Al ataque directo contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya, diputados locales del partido Movimiento Ciudadano, le precede el cometido esta misma semana contra Alejandro Bravo Martínez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, y coinciden, todos ellos, en un contexto de normalización de la violencia política donde el uso de la fuerza se ha vuelto un lenguaje más de la guerra que sostienen las facciones del Cártel de Sinaloa. 

Y qué, hasta ahora, ha provocado, según el Inegi, que el 89 por ciento de la población manifieste miedo por el riesgo que significa vivir en la capital del estado y, más temor, cuando la autoridad es notoriamente incapaz para garantizar la gobernabilidad, entendida esta como la capacidad de las instituciones públicas para evitar que sus ciudadanos puedan llevar sus vidas con los mínimos necesarios y transitar, consumir, reunirse, divertirse, incluso, hacer política, sin riesgos. 

El miedo viene creciendo desde aquel memorable 25 de julio de 2024 cuándo fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada y llevado ipso facto a los EU, y asesinado, en el mismo lugar, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense y Diputado federal electo, además, empresario y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Esta incapacidad estructural ya significó la friolera de miles de muertos y desaparecidos, cientos, quizás miles, de exilios voluntarios a lugares más seguros dentro y fuera del país, pérdidas económicas que, de acuerdo con cálculos académicos y empresariales, rondan conservadoramente los 55 mil millones de pesos por el quebranto de empresas y economías familiares. 

No obstante, los esfuerzos declarados por el Gobierno federal y el estatal, han sido notoriamente insuficientes lo que ha significado la pérdida del espacio público, y la población asustada se resguarda en lo privado y cambia las rutinas que alguna vez fueron seguras.

La tibieza institucional en estos casos han sido la constante seguramente porque sus operadores tienen igualmente miedo. Comunicados evasivos, ausencia de responsables claros, manipulación de hechos y una narrativa reductiva que diluye el hecho en la inseguridad general que se vive en el país validando aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”. 

Y que confirma la máxima de que cuando el Estado no reacciona con contundencia, está mandando mensajes de que la política puede resolverse a balazos y lo demuestra lo sucedido a Héctor Melesio, Sergio y Elizabeth.

Sergio Torres, quien funge como dirigente estatal de MC, ha sido una voz crítica, cuestionadora y por ello, una oposición incómoda, en un sistema político cada vez más cerrado, más reducido y acojonado. 

Sorprende, eso sí, que durante el gobierno de Rocha Moya sea el segundo dirigente estatal de un partido político atacado estando en ascenso y que, como Cuén, Torres aspiraba a ser candidato a Gobernador en 2027 lo que puede leerse como advertencia, no necesariamente como castigo o castigo revestido de advertencia con un: Hasta aquí.

Este segundo hecho criminal contra un dirigente político debilita más a la frágil democracia sinaloense y es que, cuando un dirigente político es atacado con balas, incluso si es asesinado, el problema no es de un partido ni de Sinaloa, es la degradación del espacio democrático donde disentir llega a tener un alto costo, o sea, con cada uno de estos actos perdemos todos y no retóricamente, sino en cosas tan elementales como derecho a transitar con seguridad. 

La pregunta que muchos sinaloense se hacen, que se hicieron después del crimen contra Cuén Ojeda, no es quien disparó, que seguramente fue un sicario a sueldo, sino ¿a quién beneficia el crimen y el miedo que genera? y, por supuesto, ¿quién gana cuando la política se vuelve una profesión de alto riesgo?

El caso de Cuén Ojeda es ilustrativo de cómo operativamente se ven las cosas desde las alturas del Poder, no se trata de encontrar a los culpables para que rindan cuentas sino imponer inmediatamente una narrativa que diluya cualquier versión más ajustada a los hechos. 

Con Cuén Ojeda se intentó imponer un simulacro como verdad, sin embargo, la Fiscalía General de la República que había asumido como propia la investigación evidenció como una chapuza que no resistía la prueba del ácido. 

Sin embargo, pasado el tiempo, el entonces Fiscal Alejandro Gertz Manero, terminó cerrando el caso diciendo que un Juez sinaloense había rechazado lo presentado y con ello se dejaba en suspenso, y se absolvía a todos aquellos que habían intervenido directa o indirectamente en el montaje de la fiscalía estatal. Y, claro, hasta ahora no se sabe quién asesinó a Cuén Ojeda.

En términos generales ¿será el destino que tendrá la investigación sobre el ataque a los diputados de MC? Eso lo sabremos con el tiempo, ahora lo que se alcanza a ver en la tibieza de las declaraciones oficiales es que busca minimizar los hechos y, lamentablemente, cuando eso ocurre, la enseñanza es que el tiempo haga su trabajo hasta que desaparezca de la conversación pública.

Escribo sin haber leído un posicionamiento de la dirección nacional de MC y me imagino que ocurrirá en cualquier momento, exigiendo justicia que es muy difícil obtenerla cuando es notorio que en Sinaloa pasa por un serio problema de gobernabilidad. 

Un estado, donde el gobierno, ha reducido su actividad prácticamente a cobrar impuestos y hacer pequeñas obras en los municipios y estos, a su vez, administran los recursos escasos en un entorno de temor donde poco o nada pueden hacer sus policías para enfrentar la acción violenta de los cárteles.

 Sinaloa, digámoslo claro, enfrenta no sólo un problema de seguridad, sino de voluntad política, tanto de la federación como del estado, y, paradójicamente, pareciera que la única voluntad para acabar con los cárteles está del otro lado de la frontera norte.

En definitiva, la omisión, revestida de complicidad y miedo, gobierna y mucho a favor de la impunidad que esperamos, como muchos sinaloenses, estar equivocados y que los culpables intelectuales y materiales del ataque a Sergio y Elizabeth enfrenten la justicia.