En la narración de varios asesinatos recientes, Carlos Manzo, Lic. David Cohen, y Miguel Uribe Turbay candidato presidencial Colombiano, emerge un hilo inquietante: jóvenes que ejecutan órdenes de asesinato por una suma de dinero, con una falsa idea que podrán escapar impunemente. Este patrón no es sólo una historia de crímenes aislados; es una señal de alerta sobre un contexto social que fabrica víctimas a la vez que perpetradores. Quienes pagan y quienes ejecutan el acto han dejado de ser simples protagonistas de una noticia para convertirse en símbolos de una falla estructural que exige respuesta urgente.
Primero, la similitud entre los casos es contundente. En las grabaciones o relatos de estas operaciones, se observa una motivación única: el dinero como único propósito. El joven acusado de seguir instrucciones hasta lograr el objetivo no muestra un plan claro de fuga ni una red de apoyo que asegure su regreso a casa. En muchos casos, los guardaespaldas o las autoridades intervienen, y la violencia termina de forma brutal. Este patrón de impulsividad, carencia de logística y confianza ciega en la impunidad no puede ser interpretado como simple maldad juvenil; debe leerse como una consecuencia de fallas en el tejido social.
La pregunta que no podemos evadir es: ¿qué llevó a estos jóvenes a convertirse en ejecutores de asesinatos? La respuesta, preocupantemente, se apoya en factores estructurales. Un estudio y la experiencia empírica señalan que la falta de oportunidades, el abandono familiar, la debilidad de redes de apoyo comunitario y la inercia de instituciones que no logran intervenir a tiempo crean un caldo de cultivo propicio para que jóvenes sean captados por redes delictivas. En algunas ciudades, más del 90 por ciento de los homicidios se atribuyen a personas que han sido reclutadas o afectadas por la marginación social durante su juventud. Este dato, describe además de una realidad delictiva, una crisis social de grandes proporciones.
Es crucial entender que la violencia juvenil no nace en el vacío. Cada vida que se pierde —ya sea la de un candidato, un abogado, un funcionario público o un ciudadano común— es también una pérdida para la sociedad que falla en proteger a sus miembros más vulnerables. Los jóvenes que deciden entrar en una espiral de violencia a menudo son vistos por su entorno como invisibles: ausentes de oportunidades reales, desbordados por necesidades básicas insatisfechas, y sin modelos de vida que les muestren caminos distintos a los del crimen. Este distanciamiento entre la vida cotidiana y las expectativas que la sociedad ofrece alimenta una mentalidad de “todo vale” cuando la recompensa parece grande y el costo personal se diluye en la bruma de la impunidad.
La responsabilidad no recae únicamente en los agresores (los cuales de sobrevivir deberán ser sancionados con energía jurídica), también en las instituciones, desde la familia hasta el Estado, que tienen un deber ineludible de prevención y contención. Familias que no cuentan con apoyos, escuelas que no detectan a tiempo señales de alerta, y políticas públicas que no brindan oportunidades de desarrollo pueden terminar por facilitar la conversión de jóvenes en víctimas que, en su desesperación por salir adelante, eligen consumir la violencia. La prevención debe ser temprana, integrada y sostenida: políticas de educación, empleo juvenil, atención psicológica accesible, programas de mentoría y redes de apoyo que conecten a jóvenes con proyectos de vida reales y dignos.
Esta reflexión es indispensable que se aborde por quiénes gobiernan y los que aspiran al poder político en el país, con mucha mayor urgencia que organizar convocatorias a la confrontación, pues esto último sólo interesa a quienes están disputando el poder, en cambio la atención específica aún gran problema social es del interés común de toda la población del país. Es tiempo de que los grandes actores con capacidad de decisión adviertan, que hay urgencias sociales superiores a los réditos políticos de las circunstancias de la vida y la muerte en México.
Asimismo, la sociedad debe cuestionar la narrativa fácil que reduce estos casos a “mala conducta individual” sin mirar el entramado que los sostiene. No es útil demonizar a todos los jóvenes ni justificar la violencia; es imprescindible reconocer que, cuando un joven es obligado o tentado a convertirse en ejecutor, las fallas del sistema son, en gran medida, responsables del resultado trágico. La reparación social pasa por crear condiciones para que una alternativa viable a la violencia exista y sea visible.
En términos de política pública, se requieren acciones coordinadas y sostenidas:
- Fortalecer la detección temprana de vulnerabilidad y la intervención social en comunidades de alto riesgo.
- Ampliar y hacer accesible la educación, la formación laboral y las oportunidades de empleo para jóvenes.
- Invertir en redes de apoyo comunitarias: centros juveniles, protocolos de intervención en escuelas y campañas de prevención que involucren a familias y líderes locales.
- Garantizar que las víctimas y sus familias reciban apoyo integral: atención psicológica, asesoría legal y asistencia para reconstruir proyectos de vida.
- Evaluar y reformar las respuestas institucionales ante la violencia para evitar la repetición de patrones de impunidad que alimentan el miedo y la indiferencia social.
La idea central es simple y, a la vez, exigente: la sociedad no puede permitirse perder a más jóvenes en una lógica de ganancia rápida que destruye comunidades enteras. Cada joven que encuentra una vía de realización, cada programa que evita que alguien caiga en la violencia, cada red de apoyo que funciona, es una inversión en seguridad y dignidad para todos.
Las muertes mencionadas —del Alcalde, del candidato, del abogado— no deben interpretarse como casos aislados; deben entenderse como consecuencias sociales de un sistema que no ha logrado cuidar a sus jóvenes. Si queremos reducir la violencia y evitar que otros jóvenes se conviertan en víctimas y ejecutores, debemos actuar con compromiso, inversión y empatía. Los muertos son víctimas de otras víctimas; pero también pueden convertirse en el punto de inflexión que impulse un cambio real si la sociedad decide mirar de frente las causas y tomar medidas audaces para sanar.
