Por Jorge Ríos *

El 20 de junio de 2016, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (“COMAR”), órgano de la Secretaría de Gobernación, reconoció como refugiados a una familia venezolana al determinar que existe una situación de violación masiva de derechos humanos en su país, al encontrar evidencia documental que demuestra que el estado es incapaz de enfrentar la crisis alimentaria que se está suscitando a lo ancho del país.

El venezolano Javier Martínez* llegó a la Ciudad de México a principios de 2016 junto con su esposa y sus niños. En su país era víctima de una persecución por parte del crimen organizado: durante meses había estado pagando una “vacuna” (‘extorsión’) para que dejaran en paz a su familia y a su negocio. Cuando se le hizo imposible seguir pagando, le amenazaron con tomar represalias. Pero lo que lo urgió a finalmente abandonar su país fue la falta general de alimentos, medicinas y enseres. En marzo llegó con su familia a la COMAR para solicitar asilo.

En el análisis del caso, la COMAR consideró que las acciones del crimen organizado ejercidas en su contra no tenían la contundencia necesaria como para suponer que los derechos de Javier serían afectados en caso de que volviese a su país. Acto posterior, la autoridad procedió a analizar la situación general de Venezuela, en donde se determinó que el pollo, la carne de res, la margarina, los huevos de gallina, el queso, el aceite, la leche, el arroz, la harina, las pastas, el queso, el azúcar, el papel higiénico y los pañales son sólo algunos de los muchos productos que escasean.

La Autoridad incluso expresó que la escasez se ha agravado en los últimos meses y que se enmarca en el desabasto generalizado de alimentos, productos para el cuidado personal y de limpieza, insumos para hospitales y refacciones de todo tipo. Tal crisis implica un alto riesgo al disfrute de los derechos humanos de la población, tales como a la salud y al bienestar, y ello fue motivo suficiente para que considerara que se pone en riesgo la seguridad personal del señor Javier y su familia.

Esta investigación coincide con las notas que han estado publicando medios internacionales sobre Venezuela. En febrero de este año, la Asamblea Nacional venezolana reconoció oficialmente que se suscitaba una crisis alimentaria en el país. En junio, el secretario general de la OEA manifestó que existe una seria alteración del orden constitucional en Venezuela, y planteaba su expulsión de la organización. Además, organismos internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, desalojos forzados y otros abusos violentos por parte de las fuerzas de seguridad allegadas al Estado.

Por los anteriores motivos, la COMAR admitió aplicar la definición ampliada de refugiado, inspirada en la Declaración de Cartagena de 1984, para extender la protección internacional a una familia afectada por la escasez generalizada de alimentos y medicinas. Dicha protección les permite residir en el país de forma permanente, revalidar sus estudios, acceder al empleo y empezar una nueva vida bajo el amparo del Estado mexicano.

Cabe destacar que, desde que se publicó la ley de asilo mexicana en 2011, rara vez se analizan riesgos situacionales o grupales en los procedimientos de asilo, pese a que dicha autoridad está obligada a hacerlo. Tal omisión ha dejado en la oscuridad a miles de personas solicitantes de asilo no sólo de Venezuela, sino también de Honduras y El Salvador, donde la crisis de violencia ha afectado indiscriminadamente los derechos humanos de la población.

El caso del señor Javier marca un parteaguas en el actual sistema de asilo mexicano, cuya resolución representa un precedente que beneficiará a cientos de personas que aún anhelan una respuesta hospitalaria del Estado. Desde Sin Fronteras IAP, celebramos este gran paso que dio la COMAR al reconocer y responder solidariamente a una de las crisis humanitarias más alarmantes en la región.

Jorge Ríos es Abogado del Área de Asilo de Sin Fronteras IAP

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*Estos datos han sido modificados para proteger la privacidad del refugiado.

Redacción/SinEmbargo

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