En el comunicado, la cooperativa también incluyó un esquema de la “ruta que se siguió” para la toma ilegal de las instalaciones y el nombre de la misma, en la que se detallan los momentos jurídicos en los que las autoridades judiciales fallaron en su contra, y con ello, beneficiaron a los supuestos usurpadores.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– Miembros de la Cooperativa Cruz Azul señalaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx) está actuando a favor de un grupo que “ilegalmente ocupa el nombre y las instalaciones” de la cooperativa, por lo que solicitaron la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por medio de un comunicado de prensa, informaron que los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa “La Cruz Azul” enviaron una carta dirigida al Jefe del Ejecutivo federal para que los apoye en la recuperación de sus instalaciones y de sus derechos sobre las mismas.
Acusaron que Rafael Guerra, Magistrado presidente del TSJ-CdMx, en complicidad con los jueces sexagésimo, octavo, vigésimo cuarto y quincuagésimo cuarto, son las autoridades judiciales que violentaron los derechos de los “auténticos cooperativistas” a partir de sus dictaminaciones en favor los usurpadores José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel.
—Ruta para control ilegal de Cooperativa Cruz Azul
La cooperativa también expuso que la participación del Coordinador General de Investigación Estratégica de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CdMx), Facundo Santillán, y los jueces de control en el conflicto de La Cruz Azul, Júpiter López y Agustín Moreno, dieron incertidumbre y crearon miedo y tensión entre los cooperativistas auténticos al dictar 20 órdenes de aprehensión y detener a dos personas “de manera injusta”.
“Crearon un ambiente de incertidumbre, tensión y miedo entre los auténticos cooperativistas, lo que ha derivado en 20 órdenes de aprehensión sin fundamento, dos personas injustamente presas, un socio fallecido en un accidente que nunca debió ocurrir y más de 500 familias en desamparo, entre jubilados, pensionados y viudas”, se lee en el documento.
De acuerdo con los cooperativistas, en la carta que enviaron a López Obrador agregaron que la justicia federal suspendió los “actos producto de la asamblea realizada el 5 de abril de 2021, que fue convocada ilegalmente por los usurpadores Marín y Velázquez en beneficio de intereses, en clara violación a la ley, a las reglas internas y en detrimento del patrimonio de los cooperativistas”.
Finalmente, solicitaron al Presidente la restauración de la legalidad, la paz social y la devolución de la cooperativa, “que se les permita exponer evidencias que sustentan de manera contundente sus demandas para poder poner fin al conflicto de la cooperativa”.
