La propuesta de reforma político-electoral proveniente del Poder Ejecutivo que se discutirá en el periodo de sesiones legislativas en febrero próximo será, sin duda, el tema de mayor relevancia y tensión. Iniciativas similares el sexenio pasado, como los intentos de reforma política llamados Plan A y Plan B, significaron en las bancadas legislativas de PRI, PAN y PRD la llamada moratoria constitucional, que no fue otra cosa que un berrinche saboteador para no ver ni oír, al estilo salinista, ninguna propuesta del Ejecutivo.

Es predecible que los partidos de oposición hoy asuman un discurso catastrofista parecido, aunque cuentan con menos espacio en San Lázaro, debido a la decisión ciudadana en las urnas el año pasado. Pero el escenario está abierto y aunque la coalición gobernante cuenta con mayoría que le facilitaría el tránsito a la reforma, ésta no es un hecho seguro, a juzgar por la impredecible conducta de los partidos pequeños aliados, por ejemplo.

La disputa está por verse. Pero antes de ella debe recuperarse una serie de hechos importantes que explican las raíces ideológicas de la venidera propuesta de Reforma Política y el apocalíptico y cuasi religioso discurso que se le opone, que parece una resonancia de esa consigna, más puritana y fanatizada que realista y crítica, de que “El INE no se toca” de 2022.

Debe decirse primeramente que la Reforma Política ya comenzó desde hace siete años, cuando a propuesta del Ejecutivo en el inicio del sexenio de López Obrador, el fraude electoral fue tipificado como delito grave, y, en los hechos, en las elecciones federales a partir de 2018, como ha informado Pablo Gómez, no se ha gastado un sólo peso en acciones de compra de voto.

Eso debería dar un indicio claro de qué tipo de competencias electorales se busca consolidar. Y es ahí justamente donde radica una fuente de autoridad para que la Presidenta Claudia Sheinbaum hoy haga una propuesta en ese sentido, porque si hay un sector que conoce muy bien las técnicas acendradas de fraude electoral en el país, es precisamente la izquierda partidista, no porque las haya sólo estudiado, sino porque las ha padecido.

Hay amplia experiencia y aportes que han ayudado a construir instituciones electorales en ese sentido. Como se ha expuesto en esta columna anteriormente, las figuras democráticas de la nulidad abstracta, y la Reforma Electoral de 2007, son obra fundamentalmente de la izquierda movilizada que denunció fraudes electorales en Tabasco en 1994 y a nivel federal en 2006. Esas movilizaciones desde la izquierda -encabezadas por López Obrador y su entorno, donde sobresalía Claudia Sheinbaum- fueron clave para construir tales mejoras a la ley, para racionalizar los gastos y tiempos de campaña, y sancionar a los actores que injustamente ensuciaran la equidad de los procesos electorales.

Ese bagaje histórico derriba varios mitos de las derechas partidistas y de los académicos criptopanistas que se creen los únicos capaces de entender la historia de la transición. Y esos mitos son los de que “Morena ganó con base en las instituciones democráticas para desde el poder destruirlas” y el de que la propuesta de Reforma que preconiza la Presidenta es en sí misma autoritaria porque por primera vez el Poder Ejecutivo desde el poder propone un cambio en ese sentido.

La historia del movimiento obradorista que hoy gobierna ha sido prolífica en aportes de este actor político a las instituciones democráticas, como ya se señalaba respecto a la reforma de 2007; y si hoy una propuesta de Reforma viene del Poder Ejecutivo, es porque es la primera vez que la izquierda partidista está en el poder presidencial y cuenta con mayoría legislativa.

Así, la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum y la comisión especial que nombró para proponer tal reforma, tienen una legitimidad de origen, tienen toda la autoridad moral posible para exponer una propuesta que, por lo demás, será enriquecida con otras visiones. Negarles esa validez es una necedad y pareciera que esa postura entraña una consigna autoritaria, y esa es la de que una Reforma Electoral es válida si y sólo si proviene de la oposición.

Ya definida la autoridad moral de origen de la propuesta de reforma, bien valdría aventurar cuáles serían sus ejes centrales, es decir, los elementos principales que se buscarían modificar, de acuerdo con la visión de la izquierda respecto a cómo deben darse las competencias electorales y cómo debe ser el poder de ellos resultante.

