México, 22 Mar. (Notimex).- El diálogo con los actores sociales y políticos será permanente, pues el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es que el gobierno Federal garantice la calidad de vida de los mexicanos para enfrentar en mejores condiciones los retos del futuro.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó además que la calidad de vida es la base del desarrollo urbano.
Al clausurar la mesa de trabajo Ordenamiento Territorial, que tuvo como fin integrar las propuestas del sector en el PND, Ramírez Marín dijo que ese Plan derivará en un Programa Nacional de Desarrollo Urbano.
De ahí la convocatoria a autoridades municipales y estatales para hablar de vivienda, movilidad e infraestructura, agregó en el encuentro, organizado por el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas Monroy.
El crecimiento desmedido en 59 metrópolis del país ha dado como resultado ciudadanos comprimidos entre la regulación que imponen los gobiernos y los espacios que crea el mercado con menor disponibilidad de servicios.
Abundó que este foro se realizó por instrucciones del Ejecutivo federal, y tiene como propósito recabar opiniones de ciudadanos, académicos, expertos, urbanistas, desarrolladores y autoridades, entre otros.
Por su parte, Cárdenas Monroy expuso que la Sedatu aprovechará los conocimientos de los especialistas en desarrollo metropolitano y ordenamiento territorial.
El titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, dijo a su vez que los ejidos y las comunidades agrarias son la célula básica del desarrollo territorial, por lo que existe la necesidad de regularizar más de seis millones de hectáreas en el país.
En el pasado, comentó, las organizaciones campesinas fueron instrumento del reparto agrario, pero la justicia no fue equitativa y ahora la deuda sigue pendiente, por lo que es importante otorgar el patrimonio de las tierras a quienes por años han sido propietarios.
El director del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, (Fifonafe), Ricardo López Pescador, insistió en tanto en la urgencia de asegurar la paz en el campo.
Ello significa atender con una visión integral los retos sociales, demográficos, productivos, educativos y de seguridad pública, "de los 12 millones de indígenas de 62 etnias que habitan en territorio nacional" y de los 25 millones de mexicanos que viven en zonas rurales, añadió.
A su vez, la magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Méndez de Lara, mencionó que 26 millones de mexicanos habitan en el campo y aportan el 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y es ahí donde la pobreza tiene su peor rostro.
Con las nuevas reglas, donde destaca la participación de las organizaciones campesinas, se podrá pasar de la legalidad a la legitimidad en la toma de decisiones, subrayó.
Los trabajos de la mesa de Ordenamiento Territorial en los que participaron autoridades de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional (RAN), fueron moderados por el titular de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), Jesús Alcántara Núñez.
También asistieron académicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), así como arquitectos e ingenieros, y por el Poder Legislativo la presidenta de la Comisión Especial de Desarrollo Metropolitano del Senado de la República, Ana Lilia Herrera.
