Hace unos días, un perro de raza pitbull que su dueño llevaba sin correa ni bozal atacó a una mujer y a su mascota, una pequeña french poodle, en plena colonia Narvarte de la Alcaldía de Benito Juárez, en la capital del país. La señora recibió mordidas en la nuca y en la mano derecha y tuvo que ser atendida en el Hospital Gabriel Mancera, en la misma demarcación. La perrita fue llevada por los vecinos a una clínica veterinaria. El dueño del mastín con su perro se escurrió entre los curiosos… y desapareció impunemente.

El caso, que trascendió a algunos medios de comunicación pero no ha tenido consecuencias, trae de nuevo el tema de los propietarios de perros que incumplen cotidianamente las disposiciones legales, de por sí tibias y endebles, acerca del manejo de sus mascotas en la vía pública. Hechos como el ocurrido en la colonia Narvarte, y más graves, suceden todos los días, en diversos lugares de la capital y de otras ciudades del país, aunque sólo algunos llegan a las páginas de los diarios o a los espacios noticiosos de la radio y la televisión.

Aunque no hay una estadística oficial ni un registro puntual, todos los días ocurren agresiones contra niños y adultos por parte de perros. La señora de Narvarte pudo haber muerto. No conozco de perros, pero me parece elemental que determinadas razas, como el propio pitbull, el doberman, el dogo, el rottweiler y aun el pastor alemán, entre otros, considerados canes de ataque, son perros muy temperamentales que según especialistas no debieran estar en lugares públicos ni siquiera con cadena y bozal. La agresividad está en su naturaleza y controlarlos a veces es imposible incluso para sus propios propietarios. Su potencialidad de daño, descrita en diversos estudios, es aterradora.

En algunos países, como en España, existe una legislación específica sobre los llamados Perros Potencialmente Peligrosos (PPP). La ley española, promulgada en 2009, obliga a los propietarios de esas especies –entre las que está por supuesto el pitbull— a tener una licencia que se renueva cada cinco años y cumplir una serie de requisitos, entre ellos un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura de cuando menos 120 mil euros. Además, el responsable del animal, que no podrá tener antecedentes penales graves, deberá realizar un examen físico y psicológico que acredite que tiene la suficiente capacidad visual, auditiva, del sistema locomotor y del sistema neurológico.

En la Ciudad de México, pocos capitalinos lo saben, existe una Ley de Cultura Cívica, promulgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 31 de mayo de junio de 2004, por cierto durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sus objetivos son establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados; regular el funcionamiento de la Administración Pública en su preservación, y determinar las acciones para su cumplimento.

En el Artículo 25 se enumeran las infracciones contra la seguridad ciudadana. Pone la fracción I: Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo. La infracción que aplica en este caso es una multa por el equivalente de 11 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto de 13 a 24 horas. Ridículo.

En evidente que este precepto, además, se incumple flagrante y cotidianamente en toda la ciudad. Lo común es ver a personas que sacan a pasear a sus mascotas sin correa ni bozal, como establece la ley, en calles, parque y jardines. En parques de diversas alcaldías, como Cuauhtémoc y Benito Juárez, se han confinado espacios para corrales exclusivos para las mascotas, que ahí pueden corretear libremente. Lo normal, sin embargo, en parques como el México de la colonia Condesa o el Hundido de Extremadura Insurgentes es que haya más propietarios con sus perros, sin correa ni bozal, fuera de esos corrales que dentro, a pesar de los letreros que expresamente lo prohíben.

La verdad es que no hay quien vigile el cumplimiento de la ley y menos quién aplique las sanciones correspondientes. En esos y en otros parques es común ver pasar policías de a pie o en bicicleta que no se inmutan ante la flagrante violación cometida por decenas de paseantes de perros en sus narices.

El colmo ocurre en el parque San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, donde el corral para las mascotas de los vecinos es literalmente agandallado cada tercer día, durante dos o tres horas, por una entrenadora de perros, que ha convertido el lugar en su escuela particular. Hace negocio privado con un bien público. Lleva y suelta ahí, con sus ayudantes, más de 20 o 25 perros de diversas razas, lo que impide obviamente que los residentes del entorno usen el lugar. Pese a numerosas denuncias vecinales y periodísticas, y no obstante que esa persona es reincidente, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez no impiden tan evidente abuso: lo solapan, cosa que a los vecinos no les parece casual.

La peligrosidad que representan los perros en la vía pública, y que debiera estar regulada por una legislación seria, habrá que endosarla a sus dueños, sin duda. Son ellos, no los animales, los responsables directos de los accidentes que puedan ocurrir y debieran responder por ellos. El propietario del pitbull de Narvarte, sencillamente, debería estar en la cárcel. Válgame.

@fipinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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