La nueva captura de César Duarte reactivó señalamientos sobre la red de protección política que operó en torno al exgobernador de Chihuahua. En entrevista con "Los Periodistas", el también exgobernador y hoy Senador Javier Corral indicó que el caso no sólo exhibe la magnitud del desfalco atribuido al priista, sino también las omisiones que permitieron que por años conservara los bienes que obtuvo a costa del erario.
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Javier Corral, acusó que la actual administración de Chihuahua, encabezada por María Eugenia Campos, abandonó deliberadamente un amplio proceso civil en Estados Unidos que buscaba recuperar propiedades del exgobernador César Duarte Jáquez, detenido este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, permitiendo así que el exmandatario presumiera una supuesta exoneración que nunca ocurrió.
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Corral quien sucedió a César Duarte en el Gobierno de Chihuahua, explicó que, durante su administración, se contrató a un despacho especializado en recuperación de activos, el mismo que había operado en el caso de Veracruz contra Javier Duarte.
“El Gobierno de Chihuahua contrató un despacho de abogados que se dedica a la recuperación de activos… Ese despacho llevaba un juicio civil para recuperar activos en Estados Unidos; nosotros les dimos una lista de 10 propiedades de César Duarte en El Paso, Nuevo México y Arizona. Ese despacho nos informó que había encontrado bienes y propiedades relacionados con Duarte, cerca de 50”, dijo.
Sin embargo, Corral aseguró que al finalizar su mandato y, al entrar la nueva administración de Maru Campos, el caso fue abandonado. “Ese juicio lo dejaron morir. Luego salieron a decir que había exonerado a Duarte, que las autoridades, el FBI, la DEA. Son cínicos y mentirosos y la Gobernadora es parte de eso”, señaló.
El Senador relató que esta situación provocó que el exgobernador César Duarte aprovechara el vacío para autoproclamarse inocente ante la opinión pública.
"Él salió a pavonearse de que había sido exonerado. Ese mismo mentiroso salió a decir que la DEA, el FBI, y que todas las autoridades de Estados Unidos lo había investigado, lo habían exonerado y que él ya no tenía nada que ver, cuando en realidad lo que había sucedido es que la Gobernadora de Chihuahua había dejado de contestar todos los requerimientos del despacho de abogados y ese asunto el juez lo cerró".
El caso del exgobernador César Duarte Jáquez (2010-2016) representa el mayor escándalo de corrupción en la historia de Chihuahua. Desde junio de 2024, estaba fuera de prisión por un cambio de medida cautelar que le permitió al exmandatario no recuperar su vitalidad pública hasta este lunes que la Fiscalía General de la República, hoy en manos de Ernestina Godoy Ramos, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que corresponde a una orden de arresto emitida el 16 de mayo de 2024.
La Fiscalía General del Estado (FGE) había documentado una sofisticada red de complicidades que operaba durante su mandato, como reveló La Verdad de Juárez en una amplia investigación publicada hace unas semanas. El modus operandi consistía en que Duarte, a través de funcionarios de alto nivel en secretarías clave como Hacienda y Educación, ordenaba el desvío de recursos públicos. Se simulaban licitaciones y contratos con empresas fachada —como Kepler Soluciones Integrales— que luego devolvían el dinero en efectivo al exgobernador, fondos que, según las investigaciones, fueron destinados a campañas políticas, sobornos e incluso a la adquisición de bienes que le permitieron acumular un patrimonio de más de 195 millones de pesos, superando con creces sus ingresos legítimos.
El andamiaje de la impunidad se cimentó en el Poder Judicial. Duarte se aseguró de nombrar magistrados cercanos a él para puestos clave, garantizando un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a modo. Un ejemplo claro fue la elección de Myriam Victoria Hernández Acosta, nombrada Magistrada en la era duartista, como presidenta del TSJ el mismo día que se autorizaba la extradición de Duarte. Durante su gestión, se denunció la persecución y el acoso contra jueces que habían llevado los casos de corrupción, entre ellos Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien había vinculado a proceso a la actual gobernadora.
La llegada de María Eugenia Maru Campos Galván a la gubernatura no detuvo, sino que engrasó la maquinaria. A pesar de prometer "ni perdón ni olvido" para Duarte, su gobierno ha sido señalado por omisión deliberada en la entrega de pruebas y en el seguimiento de apelaciones. El conflicto de intereses es evidente: Campos fue acusada y vinculada a proceso por recibir dinero de la "nómina secreta" de Duarte, y posteriormente nombró como Fiscal General del Estado a César Jáuregui Moreno, quien previamente había confesado su propia participación en el mismo esquema de corrupción.
