La destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) marca un punto de inflexión en la política de control académico que se ha impuesto en los centros públicos de investigación durante los últimos años. Su nombramiento fue una imposición desde la cúspide del poder en 2021, sostenida mediante una interpretación retorcida de la regulación entonces vigente y sin que se hiciera pública el acta del Consejo Directivo que debía formalizarlo; su remoción, en cambio, se consumó al amparo de una nueva ley, elaborada después por la misma autoridad que lo había colocado, diseñada expresamente para permitir la destitución discrecional de directores. Romero se va sin que medien méritos ni evaluaciones, no porque el sistema se haya corregido, sino porque el régimen terminó por dotarse del instrumento legal que antes no tenía para ejercer, ahora sin rodeos, el mismo control político que había intentado imponer de manera forzada.

Su llegada obedeció menos a un procedimiento legal que a una imposición de la entonces directora del CONACYT, empeñada en moldear la ciencia a la medida de la autodenominada transformación y de los caprichos ideológicos presidenciales. El CIDE, centro público de investigación de largo prestigio, fue considerado en los círculos de poder un bastión de pensamiento “neoliberal” que debía ser capturado, domesticado y vuelto funcional al relato oficial. Ese propósito nunca fue disimulado, y su mandato transcurrió como si el centro fuera una extensión de la oficina de estrategia política del régimen en turno.

Desde el inicio, Romero Tellaeche ejerció el cargo con arbitrariedad sistemática. Destituyó a funcionarios académicos de peso, como Alejandro Madrazo, director de la sede región centro en Aguascalientes, y a Catherine Andrews, secretaria académica, por la simple razón de no plegarse a sus designios. El uso patrimonial del cargo llegó al extremo de autoconcederse una plaza de investigador titular C definitivo, mientras promovía la entrada de adeptos al nuevo régimen y hostigaba de manera persistente a quienes disentían.

La comunidad académica nunca vio en Romero a un director con sentido institucional. Lo percibió como la encarnación burocrática de un proyecto político orientado a socavar la autonomía del CIDE para convertirlo en una herramienta de legitimación y control. Los despidos no fueron episodios aislados: provocaron la salida de investigadores de trayectoria —como Lorena Ruano, figura central en la resistencia sindical contra la subordinación del centro— y detonaron una conflictividad interna que convirtió al CIDE en un espacio de confrontación permanente entre burocracia y libertad intelectual.

Para colmo de ironías, el propio Romero, patético, recurrió a las vías que había vulnerado de forma reiterada. Apeló al marco legal para intentar resistir su destitución mediante procedimientos que nunca respetó cuando le resultaron incómodos, amparándose en estatutos relativizados por la ley promovida por su propio bando. Esa ley, impulsada por la administración de Álvarez-Buylla para intervenir sin obstáculos en los centros públicos de investigación, incorporó un artículo que faculta a la persona titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para remover libremente a los directores. Romero llegó mediante una arbitrariedad ilegal y se va mediante una arbitrariedad legalizada, diseñada para controlar políticamente a los centros de investigación, exactamente en sentido contrario de la autonomía que requiere el trabajo académico para florecer.

El episodio quedará como advertencia de lo endeble que resulta la autonomía académica en México cuando las instituciones se vuelven prisioneras de la lógica política corporativa. El saldo es un rastro de tensiones, carreras académicas truncadas y una comunidad que tuvo que dedicar tiempo y energía a defender su propio espacio institucional en lugar de producir conocimiento.

Hay, con todo, un cierre provisional que genera cierto optimismo: la designación de Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE. Investigadora de carrera, con trayectoria interna y reconocimiento de la comunidad académica, su nombramiento introduce un alivio medido en un centro exhausto por años de hostigamiento y arbitrariedad, y opera como una corrección mínima frente a las tropelías de Álvarez-Buylla y su proyecto de control ideológico de la academia. El contraste con otros casos resulta elocuente, en particular con el Colegio de la Frontera Norte, donde la misma lógica derivó en el nombramiento de un personaje vociferante y sin autoridad académica, hoy atrincherado en el cargo con la misma torpeza con la que Romero Tellaeche intentó resistir su salida. Estas rectificaciones no responden a un cambio de principios, sino a ajustes tácticos dentro de un esquema que sigue concibiendo a los centros de investigación como espacios a ocupar, no como comunidades capaces de gobernarse.

Ese nombramiento, sin embargo, no reescribe el guión. El CIDE, como otros centros académicos insertos en estructuras políticas más amplias, permanece dentro de un marco legal diseñado para permitir la entrada y salida discrecional de directivos conforme a las necesidades de la fuerza política dominante. La oscilación entre imposición y destitución, entre arbitrariedad tolerada y arbitrariedad legalizada, revela una realidad más profunda: la autonomía académica en México opera como concesión frágil y revocable, no como conquista institucional sólida.

La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas del país, incluso en aquellas que cuentan con autonomía reconocida por ley. El caso del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, muestra hasta qué punto el derecho penal puede convertirse en instrumento de expulsión política, con delitos fabricados para justificar destituciones ilegítimas y colocar autoridades dóciles a los designios de los gobiernos estatales.

El patrón es evidente. Un régimen que se presenta como transformador no amplía la libertad de pensamiento, sino que reconfigura las reglas para capturar las instituciones de saber y someterlas a sus objetivos políticos. La destitución de Romero Tellaeche es una corrección momentánea, no una rectificación institucional. La lógica que permitió su ascenso —el uso patrimonial del poder para imponer directores y silenciar disidencias— sigue inscrita en una arquitectura legal orientada a garantizar la subordinación funcional de la academia.

La autonomía académica no puede depender de la benevolencia del poder político ni de acuerdos coyunturales que cambian con cada relevo administrativo. Mientras el autogobierno siga subordinado a prioridades gubernamentales, cualquier centro de investigación seguirá siendo un pariente pobre de la libertad intelectual.

Romero Tellaeche se va entre el repudio de académicos, estudiantes y trabajadores, y el patetismo de quien se aferra al cargo porque sabe que, en este sistema, las reglas siempre terminan acomodándose a quien detenta el poder. Es un síntoma más de un horizonte donde la autonomía sigue siendo una idea frágil, defendida por comunidades académicas y tratada por el Estado como un obstáculo que conviene administrar, no como un derecho que deba respetarse.