El primer eje es sin duda el de fomentar la austeridad republicana. De esto hay indicios desde el sexenio pasado, cuando parte de la conflictiva relación entre el Presidente López Obrador y Lorenzo Córdova se dio precisamente porque en el INE hubo una negativa a acatar el mandato constitucional de reducir sueldos de altos burócratas. Un pilar ideológico fundamental de la reforma podría ser una reducción de costos tanto de las elecciones como del financiamiento a partidos; que desde mediados de los noventa tienen un desmedido recurso a pesar de que disminuyeron sus labores clásicas partidistas, sobre todo la socialización política y presencia territorial. Asimismo, parte de la reducción iría en el sentido de disminuir el número de instituciones, pensando en aquellas que no tienen voz definitiva y que tramitaban problemas que terminaba resolviendo otra instancia, como es el caso de los OPLES.

Un segundo pilar de la reforma tiene que ver con la representación política. No se trata solamente de disminuir el número de plurinominales (hecho que es una legítima demanda social, sobre todo en el entendido de que las listas de pluris sirven más para que las dirigencias partidistas premien lealtades más que para, de verdad, representar minorías). Se trata también de encontrar una forma más fiel a la realidad para representar políticamente a la pluralidad del país, cuestión que ya vislumbraba el llamado Plan A de 2022 y que significaba que los partidos políticos obtuvieran el mismo porcentaje de representación en la Cámara que hayan obtenido directamente en las urnas.

Un tercer elemento es la manera en que se configura el Consejo del INE. Hasta hoy, el diseño institucional beneficia repartos de cuotas y favorece que la partidocracia se salga con la suya al alinear funcionarios que tendrían que ser independientes. En la historia del IFE/INE ha habido consejeros que pese a ser propuestos por partidos políticos, han hecho un trabajo decoroso y honesto, como fue el caso de Jaime Cárdenas, Granados Chapa o el propio José Woldenberg y Guadalupe Taddei. Y ha habido consejeros que, presuntamente provenientes de la independencia partidista, han resultado pésimos funcionarios cuya ineptitud ha socavado la credibilidad del árbitro electoral, como fue el caso de Luis Carlos Ugalde, Rodrigo Morales, o Virgilio Andrade.

¿Cómo sanear esta situación? ¿Es acaso la elección de consejeros por vía del voto popular la solución? Sea cual fuere, debe partirse de un consenso, y ése es que como está la estructura actual, se presta para crear consejos a modo, o consejos que en vez de cuerpos colegiados funjan de repetidoras de los partidos y que sólo de forma excepcional hagan una labor institucional e independiente.

Esos tres elementos son los que podrían fungir de base de una nueva propuesta electoral. Y debe decirse con claridad. Hoy, parte de la derecha opositora, sobre todo desde el PRI, asume que dicha propuesta, a pesar de estar aún en ciernes, necesariamente va a significar una construcción de una autoridad electoral “madurista” como en Venezuela, y sin autonomía.

Momento ideal para definir que hoy el tropo Venezuela se ha usado no para criticar autoritarismos sino para revelar necedades. Así como en el Siglo XX se usaba a la Unión Soviética como fantasma permanente para asustar ingenuos, en el Siglo XXI ha sido la obtusa derecha latinoamericana la que ha usado la “amenaza geopolítica Venezuela” como sustituto del coco.

Recientemente fuimos testigos de la andanada imperialista de Trump, y también lo hemos sido de cómo el fantasma Venezuela se usa para contaminar elecciones (como pasó en México en 2006, como pasó en El Salvador en 2007, como hicieron los fascistoides Milei y Bolsonaro en 2023 y 2018, y como hizo el partido franquista Vox en España en 2021); o se usa para legitimar acciones ilegítimas (como hizo la derecha hondureña en 2009 para legitimar el antidemocrático golpe de Estado contra el Presidente Manuel Zelaya).

Ante esos hechos, hay que decirlo con claridad: quien emplea el tropo Venezuela no como una comparación histórica sensata, sino para azuzar un monstruo inasequible que ni siquiera se alcanza a entender, no está ejerciendo una crítica ni explicando un hecho. Está sin más agitando las pulsiones menos democráticas del sector más manipulable de la sociedad. De ellos, como de los paranoicos macartistas del Siglo XX, hay que cuidarse.