Tan solo entre 2014 y 2015, María Eugenia Maru Campos acudió mensualmente a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para recoger dinero de la “nómina secreta”; una vez que tenía el efectivo en mano, la también subcoordinadora del grupo parlamentario del PAN firmaba recibos que luego se usaron como prueba en las investigaciones de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública.
El modus operandi se repetía con al menos otras 33 personas, que en su mayoría ocupaban algún puesto público. Duarte, de acuerdo con las investigaciones, siempre era quien ordenaba a Hacienda la entrega de los recursos.
La protección del sistema judicial se extendió más allá de las fronteras. Una demanda civil interpuesta en Texas en 2019 para reclamar 50 propiedades del exgobernador y su familia valoradas en 25 millones de dólares fracasó y fue desestimada. Según el exgobernador Javier Corral, esto se debió a que el gobierno de Maru Campos no atendió ni respondió a los requerimientos de la firma de abogados Buzbee para aportar elementos de prueba cruciales para el juicio, dejando impune la presunta riqueza ilícita en Estados Unidos.
"¿Cuál es el papel de María Eugenia Campos antes y ahora? Pues el de complice, beneficiaria y protectora porque no puede hacer otra cosa, él le sabe muchas cosas", dijo Corral.
No solo eso.
El principal cargo que pesó sobre César Duarte Jáquez tras su extradición fue el de peculado y enriquecimiento ilícito por el presunto desvío de miles de millones de pesos del erario de Chihuahua durante su sexenio (2010-2016). Inicialmente, el exgobernador enfrentó 21 órdenes de aprehensión por el desvío de 2 mil 468 millones de pesos para fines como campañas electorales, sobornos a figuras públicas y el aumento de su patrimonio personal. Sin embargo, debido a fallas procesales, omisiones gubernamentales y la aplicación de la "regla de especialidad" del tratado de extradición, actualmente solo enfrenta en libertad un único caso penal que lo acusa del desvío de 96.6 millones de pesos, una cifra que los críticos consideran insignificante frente a la magnitud total de la corrupción.
Otro pilar de las acusaciones fue el enriquecimiento ilícito del exgobernador y su familia. Durante su mandato, Duarte recibió un sueldo total de 12.2 millones de pesos, pero en su última declaración patrimonial reportó bienes por más de 195 millones de pesos. Este aumento desproporcionado se explica con el uso de recursos públicos para beneficio personal, como ordenar vuelos en la flota estatal para viajes no oficiales de su hijo o pagar deudas de la tarjeta American Express de su esposa, Bertha Gómez Fong, con fondos públicos. La empresa de su esposa, Hidroponia de Parral, también fue señalada como parte de la red para captar dinero público.
A eso se sumó que desde Ciudad de México, el gobierno federal informó que el exgobernador acaparaba de manera ilegal cerca 700 mil metros cúbicos de agua en uno de sus ranchos. En su conferencia mañanera del 28 de mayo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicaron que en el rancho El Saucito se encontraron una presa, cinco represas y un pozo que no tenían los documentos que acreditaran su uso legal.
Al respecto, Javier Corral sostuvo que la nueva detención de Duarte representa “la interrupción de la impunidad”, que asegura, le brindó la Gobernadora. Recordó que Campos formó parte de la llamada nómina secreta del exgobernador, “un mecanismo corrupto y corruptor por el que silenciaba a medios, compraba voluntades en el Congreso local o federal o incluso entre empresarios y líderes religiosos y que ascendió a más de mil millones de pesos”.
Según el Senador, al asumir la gubernatura, Campos actuó en favor de Duarte: “Cuando María Eugenia llega al Gobierno de Chihuahua… se le brinda una protección a César Duarte e incluso se le libera”.
Corral recordó que Duarte enfrenta “múltiples procesos, 20 órdenes de aprehensión no cumplimentadas”, además de la causa penal que motivó su extradición por peculado agravado y asociación delictuosa.
Finalmente, el Senador dijo que el cumplimentación de la nueva orden de aprehensión, “pone fin otra vez a esa impunidad, digo que pone fin otra vez porque Duarte ya había sido prófugo de la justicia, había estado huyendo por varios años en Estados Unidos”.
