Ángel Amílcar se encontraba en una casa en Tijuana, Baja California, en espera de su coyote para poder cruzar a Estados Unidos. Ronald James acababa de mudarse a Taxco, Guerrero, para abrir un taller en el paraíso de la plata. Laurence Maxwell estudiaba en la Ciudad de México un doctorado en Letras. Los tres son extranjeros: hondureño, estadounidense y chileno, respectivamente. Los tres fueron detenidos por las autoridades mexicanas en 2009, 2013 y 2014, respectivamente. Los tres fueron torturados. Sin embargo, la Cámara de Diputados sigue sin descongelar la minuta de la Ley General contra la Tortura y el gobierno mexicano insiste en que son casos aislados.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Mientras la minuta de la Ley General contra la Tortura está congelada en la Cámara de Diputados y el gobierno mexicano se empeña en seguir negando que la tortura es una práctica generalizada en el país, más casos siguen saliendo a la luz, incluso de extranjeros en territorio nacional.
En marzo de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que en México la tortura sea “generalizada”, como afirmó en su informe Juan E. Méndez, Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En abril de este año, tras la filtración de un video que evidenciaba tortura de militares contra una mujer en Ajuchitán, Guerrero, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció “una sentida disculpa”; sin embargo, también expuso que se trató de un hecho “aislado”.
Este día, no obstante, la agencia Associated Press presentó la historia de Ronald James Wooden, quien abrió un taller en Taxco, Guerrero, pero en 2013 la policía lo detuvo –acusándolo de alterar el orden– y lo golpeó durante más de cuatro horas. El hecho resalta porque es ciudadano estadounidense y, apenas en junio, logró que un juez federal ordenara al Gobierno de México iniciar una investigación penal formal por tortura y secuestro.
Ronald no es el único extranjero torturado en México.
En 2009, cuando comenzaba la guerra contra el narcotráfico, Ángel Amílcar Colón Quevedo salió de Honduras hacia Estados Unidos para poder pagar la atención médica de su hijo Ángel Elvir, diagnosticado con cáncer. Pero antes de pasar la frontera, policías en Tijuana allanaron la casa donde se encontraba. Al tratar de huir, alterado por los disparos del operativo, fue detenido y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud.
Posteriormente –documentó el CentroProdh– fue víctima de múltiples abusos, agresiones y tortura por elementos del Ejército y por policías federales. Estuvo preso por más de cinco años y hasta el 16 de octubre de 2014 fue liberado, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó sus conclusiones de no acusación.
También el chileno Laurence Maxwell experimentó el horror de la tortura durante la manifestación masiva del 20 de noviembre de 2014, a solo dos meses de la desaparición de 43 normalistas.
Fue detenido por policías en la Ciudad de México y, contó, al ser trasladado de la capital a la prisión en Veracruz, fue torturado. En diciembre, ya libre por falta de pruebas en su contra, anunció que presentaría una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura.
CNDH Y AI EXIGEN LA LEY CONTRA LA TORTURA
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió ayer una vez más al Congreso de la Unión aprobar “a la brevedad” la Ley General contra la Tortura cuya minuta sigue sin ser discutida luego de que el Senado de la República la aprobó.
Durante el Encuentro Internacional “Mecanismos Internacionales de Prevención de la Tortura”, el Ombudsman expuso que un Estado que asume los derechos humanos como uno de sus principios esenciales, no puede permitir “que exista impunidad en ningún caso de tortura”.
En junio, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, la CNDH ya había llamado al poder Legislativo a aprobar de inmediato la ley en la materia.
Amnistía Internacional reportó en 2014 que los informes sobre tortura y otros malos tratos aumentaron en México a partir del 2006 como consecuencia del incremento de violencia por la “guerra contra las drogas” implementada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el 2013 hubo un 600 por ciento más de denuncias respecto al 2003, las cuales “son sistemáticas” y coinciden en prácticas como la semiasfixia, las palizas, la violencia sexual, las amenazas de muerte y las descargas eléctricas.
Un año después, en octubre de 2015, en su informe “La epidemia de la tortura en México continúa” la organización documentó que a nivel federal, el número de denuncias de tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) aumentó más del doble entre 2013 y 2014 de mil 165 a 2 mil 403 casos, de los cuales mil 622 se encontraban bajo investigación.
La tortura y los malos tratos están también muy extendidos a nivel estatal. De acuerdo con el Informe sobre Patrones de Violaciones a Derechos Humanos del Centro Prodh, en México hubo al menos 10 mil 400 denuncias de tortura y otros malos tratos en 2014.
“La falta de seguimiento y control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr una condena”, acusó Amnistía Internacional en su reporte anual.
Los médicos oficiales, añadió, a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido.
Asimismo exigió que la Ley General contra la Tortura garantice que los expertos forenses oficiales, tanto médicos como psicológicos, sean totalmente independientes de la PGR y estén separados de ella institucionalmente. Además debe permitir que los exámenes forenses independientes tengan el mismo peso en los procedimientos judiciales que los exámenes forenses oficiales para no obstaculizar la investigación.
“Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, justificó en su informe.
ÁNGEL (HONDURAS): TORTURADO Y PRESO 5 AÑOS
Hace siete años, Ángel Amílcar Colón Quevedo, hondureño de origen garífuna, tuvo la necesidad de salir de su país natal rumbo a Estados Unidos para ayudar económicamente a su familia y poder cubrir la atención médica de su hijo mayor, Ángel Elvir quien tenía cáncer, y meses después falleció.
De acuerdo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional fue detenido en México por su condición de migrante y afrodescendiente. El 9 de marzo de 2009 policías mexicanos allanaron la casa en Tijuana, Baja California, donde un coyote lo había obligado a quedarse antes de llevarlo a la frontera. Fue torturado y sometido a malos tratos –como asfixia– por elementos del Ejército y policías federales antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal para obligarlo a autoinculparse en la comisión de delitos.
