Genaro García Luna no fue detenido en México porque ni el gobierno de la República encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así lo quisieron. Aprehendido en diciembre de 2019 en los Estados Unidos, por lo menos durante un año, entre diciembre del 2018 que tomó posesión el titular del Ejecutivo Federal y cuando cayó ante la justicia norteamericana, lo tuvieron a su alcance las instituciones mexicanas, y le permitieron vivir en la impunidad.

Salvo el tráfico de droga o las declaraciones falsas, los delitos de corrupción a través de sobornos, asociación delictuosa y eso de “traicionar a México…”, que aseveró el fiscal en Nueva York el 23 de enero de 2022, los delitos los cometió, supuestamente, García Luna en México.

Hoy día, en el juicio que inició el lunes en la Corte de Distrito de Nueva York, lo que está en evidencia es la corrupción solapada del sistema de seguridad y justicia mexicanos. Esto lo ha develado, aun cuando ya lo había declarado en México, el primer testigo de la fiscalía norteamericana en el proceso contra el ex secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, el narcotraficante, ya liberado, Sergio Villarreal Barragán, el Grande.

Una frase del que fuera primero policía estatal, posteriormente lugarteniente del cártel de Juárez, luego del cártel de Sinaloa y al final de los Beltrán Leyva, resume la corrupción en el sistema mexicano: “En México todo es posible, hay mucha corrupción”, sentenció casi al final de su declaración.

Y sí, en México todo es posible. Como el hecho que García Luna sobreviviera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y todavía en el de Andrés Manuel López Obrador, presidente que ha incluido el juicio contra el ex funcionario en sus conferencias matutinas, pero que no revela porqué su gobierno no lo investigó, capturó y proceso. Ni siquiera ha solicitado, como sí lo ha hecho con la fiscalía de los Estados Unidos, que la fiscalía general de la República, aun a cargo del fiscal ausente Alejandro Gertz Manero, haga pública la información contenida en la carpeta de investigación que abrió contra Genaro García Luna y que es justificante principal de la solicitud de extradición del ex secretario de seguridad al gobierno de los Estados Unidos, solicitud que presentó la Embajada de México en los Estados Unidos a semanas de la aprehensión en diciembre de 2019.

Pero no hay nada de información pública en México. De hecho, el martes 24 de enero el presidente López Obrador reveló que van por el dinero en una denuncia que el gobierno de México interpuso en la corte de los Estados Unidos, lo cual confirmaría el canciller Marcelo Ebrard al decir que se trata de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, no por la FGR, en 2021, cuando dicha dependencia la encabezaba Santiago Nieto.

Fuera de eso, los mexicanos sabremos de los presuntos delitos que cometió García Luna, y de hecho otros ex funcionarios y corporaciones, a partir del juicio que se le sigue en los Estados Unidos, porque en México, goza, como muchos narcotraficantes, de impunidad.

El Grande, por ejemplo, fue aprehendido en Puebla en el 2010, confesó por lo menos haber quitado la vida a unas 90 personas en la guerra de cárteles, haber representado al cártel de Juárez, al de Sinaloa y a los Beltrán Leyva, pero nada de eso sirvió a la entonces procuraduría general de la República para iniciarle una investigación. Dos años después de la captura, en el 2012, lo extraditaron a los Estados Unidos, donde autoridades de aquel país lo liberaron siete años más tarde, en 2019. Sus víctimas en México no recibirán justicia.

Este narcotraficante confeso inició su carrera criminal a mediados de los noventa, y la mantuvo en una sangrienta escalada durante 17 años, hasta 2010 cuando fue detenido por elementos de la Marina de México. En sus declaraciones en el primer día del juicio contra Genero García Luna en Nueva York, si su testimonio es válido, evidenció la corrupción en por lo menos tres unidades de seguridad mexicanas: en la secretaría de seguridad pública, en la procuraduría general de la República (por lo menos a través de la SIEDO), y en el Ejército Mexicano. A los miembros de estas instituciones refirió directa e indirectamente, los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva les pagan millones de dólares en sobornos.

De García Luna fue más explícito aun cuando no aportó, hasta el momento, prueba alguna más allá de su dicho. Reveló que el cártel de Sinaloa con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, al frente, le pagaba sobornos, y lo mismo hacía Arturo Beltrán Leyva, el Barbas. Que cuando empezaron la guerra entre estas dos organizaciones criminales, García Luna “trabajaba” para todos los bandos, y que “fuerzas del orden” apoyaban al Chapo.

Refirió dos detenciones donde se unen todos. El cénit de la guerra de cárteles lo describió cuando Joaquín Guzmán Loera utiliza a las “fuerzas del orden” para atacar a enemigos y aliados, y en ese contexto se da la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, hermano del Barbas, a manos del Ejército Mexicano, lo que indica que tal institución militar estaba al servicio del capo del cártel de Sinaloa.

Para vengarse de la “traición” y afrenta, Arturo Beltrán Leyva ordenó, luego que el Grande lo convenció de no asesinarlo, que detuvieran a Jesús Zambada García, el Rey, hermano del otro líder criminal del cártel de Sinaloa, para que fuera hermano por hermano. En su relato, el Grande dijo que le encomendaron esa tarea al Ejército Mexicano, pero que los soldados encargados de la aprehensión “vendieron la información a gente del Rey”, frustrando la detención.

Los criminales no se detuvieron ahí. Cambiaron de institución y ofrecieron la información para que capturasen al Rey Zambada a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) de la PGR, y para estar seguros que llevarían a cabo la aprehensión, miembros del cártel de los Beltrán Leyva, incluido Villarreal Barragán, se hicieron pasar como agentes de la corporación, con uniformes y credenciales, para participar en el operativo que en octubre de 2008 terminó con la captura de Jesús Zambada García, el Rey.

En solo dos días de declaraciones este narcotraficante, ya libre, reveló al gobierno de los Estados Unidos, la corrupción en la secretaría de seguridad, la PGR, y el Ejército Mexicano, corrupción que ni entonces ni ahora, en México ha sido debidamente investigada, ni en el sexenio siguiente de Enrique Peña Nieto, ni en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

Quienes estuvieron atentos a los hechos de violencia en medio de la guerra contra las drogas, no les será difícil recordar que, efectivamente, para 2009, hicieron a un lado al Ejército Mexicano en la estrategia de combate de alto impacto para dar paso a la Marina de México. Incluso, en diciembre de 2009, fue abatido en un operativo de la Marina para detenerlo, Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, quien, de acuerdo con el Grande, era protegido por el Ejército, la PGR y la secretaria de seguridad pública.

Los hechos de corrupción en las distintas corporaciones policíacas activas en México, o las Fuerzas Armadas, no se han detenido. Hace unos meses aquí dimos cuenta, por ejemplo, del involucramiento de dos Marinos, uno abatido y el otro herido, cuando intentaron rescatar a un narcotraficante al que servían en un poblado de Baja California Sur.

Sin embargo, como el Grande, libre en los Estados Unidos y no investigado en México, las autoridades de este país esperan que se combata la corrupción no en casa sino en el extranjero. Acá, en el país donde todo es posible, la única certeza que se tiene por parte del gobierno es la impunidad.

Adela Navarro Bello

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