Por Larisa de Orbe^[1] y Ornela Garelli^[2]

En los últimos años hemos visto la aprobación de leyes y reglamentos en diversos estados y ciudades de nuestro país con el fin de prohibir ciertos plásticos de un solo uso, como los popotes, vasos, platos, cubiertos, contenedores de unicel y bolsas, entre otros artículos. Lo anterior con el fin de combatir la contaminación plástica que afecta nuestro planeta. Morelos es un ejemplo de los estados que han iniciado procesos de este tipo, sin embargo, intereses políticos y económicos en la entidad intentan bloquear esta medida y revertir los avances alcanzados.

La reciente modificación a la Ley de Residuos en Morelos, publicada en enero de este año, en la que se establece la prohibición de los plásticos desechables, representa un progreso en la legislación ambiental estatal, particularmente cuando consideramos que la mayoría de las leyes y reglamentos ambientales del estado llevan más de 10 años sin actualizarse a pesar del acelerado deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad en el territorio.

Con este panorama, es preocupante que las últimas modificaciones a la legislación ambiental del estado han sido en el sentido contrario a un progreso, constituyendo verdaderas regresiones. Ejemplo de ello fueron los cambios en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para exentar de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la obra pública, o los intentos de exentar oficialmente de verificación vehicular al transporte de carga, o dejar las reservas territoriales del estado a merced de las inmobiliarias. Todo ello frente a la expansión poblacional, urbana y de una amenaza constante de cambios de uso de suelo por el incremento de proyectos industrializadores en el  territorio como la termoeléctrica o minería a cielo abierto.

Así, las iniciativas encaminadas a reducir la presencia de plásticos desechables en el ambiente representan una buena noticia que puede detonar en nuevos proyectos de ley para avanzar en la garantía de nuestros derechos ambientales. Lo anterior debido a que  los derechos que se están tutelando con la prohibición de los plásticos desechables son derechos humanos como el derecho a la salud, al medio ambiente sano, los derechos de las futuras generaciones y los derechos de la naturaleza ya reconocidos en otros países.

Este impulso a las prohibiciones de plásticos desechables inició como una demanda ciudadana reforzada por las organizaciones sociales y los medios de comunicación que mostraban crudas imágenes de los efectos devastadores del plástico en la naturaleza. Así también, esto se vio fortalecido por la creciente evidencia científica sobre el daño de los plásticos y los microplásticos en los ecosistemas y las especies que los habitan, incluidas referencias sobre sus posibles efectos en la salud humana.

En Morelos este proceso inició en 2018 con una campaña del Colectivo Plástico No Gracias; un grupo de organizaciones liderado por mujeres como Eleonora Insunza y Flora Guerrero, que se unieron para pedir ante el Congreso local la prohibición de los plásticos desechables, el unicel y los popotes. Durante varios meses se llevaron a cabo  mesas de trabajo con la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Local, la Diputada Dalila Morales, así como acciones en supermercados para visibilizar el problema de los excesivos empaques plásticos.

El resultado de este trabajo fue que en enero de este año, se publicaron las reformas a la Ley de Residuos de Morelos, que establecieron la prohibición a los establecimientos mercantiles, así como a los comerciantes ambulantes, de proporcionar de manera gratuita u onerosa plásticos de un solo uso, estos son: bolsas de plástico desechables, popotes, unicel y los plásticos para cubrir y envolver alimentos. En dichas reformas se estableció también la obligación para los establecimientos comerciales de presentar a la autoridad ambiental un programa de sustitución de plásticos de un solo uso, quedando estipulado un plazo de 12 meses para establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercados, tiendas departamentales, de 24 meses a los pequeños y medianos comercios, así como el comercio ambulante y en general todo el comercio de menudeo que por su actividad otorguen plástico de un solo uso para el propósito acarreo o empacado de productos.

En este marco, el Congreso Local le dio al Ejecutivo un plazo de 90 días para la publicación de los cambios al Reglamento de residuos y así armonizarlo con las reformas.

En este proceso de elaboración de reglamento, la ciudadanía también ha tenido una amplia participación, a través del  Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Sustentable. Este Consejo hizo una exhaustiva revisión de la versión de reglamento elaborado por la Dirección General de Consultoría, Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), encontrando disposiciones que violan el espíritu de la reforma y de la prohibición, recomendando al Ejecutivo su inmediata eliminación.

En los artículos 61 Ter y 61 Quinquies del proyecto de reglamento que impulsa la SDS, se pretende incluir una serie de excepciones a la prohibición por motivos de “ higiene e inocuidad”, dejando a discrecionalidad de los establecimientos comerciales seguir otorgando bolsas desechables derivadas del petróleo cuando así lo crean necesario. De igual forma dejan abierta la posibilidad a los establecimientos de no cumplir con la obligación de elaborar sus planes de sustitución por otros materiales menos contaminantes.

Estas excepciones representan una contradicción normativa que fomenta la impunidad, al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional favoreciendo a la industria del plástico en detrimento del derecho humano a un ambiente sano y a la salud. Necesitamos hoy más que nunca levantar la voz y exigir el respeto a nuestros derechos, sobre todo porque los intereses de la industria del plástico han emprendido una agresiva campaña aprovechando el contexto de la COVID-19 para hacernos creer que usando los plásticos contaminantes estamos más protegidos. Afortunadamente la ciencia se ha encargado de sacar a la luz que es en los plásticos donde vive mayor tiempo el virus y que la mejor y segura opción es usar materiales reutilizables. Mire aquí esta declaración firmada por más de 100 especialistas en salud pública, epidemiología y virología respaldando estas afirmaciones.

Es apremiante que la autoridad ambiental de Morelos escuche las voces ciudadanas y ejerza de manera responsable sus facultades y atribuciones para impulsar la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, así como proteger la salud ambiental de los habitantes, eliminando los obstáculos que se pretenden publicar para reducir la contaminación por plásticos en el territorio morelense.

^[1] Presidenta de Academia Mexicana de Derecho Ambiental

^[2] Especialista en consumo responsable y cambio climático en Greenpeace México.

Greenpeace

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