El sino del escorpión ha agotado la lectura del Informe Mundial sobre Desigualdad 2026 y ha confirmado sin lugar a dudas que la desigualdad no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y estructuras económicas claramente dirigidas a concentrar la riqueza y el poder del planeta en unas pocas manos; una situación injusta a lo bestia que exige inmediatas respuestas fiscales y sociales coordinadas a nivel nacional y global, para combatir tamaño desfiguro.
Esta sería la conclusión más obvia de esta última reporte del World Inequality Lab, editado por cuatro de los mayores expertos en políticas económicas de la actualidad: Lucas Chancel, Ricardo Gómez-Carrera, Rowaida Moshrif y el mismísimo Thomas Piketty, autor de clásicos estudios de la economía que revelaron el verdadero rostro expoliador del capitalismo, como El capital en el siglo XXI (2013), Capital e ideología (2019) y Una breve historia de la igualdad (2022).
Además de los nombres anteriores, el informe se apoya en una red de más de 200 investigadores afiliados al World Inequality Database (WID), que colaboraron en la investigación de capítulos y apartados por cada región y país, además de realizar contribuciones técnicas y de revisión por pares, elementos que devienen esenciales en el desarrollo del informe de casi 300 páginas.
Además, insiste el alacrán, el informe llega en un momento clave de otra crisis del capitalismo (sí, una más), en la cual las promesas de recuperación luego de tantas crisis sucesivas se topan de frente con realidades económicas radicales a escala global: salarios estancados para la mayoría, activos financieros que se valorizan para unos pocos y estados que recortan gasto social justo cuando más se necesita. El reporte subraya entonces que la desigualdad es tanto una cuestión de distribución como de institucionalidad: no basta con crecimiento económico (ese otro gran fetiche) si la repartición de la renta y la riqueza favorece sistemáticamente a las élites económicas.
En términos periodísticos, el informe le dice al venenoso con toda claridad que la desigualdad ya dejó de ser un mero dato técnico para convertirse en el eje que explica por qué la polarización política, por qué el estancamiento de la movilidad social y por qué la confianza en las instituciones se desploma por todos lados. Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza en la cúspide, la insuficiente tributación sobre capital y herencias, y la erosión de los salarios reales frente a la valorización de activos. Estas dinámicas alimentan una espiral donde la riqueza genera más poder político y mayor capacidad para moldear normatividades y reglas a favor de intereses particulares siempre cuestionables por conflictos de interés.
En momentos en que los multimillonarios del mundo se sienten atacados y abogan por el derecho a la desigualdad y su derecho a no pagar más impuestos (Salinas Pliego dixit), las afiladas recomendaciones del reporte son claras y políticamente exigentes: impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza, impuestos a las herencias, fortalecimiento de la fiscalidad corporativa y mayor inversión pública en salud, educación y protección social.
Como comprueba este documento, no se trata sólo de recaudar más, sino de diseñar sistemas fiscales que reduzcan la capacidad de acumulación extrema a la que se han dirigido las políticas económicas liberales y neoliberales sin piedad, sistemas fiscales diseñados específicamente para financiar bienes públicos que sostengan la igualdad de oportunidades. A lo anterior, el informe añade la necesidad legal de la plena transparencia patrimonial y de medidas que limiten la elusión y la evasión fiscal transnacional, un punto crucial en un mundo donde el capital se mueve con facilidad entre jurisdicciones.
Para América Latina y otras regiones con históricas desigualdades estructurales, las lecciones del informe son dobles: por un lado, la urgencia de políticas redistributivas; por otro, la necesidad de fortalecer capacidades estatales para implementar reformas que no sean capturadas inmediatamente por intereses privados. La política fiscal redistributiva debe ir acompañada de reformas laborales, regulación financiera y políticas industriales que creen empleos decentes y reduzcan la dependencia de rentas de capital.
Otro de lo puntos más destacados a juicio del escorpión, es que el informe conecta desigualdad y sostenibilidad, algo que llega al corazón del capitalismo industrial: la crisis climática y la desigualdad se retroalimentan. Las poblaciones más vulnerables sufren primero y más, mientras que las emisiones históricas de gases y la acumulación de activos ligados a combustibles fósiles concentran beneficios en pocos actores. Por eso, si realmente se persigue efectividad de acciones en materia de sostenibilidad y ecología, las innumerables transiciones verdes abusivas, deben rediseñarse con justicia distributiva, combinando impuestos ecológicos progresivos con transferencias y reconversión laboral para no reproducir nuevas formas de exclusión.
Para lograr que, en medio de esta profunda crisis, pueda sobrevivir algún modelo efectivo de la democracia redistributiva, entendida como un espacio para la negociación colectiva de demandas y exigencias de igualdad, los gobiernos deben reconocer que la desigualdad es política y actuar en consecuencia.
Este Informe sobre Desigualdad 2026 no ofrece recetas mágicas, reflexiona el alacrán, pero sí el mapa de un camino difícil, tortuoso y no sin resistencias poderosas. Hay que realizar reformas fiscales históricas (ahí te quiero ver Secretaría de Hacienda) y lograr transparencia y políticas públicas redistributivas. Sin ellas, el mentado crecimiento al que tantos le prenden veladoras se mantendrá como lo que ha sido hasta ahora, un privilegio para que pocos concentren cada vez más riqueza y poder, mientras la mayoría recibe promesas vanas de progreso e igualdad.
