El proceso de autocratización que se vive en el país en las últimas semanas se ha encontrado con tres desafíos que podrían complicarlo en el corto y mediano plazo: Una economía en riesgo de estancamiento por el pronóstico del Banco de México en 2025, la inseguridad, con especial énfasis, en la violencia política que intensifica la crisis de gobernabilidad en vastas regiones del país y unas respuestas institucionales que no parecen estar a tono con la gravedad de la situación y más cerca de un cierre de filas.
El Banco de México, recientemente, recortó su previsión de crecimiento para 2025, que pasó de la ya de por sí baja 0,6 por ciento a sólo 0,3 por ciento. La explicación: una contracción del PIB en el tercer trimestre de este año.
Este ajuste de bajo crecimiento aviva el debate sobre la situación económica del país particularmente en indicadores muy sensibles como son inflación, empleo, inversión y perspectivas económicas para 2026.
La crisis de seguridad, que viene de lejos y ha costado la vida de más de 230 mil mexicanos en los gobiernos de la 4T y ha dejado una severa crisis económica y social en varias regiones del país.
Esta crisis adquiere otra dimensión con el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez que encendió las alarmas sobre la inseguridad en el país. Y es que, en los últimos 12 meses, 10 presidentes municipales en funciones fueron asesinados, lo que evidencia una preocupante ola de violencia contra las autoridades locales.
Este fenómeno que alcanza a políticos y al que da seguimiento Data Cívica, que en su último reporte mensual destaca que el asesinato de Manzo Rodríguez “fue uno de los episodios más representativos de la escalada de violencia político-criminal que afecta a las autoridades locales en el país. Su homicidio fue el tercero contra un Alcalde en Michoacán en lo que va de 2025. Desde 2018, hemos registrado el asesinato de nueve alcaldes en funciones y de cinco personas candidatas a ese cargo en esta entidad, además, de otros ataques contra actores del ámbito político”.
Finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta institucional a estos problemas? Bajo el argumento de la corrupción este año el gobierno implementó elecciones para cargos judiciales a través de medios no convencionales que dejaron la sensación de una falta de legitimidad por la escasa participación de los ciudadanos en el ejercicio y la utilización de los famosos “acordeones” que sirvieron para elegir jueces, magistrados y ministros, resultando la mayoría de ellos afines al gobierno morenista.
Este mecanismo de elección ha generado críticas en el ámbito internacional y entre analistas, académicos y actores políticos que señalan un riesgo de retroceso institucional y debilitamiento del Estado de Derecho por el dominio de la política sobre el poder judicial.
Pero, quizá, el efecto más grave, es el impacto en la relación con los socios comerciales agrupados en el T-MEC en cuanto no garantiza confianza y seguridad jurídica, y eso ya ha provocado una caída de la reinversión.
Ahora bien, el pilar de toda autocracia de izquierda o derecha radica en los apoyos sociales que la sostiene y le permite avanzar. En México, lo vimos en las elecciones con los más de 30 millones de votos que recibió primero el candidato López Obrador y segundo, la candidata presidencial, Sheinbaum Pardo.
López Obrador, sostuvo hasta el final de su mandato un alto nivel de aprobación que transmitió a su sucesora, mientras, Sheinbaum Pardo, ha venido a menos al pasar de 83 al 72 por ciento de acuerdo con encuestas nacionales, pero, de acuerdo con la prestigiada firma Global Leader Approval Rating Tracker de Morning Consult la aprobación pasó del 62 al 41 por ciento reportando una desaprobación del 53 por ciento.
Los resultados de esta firma demoscópica internacional, recordemos, solía presumirla López Obrador en las conferencias mañaneras cuando él aparecía en segundo lugar en la escala mundial sólo por debajo de Draupadi Murmu, la Presidenta de la India y, ahora, en Palacio Nacional no se menciona para no revelar la caída en sus niveles de aprobación.
O sea, detrás de esa valoración a la baja, existe una mezcla de factores que van desde quienes consideran que la personalidad de Sheinbaum sólo se explica en la del tabasqueño, la percepción de que la administración estratégica se sigue dirigiendo a través de operadores políticos del “hombre fuerte” de la 4T y al anclaje que representan figuras como Adán Augusto López Hernández o Ricardo Monreal o, muy pronto, Ernestina Godoy, como la nueva Fiscal General de la República y, por supuesto, esa larga lista de gobernadores y alcaldes que se la deben a López Obrador, y quieren seguir debiéndosela para continuar con sus carreras políticas.
En este horizonte nebuloso está el costo político de esta estrategia y alianzas notoriamente perniciosas para cualquier gobierno que tiene márgenes estrechos de operación política y están congestionando la vida pública, como lo vemos diariamente con los deudos por la crisis de seguridad, trabajadores del Estado, universitarios, maestros, campesinos, transportistas… y que, el pasado 15 de noviembre, se rompió con el guión “de que los derechos de manifestación están garantizados y no vamos a reprimir”, cuando los contingentes que acompañaron a los miembros de la Generación Z fueron apaleados por las fuerzas de seguridad del gobierno de la Ciudad de México. Y hoy dos decenas de ellos enfrentan procesos judiciales y algunos acusados de “tentativa de homicidio” contra policías. Ninguno de ellos, por cierto, del llamado Bloque Negro.
El caso de los agricultores que piden mejores precios de garantía y el de los transportistas que se pronuncian contra la inseguridad que se vive en las carreteras del país, si bien ha tenido su cuota de descalificación, señalandolos como manipulados por partidos políticos opositores. La Presidenta Sheinbaum ha sido tajante, especialmente con los agricultores al decirles que no hay dinero para apoyarlos cuando estarían en los límites de los costos de producción de granos.
En definitiva, las reformas constitucionales y reglamentarias, la elección popular de jueces, magistrados y ministros o la represión contra los contingentes que se manifestaron el 15 de noviembre reavivan el debate sobre la libertad de expresión, la represión, los derechos ciudadanos y hasta el papel del Estado ante las manifestaciones sociales, pero, también, el futuro de la economía, la seguridad pública, la justicia, la gobernabilidad.
