Las recientes detenciones de funcionarios y mandos de la Marina vinculados al huachicol fiscal derriban uno de los relatos más repetidos en México: la supuesta incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas. Durante años se les colocó en un pedestal frente a la corrupción civil. Hoy confirmamos que esa idea no resiste la realidad. A la par, el Gobierno de Claudia Sheinbaum marca un parteaguas político respecto a su antecesor. Son días en que los mitos caen y se dibujan encrucijadas.
El mito de las Fuerzas Armadas incorruptibles ha sustentado decisiones políticas de enorme calado. Se gestó durante el llamado “régimen de la transición” y encuentra hoy un punto de quiebre. Con Ernesto Zedillo comenzó la militarización de la seguridad pública; con Felipe Calderón alcanzó una dimensión inédita y desató la crisis de violencia que aún padecemos. Con López Obrador, la lógica se expandió entregándoles el control de puertos, aduanas, trenes, aeropuertos y hasta bancos.
El caso actual exhibe los riesgos de esa apuesta. Concentrar funciones estratégicas en manos castrenses no garantiza eficacia ni honestidad. Sí, en cambio, multiplica la opacidad y diluye los controles democráticos. Las instituciones militares no son transparentes ni rinde cuentas plenas al poder civil, aunque se insista en lo contrario.
Por eso no convence el recurso retórico de “unas cuantas manzanas podridas”. Lo revelado apunta a una red de criminalidad, seguramente entre varias, que involucra a mandos militares, funcionarios civiles y empresarios. Se trata de un sistema de complicidades que florece en la oscuridad que rodea a las labores castrenses y en el pacto de silencio al que aspiran prominentes personajes de la coalición gobernante.
Este proceso también pone al actual Gobierno en una encrucijada. No sólo porque se distancia de la estrategia de su antecesor —basada en una confianza ciega en los militares como pilar de gobernabilidad— ni porque aquel permitió a los grupos criminales expandirse sin freno. El golpe alcanza a nada menos que a los sobrinos políticos del exsecretario de Marina. La fractura con el legado inmediato será inevitable en la medida en que salgan a la luz más pactos político-criminales.
Hay un factor adicional difícil de ignorar. Estas detenciones difícilmente habrían ocurrido sin la presión de Estados Unidos en temas de contrabando y lavado fiscal. Una vez más, parece que el Estado mexicano sólo mueve piezas sensibles cuando un actor externo lo exige.
La parte alentadora es que este caso muestra que el Estado sí tiene capacidad para procesar esquemas complejos de criminalidad. Se siguió la ruta del dinero, se documentaron complicidades y se detuvo a mandos de alto nivel. Pero esa eficacia contrasta con la impunidad en otros ámbitos, donde los asesinatos de periodistas, las desapariciones masivas o las masacres quedan archivados por la indolencia burocrática y las complicidades políticas.
El riesgo es que todo termine en un ajuste limitado, sin abrir de verdad las cloacas. Si el caso se reduce a unos cuantos nombres, el mensaje será que la justicia actúa sólo cuando conviene políticamente o cuando lo exige un “aliado” extranjero.
La pregunta de fondo es si el Gobierno reconocerá que el problema es estructural y que se requiere un cambio de rumbo. Un Estado fuerte no blinda a sus Fuerzas Armadas, sino que las somete, como a cualquier otra institución, al imperio de la ley, al escrutinio y a la rendición de cuentas. El proyecto político en el poder requiere, también, mandar un mensaje de congruencia mínima con su rechazo a la corrupción empezando por limpiar la casa.
Seguir ampliando la militarización tras este episodio sería un error estratégico para una democracia de por sí agónica. Convertir al Ejército y a la Marina en policía, administradores de aduanas y aeropuertos o constructores de obra pública, sin controles civiles ni transparencia, sólo asegura que las redes de corrupción bajo uniforme se multipliquen. Esperemos que este sea el golpe de timón que nos regrese a la normalidad civil y rompa con décadas de impunidad dentro del sistema político.
