Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo/LaOpinión/Zeta).– La cuenta regresiva para destrabar la huelga en el Valle de San Quintín, Baja California, sigue en marcha y los campesinos se mantienen firmes: “No aceptaremos ni un peso menos a los 200 diarios”, dijo Lucila Hernandéz, vocera del movimiento que paralizó a una de las regiones agrícolas más fructíferas del país.
El 4 de junio se prevé una nueva mesa de negociaciones entre jornaleros, gobierno y empresarios con miras a poner fin al paro laboral que arrancó el 17 marzo cuando los trabajadores –en su mayoría migrantes del sur del país- se manifestaron contra los miserables pagos y abusos de todo tipo, desde violaciones sexuales a trabajo infantil, horas extras sin pagar y sin seguro social.
Marco Estudillo Bernal, vocero del Consejo Agrícola de Baja California, que aglutina a los ranchos más importantes de la zona, adelantó que los agroindustriales no están de acuerdo con ese monto. "No hay variación en nuestra propuesta de aumentar sólo el 15 por ciento", insistió.
La exigencia original de los huelguistas era llevar hasta 300 pesos el salario por día además de las prestaciones sociales, pero ante la resistencia de los empresarios bajaron a 200. “No alcanza ni para la comida, pero no queremos ser radicales”, comenta Hernández.
Lucila y su familia fueron atacados esta madrugada con piedras que desconocidos lanzaron a su casa, aparentemente para intimidarlos, cuenta en entrevista telefónica con este diario.
“No tenemos más enemigos que los rancheros y por eso desde ahora los acusamos por cualquier cosa que nos pueda pasar”.
El sueldo es el único tema que resta para resolver el conflicto. Juventino Martínez, otro de los voceros del movimiento se encuentra optimista. Dice que muchas empresas ya están aplicando el pago de 200 y que el principal opositor es el rancho “Los Pinos”, el más grande de todos. “Ya queremos seguir trabajando”.
Entre los acuerdos logrados la semana pasada figuran: una campaña de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no retener o condicionar el salario; mejora de vivienda, alimentación y seguridad; respeto a derechos laborales tales como días libres y embarazo; no permitir trabajo infantil; fideicomiso para el desarrollo de la zona; padrón para programas sociales;
nuevo sindicato y autonomía sindical, y no represalias.
ENCUENTRO ENTRE AUTORIDADES Y JORNALEROS
El 13 de mayo fue una noche larga en Ensenada, precedida de un fin de semana conflictivo como pocas veces se había visto en San Quintín. Los reporteros recibieron casi al amanecer una copia tamaño carta con los temas acordados. La jornada terminó en zafarrancho en los exteriores de la Administración Portuaria Integral (API), pero ahora no entre jornaleros y policías, sino entre jornaleros y periodistas.
A pesar de la intensa jornada de negociación que se extendió hasta las cinco de la mañana del jueves 14 de mayo, las partes no pudieron concretar un incremento salarial de 200 pesos diarios, y pospusieron la negociación para el próximo 4 de junio, tres días antes de las elecciones intermedias en Baja California para elegir candidatos federales.
La fecha del encuentro entre jornaleros y gobierno originalmente estaba pactada para el viernes 8 de mayo, pero el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava dejó plantados a los líderes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, lo que desembocó en actos vandálicos como la quema de dos patrullas, la presencia del tanque “El Tiburón”, el incendio de las instalaciones de la Delegación Vicente Guerrero, el bloqueo de vialidades a la colonia “La Misiones” y el enfrentamiento físico entre policías y civiles, que incluyó balas de goma.
Reagendada para el miércoles 13 de mayo, a las tres de la tarde llegaron a Ensenada cinco camiones cargados con simpatizantes de la Alianza de Jornaleros. Entre éstos y reporteros sumaban unas 300 personas que se mantuvieron a la espera de los resultados del encuentro.
