Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que en la Ciudad de México así como en el ámbito federal, el 2013 fue un mal año para los derechos humanos, pues la simulación gubernamental y legislativa sigue creciendo mientras que los compromisos concretos y verificables son casi nada.
El análisis realizado por Edgar Cortez, investigador del Instituto, refiere que “el 2013 nos confirma que vivimos en la alternancia política pero sin alternativas y que los gobernantes son electos democráticamente pero tienen alma de represores”.
Indica que en el discurso, el Presidente Peña Nieto ha insistido que tiene otra estrategia en materia de seguridad y que la violencia ha disminuido. Sin embargo indicó que de acuerdo con los datos que publicó el semanario Zeta, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de octubre de 2013, se registraron 19 mil 016 ejecuciones. Un número mayor respecto de los 18 mil 161 con que concluyó el gobierno anterior.
Asimismo recordó que en el Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido México en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 23 de octubre, se emitieron 176 recomendaciones por impunidad, agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, fuero militar y violencia contra mujeres.
“El dato relevante es que hace cuatro años, también en el EPU, le hicieron al gobierno mexicano recomendaciones muy similares. ¿Por qué?, porque el gobierno mexicano en materia de derechos humanos habla mucho y hace bastante poco”, afirmó el organismo.
Indicó que de acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entre los meses de diciembre de 2012 a octubre de 2013 se han registrado 17 mil 068 averiguaciones previas por homicidio intencional, es decir 50.9 casos por día. Cifra mayor al promedio que existió durante el gobierno del presidente Calderón que fue de 47 averiguaciones promedio diariamente.
Sobre los datos existentes del secuestro, citó cifras de la Consultora en seguridad Control Risks, en los que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto a secuestros.
Asimismo puntualizó la situación de inseguridad en base a las cifras presentadas por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): 27 millones 769 mil 447 delitos comunes cometidos durante 2012 en el país; 35 mil 139 tasa de delitos por cada cien mil habitantes; 25 millones 573 mil 200 los delitos no denunciados que equivale a 92.1% del total; la principal preocupación de la población es la inseguridad que alcanza el 57.8%.
En lo referente a los ataques de prensa, citó los datos ofrecidos por la organización artículo 19, en las que –si se suma la desaparición reciente de la periodista Zoila Edith Márquez– en una década 18 comunicadores han sufrido el mismo destino.
Sobre las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto y aprobadas en el Congreso de la Unión indicó que esto se desarrolló “en medio de un atropellado proceso legislativo y donde lo que único que prevaleció fueron los intereses partidarios, pues la ciudadanía no tiene forma alguna de influir en cambios constitucionales que finalmente le afectarán”.
Al calificar la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, indicó que “las cosas no son mejores al grado que popularmente, como refiere el escritor Juan Villoro, a Miguel Ángel Mancera se la apoda la esfera porque ‘está de adorno'”.
“Uno de los rasgos del actual gobierno de la ciudad es su permanente negativa para dialogar con las organizaciones civiles. Desde que fue candidato y hasta la fecha, Mancera evita encontrarse con esta parte de la sociedad organizada. Por ejemplo durante el reciente proceso de Reforma Política un grupo de organizaciones civiles trabajamos con análisis y propuestas al respecto; durante meses buscamos la interlocución bajo la idea de que este proceso debería tener el sello de la participación ciudadana”.
“Lo único que encontraron fue la cerrazón y la evasiva”, dice.
Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) denunció que en el relevo en la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) existió la intención del gobierno de la ciudad “para poner bajo su control al único órgano autónomo que aún lo era”.
“Mancera y las tribus perredistas operaron para que la elección recayera sobre una abogada litigante en materia de transparencia pero no sobre una defensora o defensor de derechos humanos, de los cuáles había un buen número entre quieres fueron candidatas y candidatos”, acusó.
Afirmó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó la elección en un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades pues de lo que se trataba no era de pensar en la protección de los ciudadanos sino de satisfacer al Jefe de Gobierno.
