La lectura sobre la toma de Venezuela por el gobierno de Donald Trump y la extradición por la vía armada del dictador Nicolás Maduro, ya presentado en una corte de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, está lejos de ser sencilla, mucho menos clara.

Más bien lo que hay es incertidumbre ante una realidad que no ha cambiado para el pueblo venezolano que sigue gobernado por el régimen chavista en manos de Delcy Rodríguez, hija del exguerrillero marxista Jorge Arturo Rodríguez, apodada la "tigresa" por Maduro, por su línea dura.

Ahora es Rodríguez quien tiene las riendas del país sudamericano como presidenta interina. Es a esta abogada a quien Trump le ha advertido que acate su plan de transición con la amenaza de otra intervención militar en lo que parece un plan para América Latina en donde el Secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, juega un indudable papel central.

Dos han sido los argumentos del líder Republicano para intentar justificar la incursión un tanto anunciada de la ahora llamada Secretaría de Guerra, ya no de Defensa, en Venezuela: la reserva de petróleo crudo más vasta del mundo, y el riesgo del narcotráfico que involucra, además, a Colombia, con Gustavo Petro, y a México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ambos regímenes populistas de izquierda, con fallidas estrategias contra los cárteles.

Si bien es cierto que no se puede acabar con la ilegitimidad de una dictadura como la de Nicolás Maduro con una ilegalidad en términos de Derecho Internacional como la intervención armada de Donald Trump en Venezuela, para el caso de México lo que importa ahora más que nunca es cómo combatir a los cárteles en el peor momento, cuando incluso han corrompido instituciones de todos los niveles de gobierno, más en los 7 años de Morena en el poder.

En la acusación de 25 páginas que Estados Unidos dio a conocer contra el presunto narcoterrorista que gobernó Venezuela hasta el 3 de enero queda expuesto el riesgo: a grosso modo se hace referencia al actuar de la guerrilla colombiana, el cártel de Sinaloa, los ZETAS y el Tren de Aragua, entre otros grupos criminales que supuestamente operaban para la autocracia madurista.

El derrocamiento del dictador Nicolás Maduro no fue tal, no tomaron el control los venezolanos a través de una legítima lucha ciudadana ante años de opresión, hambre, complicidad criminal, abusos y excesos por parte del Estado; la del viernes fue la intromisión de un hombre al que menos podría importarle la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión o la justicia; Donald Trump, un delincuente convicto para la justicia de su propio país, utilizó el concepto acuñado por su administración de "narcoterrorismo" para hacerse del poder en Venezuela y tomar el control de la extracción y producción del petróleo en nombre del pueblo venezolano al que augura ganancias y mejoría económica, aunque no se sabe cuándo esto sucederá.

En la acusación de los Estados Unidos de América radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el principal argumento para lo que sería la vinculación a proceso de Nicolás Maduro Moros es su relación y la de sus principales colaboradores, esposa e hijo, con los cárteles de la droga de México, Venezuela y Colombia, de manera particular, aunque no limitativa. El párrafo inicial del documento de 25 páginas inicia así: “Por más de 25 años líderes de Venezuela han abusado de su posición pública para corromper a las instituciones una vez legítimas, para importar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos”.

El 20 de enero de 2025 el Presidente de los Estados Unidos comenzó a preparar el ataque al poder político de Venezuela y otros países del hemisferio occidental, al firmar y publicar el decreto para la “designación de los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados”. 

A partir de esa orden determinó que los cárteles internacionales, constituían una amenaza grave a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a partir de una “convergencia entre ellos y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos extranjeros antagónicos”. Y, no menos importante: “infiltración en gobiernos extranjeros en todo el hemisferio occidental”.

Justificando, además, que “Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”.

Entre las mafias que por decreto se convirtieron para los Estados Unidos en organizaciones terroristas, se encuentran en el documento signado por Trump, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Un mes después, el 20 de febrero, determinarían que seis cárteles mexicanos estarían en la categoría de organizaciones terroristas: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noreste (antes Zetas), el cártel del Golfo, el cártel Unidos y la nueva Familia Michoacana.

En la misma orden del 20 de enero el gobierno de Trump se armó para actuar en nombre de la seguridad nacional, contra estas organizaciones: “El Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional tomarán todas las medidas apropiadas, en consulta con el Secretario de Estado, para hacer preparativos operativos con respecto a la implementación de cualquier decisión que tome para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, 50 USC 21 et seq ., en relación con la existencia de cualquier invasión calificada o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos por un actor calificado, y para preparar las instalaciones que sean necesarias para acelerar la remoción de aquellos que puedan ser designados bajo esta orden”.

Un año después, el 3 de enero de 2026, Donald Trump dio su primer golpe certero en nombre de los cárteles de la droga: la aprehensión en territorio venezolano, del dictador Nicolás Maduro. Aunque a partir de ese momento, la narrativa oficial norteamericana haya comenzado a alejarse del discurso antidrogas y anticárteles, para centrarse en la restauración de un sistema de aprovechamiento del petróleo, en territorio ajeno, bajo el mando de una aliada como Delcy Rodríguez, quien fuera la Vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela en el régimen de Nicolás Maduro, y previamente y muy importante, Ministra del Poder Popular del Petróleo e Hidrocarburos de Venezuela.

En este sentido, con sus propias y construidas bases decretadas el 20 de enero el titular del gobierno de los Estados Unidos está en posición de intervenir cualquier país del hemisferio occidental que considere atenta con la seguridad nacional del suyo a partir del terrorismo, de los cárteles de la droga, lo que le lleva a la dominación de la geopolítica. 

En el nombre de los cárteles un gobierno como el de Estados Unidos puede actuar, dado que, tan sólo en 2024 y de acuerdo al UNODEC (Departamento de las Naciones Unidos sobre Sobre Drogas y crimen) ese país, el de Trump, es el principal consumidor de drogas global en el mundo, siendo apenas superado en ingesta de estupefacientes como la cocaína por países en Oceanía, o mariguana en el sureste europeo y América, interviniendo a cualquier administración, país, democracia o dictadura, como es el caso que nos ocupa hoy día.

El problema para naciones como la mexicana, la colombiana, la peruana y la boliviana, es que son los principales países de producción, distribución, trasiego y venta de droga del hemisferio occidental, el mismo del que ahora el presidente de los Estados Unidos, se ha nombrado protector en una especie de versión actualizada de la doctrina Monroe.

Las implicaciones para México de una intromisión (no intervención militar) son tan diversas como el número de cárteles de la droga que este país soporta y que mantiene impunes desde hace por lo menos 40 años. 

Hasta dónde estará la Presidencia de la República, ahora en manos y mente de Claudia Sheinbaum, dispuesta a combatir a los cárteles de las drogas, al crimen organizado, no sólo para garantizar la seguridad en México, sino para disminuir la exportación de drogas hacia los Estados Unidos. De eso dependerá la intromisión del vecino país, porque en tratándose de petróleo, México no está en los primeros cinco países con reservas de crudo, como sí está Venezuela.

Por tanto, y así lo ha demostrado desde que tomó posesión, Donald Trump encontrará la forma, sea vía una guerra arancelaria, o la amenaza latente de una intromisión, para presionar a México… ahora sí que el poder ejecutivo debe combatir a los cárteles que tanto vulneran a los mexicanos y al país, ya con estrategias certeras, no meramente discursivas. La gran duda, enorme, crucial es qué tan dispuesta estará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para hacer lo que corresponde. Tal parece que el futuro de la Nación de eso depende.