Después arribaron el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, el dirigente de Confederación de Trabajadores de México, Eligio Valencia Roque y la delegada federal del Trabajo, Minerva Torres.
Atardeció y el frío de diez grados centígrados apretaba y el ambiente se tornó tenso entre manifestantes, guardias de seguridad privada y representantes de los medios quienes insistían en ingresar a la sala de juntas como lo prometieron en un inicio las autoridades del Gobierno del Estado, incluso con un conato de violencia.
A diferencia de las reuniones anteriores celebradas en el sur del municipio, los líderes se presentaron esta vez con otro rostro y actitud distante con los reporteros. Durante los recesos se les pudo ver sonrientes y amigables en los pasillos del edificio público, mientras que con la prensa demostraron una actitud evasiva.
“¡Periodistas!... van a pensar que somos nosotros los que tenemos el escándalo, no echen a perder lo que hemos estamos esperando por 20 años. Más respeto por favor”, gritaban a lo lejos los simpatizantes de los líderes llevados hasta allí por un convoy de cinco autobuses y escoltados por patrullas federales.
Afuera del edificio, en la madrugada del 14 de mayo, los presentes hicieron sus casas de campaña en las banquetas, jardineras y la entrada al edificio, donde tendieron chamarras, chalecos y hasta con cartones se cubrieron de las bajas temperaturas y la brisa marina.
“Lo que tiene que hacer uno por unos cuantos pesitos más, pero ojalá y Dios nos den lo que pedimos porque no alcanza para nada”, mencionó Luisa, una mujer de Tapachula, Chiapas, quien viajó sola para apoyar al grupo.
EN ESPERA DE LOS RESULTADOS
“A la expectativa…” definió muy bien Luis Barrita la actitud de los cientos de jornaleros y sus familias que desde el mediodía del miércoles 13 se apostaron a ambos lados de la avenida principal de la colonia “Las Misiones”, en donde permanecieron hasta el amanecer del día siguiente para recibir a sus líderes.
Era una muchedumbre y la expectativa tensa: “Estamos esperando los resultados”, se referían muchos como si del marcador final de un partido de futbol se tratara.
Desde Maneadero, y en puntos como Punta Colonet, Camalú, Ejido Díaz Ordaz, Vicente Guerrero y fuera del Centro de Gobierno, los jornaleros a la espera iban de los unos cuantos a decenas, con el mismo sentir: “Esperando que ya haya respuesta”.
¿Y si no la hay?, se les preguntaba y ahí la reacción era variada: “No sabemos aún…”, “los de arriba van a decidir”, “se va armar chido…”, “se va a hacer el desmadre”, “vamos a cerrar las carreteras”, “ser pacíficos ya no funciona”.
También había preocupación por Fermín, Fidel, Justino, Bonifacio y Lucila, “por qué se los llevaron para allá…”, “Dios quiera y los regresen con bien”, “cuál fue la idea de llevárselos a Ensenada”.
Oscureció en la colonia “Las Misiones” y la cantidad de gente se duplicó. Con oradores al micrófono, comida, fogatas aquí y allá, toda la comunidad se congregó en la calle en una tierra sin ley ni vigilancia: “No…aquí los policías ya no entran…De hecho desde antes de lo del sábado nunca han entrado…”.
Los golpes, pedradas, balazos y gritería con que amaneció el sábado pasado la “Nueva San Juan Copala” ahora eran anécdotas para el recuerdo: “Del tiburón saliendo corriendo los policías, los tupieron a patadas y unos hasta lloraban, pedía clemencia que también tenían familia”, narra una residente.
Pese a que los líderes de la Alianza se han deslindado de los disturbios, todos los habitantes de la comunidad festejan la forma en que los policías y sus vehículos fueron atacados y echados de la zona. Y hasta revelan datos para la nota: “En la Delegación Vicente Guerrero que quemaron, entramos y encontramos en las oficinas de todo…condones…revistas para adultos, tangas…ahí quedaron por la calle regados todos los condones…¡qué bien se la pasaban los policías adentro!”.
