La constructora de origen español Obrascón Huarte Lain (OHL) es señalada desde el inicio del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto como la gran beneficiaria de la actual administración federal. De acuerdo con un reporte del diario elEconomista.es, en los 29 meses del Gobierno del priista mexiquense OHL México ha sumado concesiones y contratos por 41 mil 594 millones de pesos, muy por encima de lo que cualquier otro consorcio de ese rubro, nacional o extranjero, haya obtenido.

La filial de Obrascón Huarte Lain en el país, por ejemplo, no había logrado desde 1980, año en que comenzó su operación en México, un solo contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, en este Gobierno, luego de la llegada de Emilio Lozoya Austin a la dirección general de la ahora Empresa Productiva del Estado, ha ganado contratos con Pemex Refinación para construir una planta de hidrógeno, una de cogeneración y una estación de rebombeo.

Lozoya Austin fue parte del Consejo de Administración de OHL México, incluso cuando en 2012 se desempeñó como Vicecoordinador de Relaciones Internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Lo mismo ha sucedido en materia de obras ferroviarias, donde antes de la llegada de Gerardo Ruiz Esparza a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la filial de la constructora ibérica nunca había participado. En 2014, la SCT le adjudicó tres proyectos ferroviarios: el tren interurbano México-Toluca (por 10 mil 148 millones de pesos), el tren ligero Zapopán-Guadalajara-Tlaquepaque (por 7 mil 417 millones 549 mil pesos) y el tercer tramo de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara (por 2 mil 022 millones de pesos).

Ruiz Esparza fue, de 2005 a 2011, titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, entonces al mando de Enrique Peña Nieto.

El proyecto de mayor envergadura ganado por OHL México es la construcción y explotación del conjunto de tramos de carretera que conforman el Circuito Exterior Mexiquenses (CEM). La obra la otorgó en febrero de 2003 el Gobierno del Estado de México, presidido entonces por el priista Arturo Montiel Rojas, y en el que Peña Nieto se desempeñaba como Secretario de Administración. La inversión total del proyecto es de 24 mil 921 millones de pesos y la concesión de la explotación de la obra se extiende hasta diciembre de 2051.

Ya con Enrique Peña Nieto como Gobernador del Edomex, OHL ganó, en mayo de 2008, la obra del Viaducto del Bicentenario, por un monto de 3 mil 923 millones de pesos en una primera etapa. La inversión total, que incluye una segunda etapa, alcanza los 10 mil 071 millones de pesos, pero según grabaciones filtradas al iniciar este mayo, la empresa quería elevar el monto hasta los 12 mil millones de pesos.

De ahí en adelante, la empresa y los funcionarios mexicanos ligados a ésta no han dejado de ser noticia, no sólo en México sino a nivel internacional, y en específico en el mundo de los negocios donde la corrupción que se ha destapado en México en los últimos meses está ya generando desconfianza y falta de credibilidad.

El 7 de mayo pasado, ElDiario.es difundió dos grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que destaparon el escándalo de presunta corrupción protagonizado por la filial de la constructora española y, ahora, un alto funcionario del Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas para inflar los precios de un tramo de una autopista del Estado México: el Viaducto Bicentenario.

Los audios involucraron directamente a Apolinar Mena Vargas, entonces Secretario de Comunicaciones del Edomex. Uno lo exhibió solicitando vacaciones para él y para su familia; el otro, con un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.

Las acciones de OHL en Madrid se desplomaron ese mismo día casi un 8 por ciento, luego de que la prensa española difundiera la información. Los papeles en el mercado bursátil mexicano también se desplomaron. Incluso la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo que suspender la cotización de la empresa.

En una de esas grabaciones, se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoce, supuestamente el pasado enero, que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo”, mientras Jesús Campos López, director técnico de la empresa, habla de “desmadre en la construcción” y de cómo la compañía “salió forrada” con una obra cuyo coste se triplicó con respecto a las previsiones iniciales.

El 10 de mayo, luego de que se destapara el primer escándalo por dos audios que denuncian presunta corrupción protagonizada por la constructora OHL para inflar los precios de un tramo del Viaducto Bicentenario, el Gobernador mexiquense, Ávila Villegas, suspendió indefinidamente cualquier incremento en las tarifas distribuidor.

El 11 de mayo, OHL México anunció que aceptó la renuncia voluntaria de Pablo Wallentin como directivo de la compañía en México. Insistió en que “cumple escrupulosamente con la legalidad vigente y con los diferentes contratos suscritos con las administraciones públicas mexicanas a nivel federal y estatal”.

Luego, el 15 de mayo, SinEmbargo dio a conocer que entre 2013 y 2014, la empresa española Obrascón Huarte Lain y el Gobierno federal establecieron cinco contratos por un monto de 2 mil 456 millones 469 mil 577 pesos en proyectos que no obedecen sólo a infraestructura: dos de ellos, de más de 58 millones de pesos, fueron adjudicaciones directas para servicios de posicionamiento de marca de la Secretaría de Turismo (Sectur) en torneos de golf organizados en campos que son propiedad de la empresa.

Dos días después, Apolinar Mena Vargas renunció como titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México y fue multado con 189 mil pesos por el escándalo de corrupción con megaobra. No se dijo nada sobre abrirle una investigación ni nada sobre el tema de inhabilitarlo para ejercer un cargo en el servicio público, por ejemplo.

Antes, el 14 de mayo, el sitio EconomíaHoy dio a conocer que el alza de tarifas y la ampliación de plazo de explotación hasta 2051 no fue, sin embargo, el único cambio que el Gobierno del Estado de México hizo a la concesión del Circuito Exterior Mexiquense en los últimos años. La Secretaría de Comunicación que dirigía Apolinar Mena aprobó una sexta modificación con la que se eliminaba la obligación a realizar una auditoría externa de tráfico, después de que OHL evitara instalarla y pusiera varias trabas a la misma.

Ayer, otra vez, OHL México volvió al centro del escándalo, luego de que se difundiera en YouTube un nuevo audio, donde se sugiere que los directivos de la empresa española OHL no sólo acordaron beneficios (aumento de tarifas) con funcionarios del Edomex, sino que habrían sobornado a magistrados en más de una ocasión y con dinero en efectivo.

En una de las llamadas del nuevo audio, quien es identificado como Pablo Walletin, director de Relaciones Públicas OHL México, acuerda con Gerardo Fernández, director jurídico OHL México, el supuesto pago a magistrados mexicanos.

–No, bueno, pues yo no le puedo dar al Magistrado el cheque.

–Entonces, ¿cómo quieres que lo hagamos?

–No, pues no hay otra forma. O sea, no hay otra forma: o se hace como siempre, o no hay otra forma. ¿Cómo? Como hay apoyos ahí, a esa gente, de otra forma, de otra…

Cada nueva revelación sobre las prácticas anormales de esta empresa y su relación con altos funcionarios y ahora hasta magistrados del Estado mexicano, revelan que su repunte en México no está basado precisamente en la honradez.

Sus escándalos son un estocada para su credibilidad en el mundo pero, más grave aún, lo son para el actual Gobierno federal que, sin duda, tiene mucho qué explicar en este caso. Y no dar la cara y hacerlo pronto, le significará un golpe del que difícilmente podrá recuperarse. A nivel internacional, los medios de comunicación más influyentes en el mundo ya han puesto sus ojos en esta suma de revelaciones, y también urgen a la administración federal a tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación a fondo.

Las dudas y las sospechas son grandes, y no sólo la empresa sino todos quienes hayan estado relacionados con sus contratos y concesiones debe responder por lo que hoy se percibe como un enorme pozo de impunidad.