El dogma del crecimiento económico

El sino del escorpión se ha demorado recorriendo las viejas ideas del desarrollo económico propuesto por el capitalismo del siglo pasado y aún de este, para terminar convencido de que el mentado crecimiento económico como requisito para el desarrollo es un dogma al que se ha recurrido hasta el hartazgo. En tanto, los críticos de este concepto sostienen que el crecimiento ilimitado es insostenible ecológica y socialmente, y ante ello proponen alternativas como el decrecimiento, la economía del estado estacionario, la economía del donut y enfoques centrados en la redistribución.

La idea de que el crecimiento económico era la única vía para el desarrollo fue impulsada por corrientes del modernismo económico y, más tarde, por el neoliberalismo (el llamado Consenso de Washington); instituciones como el FMI y el Banco Mundial la promovieron mediante condicionalidad y manipulación, préstamos buitres y asesorías políticas. Y eso que, añade el alacrán, desde su surgimiento estas ideas ya eran criticadas desde las academias y desde los hechos prácticos por sus efectos limitantes.

La noción tiene raíces en la teoría de la modernización de mediados del siglo XX, que planteaba que los países “atrasados” debían seguir el modelo de industrialización y mercado de los países avanzados. Las primeras críticas a este dogma partieron de la teoría de la dependencia y los estudios críticos que documentaban cómo ese enfoque ignoraba las relaciones históricas de desigualdad, las estructuras de poder y los efectos de la inserción en la economía mundial.

En la práctica, la idea se institucionalizó en políticas de estabilización, liberalización y privatización resumidas por el Consenso de Washington (1989) y promovidas durante más de medio siglo por actores como el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense. Todo ello no obstante los probados fracasos de estas políticas en casos como el de Chile, donde el crecimiento sostenido durante las décadas de la dictadura de 1970–1990, originó y mantuvo elevados y persistentes niveles de desigualdad hasta nuestros días.

O bien el caso argentino, donde el crecimiento temporal de los años noventa fue seguido por una crisis profunda en 2001 y gravísimos retrocesos económicos y sociales provocados por la liberalización rápida de mercados, convertibilidad cambiaria y elevado endeudamiento externo. Esto resultó en la expansión de la brecha de la desigualdad y se repite de nuevo hoy en ese país.

Por fortuna hoy la investigación académica y la puesta en práctica de otras políticas apuntan ya claramente a demoler ese dogma del crecimiento económico en sí y para sí, recapitula el alacrán. Críticos como Jason Hickel han estudiado el decrecimiento necesario ante los límites biofísicos, al argumentar que el crecimiento agregado choca con los límites planetarios: para cumplir los objetivos climáticos es necesario reducir el flujo material y energético de la economía y reorientar la producción hacia el bienestar social, no hacia la expansión del PIB (¡tómala Banco Mundial!).

A su vez Kate Raworth, autora del volumen Doughnut Economics (Economía del donut), propone un diferente marco normativo: la economía debe operar dentro de un marco social mínimo (derechos y necesidades humanas) y por debajo de los límites planetarios. Su tesis central es que la política económica debe garantizar el bienestar sin sobrepasar fronteras ecológicas.

También se extienden las críticas a otro tótem del desarrollo económico: el crecimiento del Producto Interno Bruto como única meta. El economista de origen indio Amartya Sen cuestiona la primacía del crecimiento medido por el PIB como indicador de progreso; su enfoque en las capacidades humanas sitúa la libertad y las oportunidades reales de las personas como objetivo último de la política, no el mero aumento de producción agregada.

Thomas Piketty, viejo conocido de este espacio, ha aportado sus bien sustentadas críticas en textos como Crecimiento, desigualdad y legitimidad, donde si bien no apoya el decrecimiento, sí critica la fe en el crecimiento como solución automática a la desigualdad, pues la propia dinámica del capital genera concentración de riqueza, por lo que demanda políticas redistributivas y fiscales para corregirla.

Quien de plano es radical en sus propuestas es el académico Tim Jackson, cuando sostiene que la prosperidad no depende necesariamente del crecimiento continuo; sino que es posible diseñar una economía post-crecimiento que garantice bienestar mediante redistribución, trabajo decente y límites ecológicos, Jackson ofrece incluso rutas políticas para lograr esta transición.

La propuesta económica desarrollada por Herman Daly, impulsa una “economía del estado estacionario”, que estabilice población y capital físico dentro de límites ecológicos, priorizando la sostenibilidad sobre la expansión continua del producto. Georgescu-Roegen, un pionero de la economía ecológica, ha introducido también en la discusión la idea de que los procesos económicos están sujetos a la ley de la entropía. Que resume tajantemente así: los recursos finitos y la degradación irreversible implican que el crecimiento material indefinido es físicamente imposible y exige repensar la producción y el consumo.

Para rematar, hay quien, con tintes ya más ideológicos, sostiene que el decrecimiento es también una crítica cultural, cuestiona la lógica consumista y propone una convivialidad económica que reduzca la producción y el consumo innecesarios priorizando la justicia social y la autonomía local.

Estas corrientes comparten la idea de que el crecimiento por sí solo no garantiza bienestar ni sostenibilidad, y sus diferencias en énfasis y propuestas —desde reformas fiscales y redistributivas hasta límites materiales y transformaciones culturales— enriquece y amplía la discusión exigiendo la reorientación de políticas hacia la equidad y la viabilidad ecológica.

Es bueno escuchar esta diversidad de propuestas distintas al dogma del crecimiento económico como panacea, sobre todo por estos lares económicos donde dogmas como el de la imposibilidad de subir el salario mínimo o de establecer la semana laboral de 40 horas siguen siendo armas de control económico de los poderosos.