O lo más grave aún. Cuentan que al huir el personal de la Delegación, así como los policías estatales en la calle, dejaron regadas algunas pistolas, chalecos antibalas, y otras armas que se llevaron los jóvenes que vandalizaron… “y nadie, ni el gobierno, ha mencionado de eso”.
En medio de la romería, la espera continuaba, y la desesperación y ganas de una respuesta definitiva; si no… “¡lo que venga!” “¿Con qué nos vamos a defender?” “¿Con llantas quemadas?...no queremos votaciones…no queremos gobierno. Hemos sido muy respetuosos...”.
DICHOS Y DESDICHOS
“Sabemos que el crimen se ha cometido desde hace muchos años en el ámbito laboral, y ahora ya es un asesinato directo de parte de la Policía Ministerial, coordinado por el Gobierno de Baja California y el subsecretario de Gobernación”, señaló directamente Fidel Sánchez, uno de los cinco voceros de la Alianza de Jornaleros, tras los disturbios que dejaron una Delegación en ruinas, dos patrullas, carbonizados varios carros de empleados municipales y la tanqueta “El Tiburón” de policía estatal vandalizada.
Acusó a Enrique Miranda Nava de propiciar detenciones masivas para denostar su movimiento: “Los compañeros jornaleros han guardado la compostura, hasta ahorita, sin embargo por parte de la Policía Ministerial no, ya hay tres muertos”, aseveró.
Al día siguiente el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, informaron en conferencia de prensa que la intervención de la Policía Estatal Preventiva había acudido a una llamada de emergencia al C4 tras la llamada de auxilio del propietario del “Rancho Seco”, a quienes unos muchachos le estaban quemando el cerco y amenazaban con incendiar todo el campo.
Al llegar los elementos aparecieron más atacantes de la colonia aledaña, “Las Misiones”, y fue cuando se suscitó el enfrentamiento. Los elementos respondieron con balas de goma para salvar su humanidad, dijeron oficialmente.
Pero nunca explicaron lo de la presencia del “Tiburón”, del que los jornaleros reiteran: “Por qué traen un tanque, si no somos narcos, ni estamos de guerra”.
El Gobierno del Estado desmintió que hubiera muertos, “ni siquiera hay un solo herido en las distintas clínicas del sector salud en Ensenada”, aseguró. Mientras, en las calles los líderes y jornaleros exigían la liberación de los detenidos y la cabeza de Francisco Vega: “¡Que caiga el Gobernador!”.
En los días siguientes los líderes de la alianza aceptaron que, en efecto, no había muertos, pero sí algún herido “de bala de verdad al que le dispararon en las piernas”, así como otros dos que al quedar tirados por el impacto de las gomas de bala y al no reaccionar, “pensamos que habían muerto”.
Lo que no aminoró el agravio, aclaró: “Claro, no son heridas graves, pero está el compañero al que le quebraron la cabeza, la compañera a la que le tumbaron los dientes, este niño de 7 años que fue golpeado brutalmente por la Policía Estatal…”.
Pablo Alejo Nuñez, subsecretario de Gobierno y Arnulfo de León Lavenant, quien incluso hasta estuvo a punto de llorar al tratar de convencer a los jornaleros de estar ayudándolos en su calidad de Procurador de los Derechos Humanos de Baja California –“nadie ha atendido más quejas en la historia de la PDH”–, trataron de calmar los ánimos al comprometerse por lo pronto a atender cada uno de los casos de los detenidos y proceder a liberar de inmediato a los menores, con la condición de que los jornaleros desbloquearan las vías en las colonias, a la vez que éstos pidieron el retiro de las decenas de patrullas y policías estatales y municipales intimidándolos en la carretera, en una tregua que se prolongó al miércoles 13.
