto, edema pulmonar o falla respiratoria. Así lo afirma la estadística oficial, el dogma médico, la narrativa forense y la política pública. Muertes limpias, causas fisiológicas, biología pura. Casi elegante. Pero no. En realidad, lo que hay es una estructura institucional construida para encubrir la negligencia de Estado contra los consumidores, una maquinaria que disfraza la letalidad del prohibicionismo bajo códigos ICD que suenan menos escandalosos.
El artículo publicado en BMC Public Health por Raúl Bejarano-Romero et. al. expone con claridad una práctica sistemática de encubrimiento. A partir de datos públicos y análisis estadístico, documenta cómo el Estado mexicano ha institucionalizado la ocultación de muertes por sobredosis mediante el uso deliberado de códigos imprecisos. No se trata de un error técnico, sino de una política orientada a mantener la ficción de que el problema no existe.
El método es impecable. Ante la falta de pruebas toxicológicas sistemáticas en las autopsias—porque en México sólo se investiga si lo ordena un Juez, no por salud pública sino por razones judiciales—, los autores construyen una metodología de aproximaciones. Analizan los certificados de defunción de jóvenes entre 20 y 39 años, y detectan un exceso de muertes por infarto agudo al miocardio, edema pulmonar y falla respiratoria. Diagnósticos rarísimos en esa franja etaria, a menos que se haya intervenido una sustancia. Como no hay pruebas, no hay sobredosis. Como no hay sobredosis, no hay problema. Pero sí hay cadáveres.
El artículo encuentra que el uso de esos códigos proxy cuadruplica el número oficial de muertes por sobredosis. Entre 2005 y 2019, el gobierno reportó tasas estables y ridículamente bajas (0.31 a 0.37 por 100 mil habitantes), mientras que con las aproximaciones usadas se revelan tasas de hasta 6.92 por 100 mil. En números concretos, eso implica cerca de 29 mil muertes por sobredosis invisibilizadas. No es error; es política de Estado.
La negación no es gratuita. Asumir que hay una epidemia de sobredosis forzaría a revisar la arquitectura institucional del prohibicionismo. Obliga a reconocer que la guerra contra las drogas no sólo fracasa, sino que mata. Pero como admitir eso equivaldría a renunciar a décadas de retórica bélica, es preferible mantener la simulación. Se invierten millones en erradicar amapola y se criminaliza a los usuarios, pero no hay naloxona en las clínicas públicas, ni metadona accesible, ni personal capacitado en reducción de riesgos. El sistema decide quién vive y quién muere, pero lo hace sin dejar huella.
Ese es el núcleo de mi crítica constante a la política de drogas en México: su profunda deshonestidad intelectual. No es que el gobierno no sepa. Sabe. Lo que no quiere es aceptar que la represión no sólo es ineficaz, sino contraproducente. Se insiste en cateos espectaculares y decomisos para alimentar el espectáculo de la guerra, mientras los servicios de salud siguen operando con una moralina decimonónica, más preocupados por salvar almas que por preservar vidas.
El estudio de Bejarano Romero diagnostica y propone. Recomienda reformar el marco legal para permitir autopsias con pruebas toxicológicas de rutina. Sugiere usar ciencia para hacer política pública, no propaganda. Suena revolucionario: construir un Estado que cuida, no uno que castiga. Pero ese Estado aún no existe. Lo que existe es el otro: el que administra cadáveres.
Y el problema no es sólo técnico. Es ético. Las instituciones mexicanas están diseñadas para ignorar el dolor de ciertos cuerpos. El adicto no es ciudadano. Sólo merece castigo. Y si muere, mejor que lo haga rápido y en silencio. Mejor que la causa diga “infarto” que “fentanilo” o “metanfetamina”.
Desde hace años he insistido en que el paradigma de la guerra contra las drogas produce más daño que las drogas mismas. El estudio lo confirma con precisión científica. Muestra que donde se ha hecho el esfuerzo (en Baja California, por ejemplo, con pruebas sistemáticas), las sobredosis aparecen como hongos en temporada. La evidencia está ahí, sólo se elude.
Y voluntad no hay porque el régimen sigue enganchado al prohibicionismo. En nombre de la seguridad nacional, se justifica la militarización del espacio público, la criminalización de la pobreza, y el abandono de los usuarios. Pero lo que se obtiene es más violencia, más muerte y más impunidad. Porque el Estado no protege vidas: las gestiona. Y las entierra sin nombre.
Lo más revelador del artículo es que incluso con recursos limitados, incluso con datos incompletos, se puede reconstruir la verdad. El equipo de investigadores logró identificar un patrón estadístico ineludible: donde hay drogas, hay muertes; y donde hay muertes, hay encubrimiento. Lo que se necesita ahora es que ese conocimiento se traduzca en acción. Pero no hay indicios de que eso suceda pronto.
Mientras tanto, los discursos oficiales seguirán celebrando reducciones artificiales de consumo, informes llenos de cifras decorativas y operativos con fotos de soldados posando junto a bultos. Porque eso es lo que entiende el régimen por política: espectáculo, no sustancia.
La investigación también revela otra dimensión alarmante: las desigualdades regionales. Las tasas más altas de sobredosis encubiertas se concentran en la frontera norte—Mexicali, Hermosillo, Nuevo Laredo—pero también emergen en zonas que antes no figuraban en el mapa del consumo, como Cuernavaca, Puebla y Córdoba. El país entero se está metiendo en una tormenta sin radar.
Este estudio debería ser leído por quienes toman decisiones de salud. Debería convertirse en hoja de ruta para rediseñar la política nacional de drogas. Pero no sucederá. Porque confronta demasiadas inercias. Porque desnuda el fracaso. Porque obliga a pensar en términos de salud y no de castigo. Y eso no gusta aquí, pero menos del otro lado de la frontera.
Por eso el estudio importa. Porque desvela un mito: que en México el problema de salud de la sobredosis es menor. Porque revela una política deliberada de encubrimiento. Porque exhibe cómo el Estado ha optado por el expediente burocrático para evadir su responsabilidad frente a una crisis de salud pública. Y porque plantea una interrogante ineludible para cualquier gobierno que se diga democrático: ¿cuántas muertes mal clasificadas se necesitan para asumir, al fin, la magnitud del problema?
