Según un acuerdo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ahora los seis jueces adscritos al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, serán competentes para conocer y resolver las solicitudes hechas por la Fiscalía.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- El consejo de la Judicatura Federal (CJF) estableció quienes serán los jueces responsables de resolver las peticiones de la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a la información financiera o bloquear las cuentas bancarias de los involucrados en investigaciones por delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según un acuerdo publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ahora los seis jueces adscritos al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, serán competentes para conocer y resolver las solicitudes hechas por la Fiscalía.
Los juzgadores de dicho centro estarán facultados para conocer y atender las peticiones de arraigo, de localización en tiempo real, de requerimiento de información relativa al secreto bancario o fiscal y de aseguramiento de activos financieros, desde el inicio de la investigación inicial, durante la misma y hasta antes de que se judicialice el asunto.
Conoce las modificaciones al Acuerdo General 5/2019 del Pleno del #CJF por el que se creó el Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones https://t.co/kruWV3KZRy
— CJF (@CJF_Mx) May 21, 2019
Además, tendrán injerencia en las solicitudes de cateo, arraigo, intervención de comunicaciones, aseguramiento de activos financieros y requerimiento de información relativa al secreto bancario o financiero presentadas por el Ministerio Público de la Federación en la etapa de averiguación previa.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado la inconstitucionalidad de los bloqueos a cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en casos de supuesto lavado de dinero, dichas modificaciones no mencionan la necesidad de una orden judicial para estos casos.
El acuerdo tampoco hace referencia a los delitos fiscales que derivan de procedimientos en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede acceder a la información bancaria de los contribuyentes sin necesidad de orden judicial.
Dicho acuerdo se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suprimiera en marzo de 2018 la facultad de la FGR para bloquear las cuentas bancarias de los involucrados en investigaciones, sumado a la declaración de inconstitucionalidad, hecha por la propia Suprema Corte, de un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a los bancos a entregar información de sus clientes al Ministerio Público Federal.
Luego de dichos fallos, particularmente de la declaratoria de inconstitucionalidad, diversos casos fiscales de alto perfil se han visto amenazados de ser declarados improcedentes debido a que las acusaciones hechas a los imputados se basa en información obtenida sin la autorización de un juez.
El acuerdo antes mencionado fue aprobado el pasado 15 de mayo, por lo que entró en vigor al día siguiente.
