El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) acudieron ante el Relator de la ONU para denunciar la criminalización de John Joseph Moreno Rutowski, abogado y defensor de los derechos humanos.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- ONGs denunciaron ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la criminalización de John Joseph Moreno Rutowski, abogado y defensor de los derechos humanos.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) acudieron ante el Relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, en contra de la persecución que sufre Moreno Rutowski, liberado tras permanecer 95 días tras las rejas en Baja California Sur.

“John Moreno es un ciudadano mexicano y estadounidense, así como indígena Lakota Siux, residente en Todo Santos, quien se ha involucrado directamente en los casos de defensa legal contra las posibles afectaciones ambientales de proyectos mineros y de desarrollo inmobiliario costero, Los Cardones en la Reserva de la Biósfera “Sierra de la Laguna” y “Tres Santos” en la delegación municipal de Todos Santos, BCS”, describieron en un comunicado.

En ambos casos, de acuerdo a la información, hay “irregularidades técnico-jurídicas en los permisos y/o autorizaciones expedidas, que han derivado en la interposición de acciones legales”.

Las organizaciones expusieron ante el Relator que el gobierno estatal de Baja California Sur ha hecho “un mal uso deliberado del derecho penal y ha manipulado el poder punitivo para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho de defender los derechos humanos, pues la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos”.

En agosto, John Joseph abandonó el Centro de Readaptación Social (Cereso) de La Paz en Baja California Sur, luego de permanecer 95 días encerrado, sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno.

“La Juez Primero Penal de La Paz, BCS, resuelve otorgar la libertad provisional bajo caución a John Moreno. Seguirá enfrentando la acusación del supuesto delito de despojo pero sin restricción de su libertad personal”, confirmó a SinEmbargo Arturo Rubio Ruiz, defensor legal de Moreno.

“Ya es un hecho [la liberación]. John duerme en casa”, escribió Helena Rutowski, madre de John a este medio.

El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que, acusan, está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.

En Baja California Sur, el estado gobernado por Carlos Mendoza Davis, la denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opuso al desarrollo del proyecto inmobiliario al considerar que además afecta el suministro de agua de la zona, pretende despojar a los pescadores de sus tierras y representa daños considerables al ecosistema.

El pasado 19 de mayo, John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue detenido y acusado del delito de despojo junto con su cliente Joella Faith Corado, ciudadana mexicana-estadounidense, que según su abogado, no tiene que ver con el caso Tres Santos, pero que fue “un daño colateral”.

El pasado 9 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor del activista. Días después se celebró una audiencia que duró más de 4 horas, en la que se le otorgó la libertad.

“En cumplimiento a la resolución de amparo otorgado a John por la Justicia federal, se llevó a cabo la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se revocó la misma para dictar en su lugar una libertad caucional”, agregó el abogado Rubio.

Con ese amparo, la defensa de John solicitó que se quedara sin efecto el auto de formal prisión y que en su lugar se dictara un auto de libertad para ambos, ya que el delito de despojo –del que se les acusa– no requiere prisión preventiva, como señala el artículo 19 constitucional.

Además, otro de los principales argumentos fue que el ministerio público utilizó evidencias falsas y que la Jueza Penal Rosalía J. Domínguez no valoró.

Organizaciones civiles, el propio abogado Rubio, además de la familia de Moreno acusaron que la detención se trataba de una violación a los derechos humanos por parte de la Jueza Primero Penal Rosalía J. Domínguez.

-Con información de Ivette Lira.