Posteriormente, utilizando como base esa declaración obligada, fue acusado de delincuencia organizada y posesión de armas en el marco del auge de la guerra contra el narcotráfico. Por esos delitos que no cometió estuvo preso por cinco años y seis meses. Ángel fue liberado hasta octubre de 2015 ante la falta de pruebas. Por supuesto, nunca recibió la reparación del daño.
“Para evitar la macaneada que pretendían darme [los militares] comencé a realizar las peticiones que me pedían: me pusieron a limpiar los zapatos de otros detenidos con mi saliva, dar mi vestimenta a otros, realizar posturas militares que no sabía. Me insultaban. Me convirtieron en el payaso que divierte a su público”, aseguró en su declaración escrita.
Amnistía Internacional lo declaró “preso de conciencia” porque consideró que la tortura y el maltrato al que fue víctima tuvo un factor de discriminación racial por su origen afro descendiente garífuna y resultó en su encarcelamiento y en un procesamiento injusto.
Antes de partir de Honduras, fue presidente de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la cual se dedica a defender los derechos culturales y territoriales del pueblo garífuna con el fin de lograr su supervivencia.
“Las autoridades buscan incriminar a este grupo de población vulnerable [personas migrantes] para aparentar una supuesta respuesta efectiva en la investigación de delitos de alto impacto social, como delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros”, acusó la organización internacional en julio de 2014.
La Procuraduría General de la República (PGR) no investigó su denuncia de tortura y se negó a retirar los cargos a pesar de que a principios de 2014 expertos forenses –médicos internacionales independientes– lo examinaron y concluyeron que las pruebas médicas de tortura eran coherentes con sus reiteradas denuncias.
“Si a los exámenes forenses independientes se les otorgara un peso completo en los procedimientos judiciales, estos obstáculos a la investigación de la tortura se eliminarían”, expuso Amnistía Internacional en su informe de octubre de 2015.
El Centro Prodh decidió asumir la defensa integral de Ángel Amilcar y hacer público su caso. Actualmente, se encuentra de regreso en Honduras, donde espera el apoyo prometido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de su país.
RONALD (EU): GOLPEADO POR MÁS DE CUATRO HORAS
Ronald James Wooden, se trasladó de Texas a Taxco, una localidad guerrerense reconocida por su industria de la joyería en plata, para abrir un taller. Desde un inicio recibió amenazas de un vecino que decía ser miembro del cártel “Guerreros Unidos” y le pedía un pago de 10 mil pesos mensuales para su protección.
En 2013, el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos. Ambos hombres llamaron a la policía, dijo Wooden a la agencia AP. Cuando los agentes aparecieron, se fueron directamente contra él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo. Lo detuvieron “por estar ebrio y alterar el orden”, lo cual él niega.
“Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer”, aseguró a la agencia.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado (CEDH) de Guerrero halló en 2014 que la Policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance. Se determinó que el estadounidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.
Además emitió una directiva que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.
Hasta el momento, nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden. Pero un juez federal ordenó el 30 de junio que el Gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en su caso.
“Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo”, explicó Wooden a AP. “Lo que me ocurrió a mí le ha ocurrido a otras personas (…) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones”.
Además de los daños físicos, Wooden declaró que parte de su equipo fue sustraído. Él y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes. Además, no ha podido emprender nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.
LAURENCE (CHILE): DETENIDO Y TORTURADO
Laurence Maxwell, estudiante originario de Chile, fue detenido el 20 de noviembre de 2014 tras una manifestación multitudinaria en la Ciudad de México que exigía la presentación con vida de 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Llevaba alrededor de ocho años viviendo en la capital mexicana y estaba esperando realizar su examen de doctorado en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tocaba la trompeta con un grupo de músicos locales. En Chile fue dirigente estudiantil contra el régimen de Augusto Pinochet.
Junto con otras 10 personas más fue acusado de intento de homicidio, asociación delictuosa, terrorismo y motín a partir de declaraciones de policías federales que aseguraron que habían participado en los disturbios de manera coordinada, aunque la defensa sostuvo en todo momento que todos fueron detenidos en lugares distintos y algunos, como Maxwell, sin que participaran en ningún ataque o hecho de violencia.
El chileno y los otros detenidos fueron llevados a penales de máxima seguridad. Durante el traslado de la capital mexicana a la cárcel de Alta Seguridad de Veracruz, fue torturado física y verbalmente, dijo posteriormente en entrevistas.
Ante su situación, amigos, familiares y personas tanto de Chile como de México manifestaron su apoyo y exigieron su libertad. Nueve días después un juez ordenó su liberación por la falta de elementos en su contra.
Junto con las personas que estuvo detenido, Maxwell interpuso una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tortura en contra del gobierno mexicano.
“Desde que somos detenidos hasta que somos liberados, fue un proceso absolutamente irregular, todo fue irregular” le dijo Laurence al diario chileno Emol. “La manera en que nos tomaron detenidos, la violencia con que nos trataron. Nos golpearon, pero fuimos los menos golpeados de todos los que estaban ahí. En total éramos 25, algunos con la cabeza rota, desmayados, sin camisa, sin zapatos”.
“Todo el traslado que duró 3 horas y media fueron de apremios, amenazas y golpes”, narró. “Viajamos esposados, con la cabeza entre las piernas y nos decían que nos iban a trozar en pedacitos, que nos iban a quemar, que nos iban a meter en fosas comunes, que no teníamos derechos humanos. Es decir, terrible. Nos llevaban en una camioneta sin logo y los tipos iban de civil, pero vimos que eran de la Procuraduría General de la República”.
