No podemos permitirles que se sientan cómodos y relajados en sus nuevas responsabilidades en el Poder Judicial de la Federación. Los ciudadanos, todos, hasta donde el entendimiento y las capacidades alcancen, tenemos el derecho y la obligación de exigir a los integrantes del renovado Poder Judicial de la Federación que cumplan con sus deberes, y que atentos a la exigencia de la gente, combatan los abusos, la negligencia deliberada, perversa y cómplice, y la malsana corrupción que pudre las fibras más sensibles del tejido social.
Ya se han expresado en el horizonte las primeras señales de que existe una fuerte resistencia al cambio y que será importante combatir, desde el primer momento, los perniciosos hábitos de quienes han hecho de la justicia un botín y un negocio. El Poder Judicial es el guardián de valores sociales muy importantes y todos los ciudadanos estamos obligados a observarlo con cuidado y exigirle, en forma enérgica, que responda al mandato del pueblo, que con muchas ilusiones en un cambio profundo, acudió a las urnas el pasado mes de junio para elegir ministros, magistrados y jueces. El pueblo los puso, el pueblo manda y están obligados a cumplirle al pueblo en una de sus más sublimes aspiraciones.
El bien superior que está en manos del Poder Judicial es la justicia, pues de la correcta aplicación de la ley se deriva la preservación de otros bienes jurídicos irrenunciables, como el derecho a la libertad y la vida. Y cuando hablamos de derecho a la libertad no sólo nos referimos a la libertad física, también va implícito en el concepto la libertad de conciencia, que responde a los más sinceros impulsos del corazón y del razonamiento.
Todos queremos vivir en paz y es responsabilidad del Estado preservar ese bien superior. Por eso es de enorme importancia recuperar algunos de los conceptos que se expresaron en la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en el documento que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el lunes 5 de febrero del 2024: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Por eso fue que en esa iniciativa se propuso la creación de “un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades amplias para recibir denuncias, investigar conductas presuntamente ilegales o ilícitas, y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial que no cumpla la Constitución y las leyes o no rijan su actuación con honestidad, legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia, observando en todo momento las formalidades esenciales del debido proceso, pero privilegiando la justicia y el interés colectivo”.
El propósito de la reforma al Poder Judicial, y así se expresó en la iniciativa, fue “establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad”.
La reforma al Poder Judicial fue motivada por el sano propósito de “romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron para el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos”.
La reforma estuvo orientada por el propósito de restituir la confianza ciudadana en las instituciones y funcionarios judiciales que cayeron en el desprestigio debido a los abusos y excesos de personas que se resisten a entender la dimensión de la transformación que vive México, y a confiar en la madurez política y la sabiduría de nuestro pueblo, se argumentó en la iniciativa de López Obrador.
Es probable que a la mayoría de la gente no le signifiquen algo los nombres de Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate, Indira García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar. Pero su papel en el futuro desempeño del renovado Poder Judicial es clave, porque ellos integran el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, la instancia constitucional que es responsable de vigilar y sancionar la conducta de ministros, magistrados y jueces que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia.
Hasta donde hemos podido observar, los nuevos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial son personas que gozan de buena fama pública y conocimientos jurídicos solventes, salvo que se demuestre lo contrario. Por eso será trascendente la forma como investiguen y resuelvan las dudas razonablemente justificadas sobre las decisiones que en fechas recientes han tomado tres jueces de distrito y un magistrado de circuito.
Apenas este miércoles primero de octubre nos enteramos que la recién electa Jueza de distrito, Emma Cristina Carlos Ávalos, especializada en materia penal, en el Primer Circuito Judicial correspondiente a la Ciudad de México, le otorgó una suspensión provisional, para que no sea encarcelado, al contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en el caso del huachicol fiscal, delito de delincuencia organizada por el cual ameritaría la prisión preventiva oficiosa. Este contralmirante es sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda y se encuentra prófugo de la justicia.
El pasado viernes 26 de septiembre del 2025, la también recién electa Jueza de distrito en materia penal, Yaksi Kinari Alquicira Vázquez, acreditada como Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, ordenó liberar a los 38 integrantes de la guardia de Jahzer, un grupo paramilitar de la iglesia la Luz del Mundo, que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco, quienes fueron capturados el pasado miércoles 24 de septiembre del 2025, cuando realizaban ejercicios de adiestramiento clandestino en la población de Vista Hermosa, Michoacán. Consideró ilegal la detención y ordenó su liberación inmediata.
Otro impartidor de justicia federal, Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en Zacatecas, concedió a Raúl Beyruti Sánchez, conocido como “El Rey Facturero”, las facilidades para que sea procesado sin acudir físicamente a su audiencia y sin ser encarcelado, pese a que está acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por los cuales se hace acreedor a la prisión preventiva oficiosa.
Y en Monterrey, el recién electo Magistrado de Circuito Roberto Rodríguez Garza, es señalado de haber resuelto, como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, pese a que ya estaba electo como magistrado federal, un asunto en el cual habría aumentado el monto que tendría que pagar el gobierno de la entidad a Universidad CNCI, propiedad de TV Azteca, por presuntos adeudos de dos administraciones estatales anteriores. Podría presumirse un conflicto de interés y un presumible arreglo indebido, pues el Magistrado Rodríguez Garza trabajó para las dos parte en conflicto: el despacho de abogados del actual Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la Universidad CNCI que se beneficiaría con el pago de 438.6 millones de pesos.
¿Hasta dónde estas resoluciones de tres jueces y un magistrado se apegaron al derecho, y a la correcta y honrada interpretación de la ley? Eso tendría que resolverlo el Tribunal de Disciplina Judicial, que lleva sobre sus hombros la enorme responsabilidad de probar que el proyecto de justicia de la Cuarta Transformación tiene sentido, es honrado y valiente, para cumplir con los imperativos éticos de no mentir, no engañar y no defraudar al pueblo.
