Han pasado cuatro mil 015 días desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida la trágica noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014. Son 11 años ya desde esta desaparición masiva, y los padres y madres de los estudiantes siguen sin saber dónde están sus hijos.
Recuerdo aún las primeras versiones sobre la desaparición masiva y costaba creer que fuera cierto que en el México de los primeros años del siglo XXI fuera posible que ocurriera un hecho de tal magnitud. Pero ocurrió y este caso de desaparición masiva conmocionó al país y fue un golpe a la conciencia social y política de millones de mexicanos (y de extranjeros) acerca de la grave situación de inseguridad y de virtual guerra informal que vivimos en México.
Aunque ya se conocían miles de casos de desaparición en el país, el caso Ayotzinapa significó un golpe de conciencia de la gravedad de la situación en el país. Si en un solo acontecimiento era posible la desaparición de 43 estudiantes jóvenes, cualquiera podía desaparecer en el país.
El enorme impacto que generó la desaparición de los 43 normalistas despertó una sentimiento de rabia y rechazo en buena parte de la sociedad mexicana que se tradujo en una oleada de movilizaciones que sacó a la calle a cientos de miles de personas. Muy pronto una sola consigna apuntó a los responsables: “Fue el Estado”, se pintó en el Zócalo de la Ciudad de México y en bardas y carteles en todas las ciudades del país.
Fue tan impactante el caso Ayotzinapa, que muchos analistas coinciden en que la convicción de la responsabilidad estatal en este hecho representó el principio del fin del Gobierno de Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En lugar de encarar los hechos y llevar a cabo una investigación exhaustiva basada en la búsqueda de la verdad y la justicia, el Gobierno de Peña Nieto intentó calmar la indignación social generada por la desaparición de los 43 presentando de manera apresurada una supuesta “verdad histórica” que apuntaba que cuerpos policiales locales los habían detenido y entregado luego a una célula del crimen organizado para después incinerarlos esa misma noche en el basurero del municipio de Cocula, en el estado de Guerrero.
Pero esta “verdad histórica” trataba de ignorar la magnitud del hecho represivo ocurrido en la noche de Iguala, donde además de las desaparición de los 43 estudiantes, se asesinó a tres más y a otros tres civiles. Pero además se hirió por arma de fuego a decenas más. En la “investigación” del Gobierno de Peña Nieto se negó tanto la presencia y participación de policías federales como de integrantes del Ejército, especialmente del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.
Tras el fracaso del Gobierno de Peña Nieto para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ofreció a los padres que él sí llegaría a la verdad de este caso.
Ya como Presidente electo se reunió con los padres y se comprometió a conformar una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, a la vez que autorizó el regreso de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Los primeros cuatro años del Gobierno de López Obrador las familias de los 43 vieron avances en la investigaciones, pero todo se detuvo abruptamente hacia agosto de 2022, cuando la Fiscalía Especializada del caso apuntaba hacia la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Y a pesar de órdenes expresas del Presidente, la Sedena se negó a entregar 800 folios que los padres y el GIEI esperaban que les dieran información importante sobre la desaparición de sus hijos.
Ahora con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los padres y madres le han dado un voto de confianza para reencausar la investigación, que se les entreguen esos 800 folios de Sedena, se extradite a los involucrados y se regresen los integrantes del GIEI para fortalecer el esclarecimiento del caso.
Pero llegamos al aniversario número 11 y los 43 siguen sin ser encontrados. Lamentablemente la impunidad en el caso Ayotzinapa ha alentado a que la crisis por desaparición de personas siga en aumento en el país. En 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas, había en el país 23 mil 605 personas desaparecidas. Hoy, 11 años después, lamentablemente han aumentado 110 mil casos para llegar a más de 130 mil desaparecidos en México. La impunidad en el caso Ayotzinapa ha propiciado que sigan aumentado las desapariciones en el país.
