El sino-destino del escorpión, como el de todos, es la vejez. Acaso por eso ve el rostro de un fantasma en el espejo que le interroga si es México un país para viejos; es decir, si las condiciones sociales y económicas del país ofrecen a sus habitantes de mayor edad la oportunidad de una vejez digna de ser vivida con tranquilidad, seguridad y esperanza. Al parecer, la vejez en México vive una contradicción central: mientras el Estado declara derechos y amplía pensiones, aún millones de personas mayores viven en pobreza, desempleados, con precario estado de salud y, en miles de casos, en soledad y abandono.

En 2025 México cuenta con 17.1 millones de personas de 60 años o más (12.8 por ciento del total de la población). Alrededor de seis millones tienen entre 60 y 64 años, mientras 4.5 millones tienen de 65 a 69 años. En el rango de 70 a 74 años se encuentran unos tres millones de personas, y el grupo de 75 a 79 años alcanza unos dos millones. Finalmente, los mayores de 80 años suman alrededor de 2.5 millones de mexicanos. Para 2030, se estima que los adultos mayores superarán los 20 millones de personas (cerca del 15 por ciento de la población).

¿Cómo vive o sobrevive esta población mayor en nuestro país cuando se cierra la posibilidad del trabajo, que para muchos fue identidad y sustento? El mercado laboral excluye a los viejos: la informalidad y la discriminación por edad empujan a quienes aún quieren trabajar hacia empleos precarios, la inactividad forzada o hacia la resignación.

Sin trabajo viene la precariedad económica y la dependencia de los familiares, mientras el acceso a la salud también se restringe, pues la vejez exige cuidados, atención continua, medicamentos que no siempre están garantizados en el sistema público. La medición multidimensional de pobreza del Coneval subraya la relación entre carencias en salud y condiciones de vida, lo que explica por qué muchos adultos mayores enfrentan enfermedades crónicas sin la cobertura adecuada.

Hay otra herida menos cuantificada: la soledad. No aparece en las estadísticas, pero mata igual. Las redes familiares se fragmentan por migraciones, por la precariedad que obliga a los hijos a buscar sustento lejos, por la erosión de la comunidad. Los centros de día para ancianos y los programas de acompañamiento (más allá del Inapam), existen a cuentagotas; la respuesta institucional es fragmentaria. La soledad y el abandono son dimensiones menos cuantificadas, pero igual de letales. La cultura pública rara vez traduce esa soledad en políticas: centros de día, acompañamiento psicosocial y redes comunitarias siguen siendo insuficientes.

A escala nacional, el Inegi informó que en 2024 había alrededor de siete millones de personas en el rango de pobreza extrema. A su vez, las mediciones recientes de Coneval reportaron que más de tres millones de esas personas son de la tercera edad, e incluso, hay personas adultas mayores en situación de indigencia, aunque su cuantificación es parcial y requiere transparencia y actualización periódica.

La Pensión para el Bienestar ha sido presentada como un alivio necesario: actualmente más de 12 millones de adultos mayores están en el padrón de beneficiarios. La pensión es un gesto incuestionable de justicia redistributiva, pero no es una cura. No sustituye la atención médica integral, la rehabilitación, los cuidados domiciliarios ni la compañía que muchos necesitan. En los consultorios públicos, la espera es larga; en las farmacias, los precios son una barrera. La vejez se ha convertido en un tiempo de supervivencia emocional además de económica, observa el alacrán.

Más allá de la pensión del bienestar, aproximadamente entre seis y ocho millones de personas en México reciben hoy pensiones contributivas de instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y otros sistemas). El IMSS concentra la mayor parte de las pensiones contributivas: se estima que entre cuatro y 4.8 millones de personas reciben pensiones por vejez, cesantía u otras prestaciones a través de ese instituto. El ISSSTE, que atiende a trabajadores del Estado (incluye la UNAM y sector educativo), tiene aproximadamente entre uno y 1.3 millones de pensionados y jubilados.

Los regímenes especiales, como el de Pemex, suman un número menor en términos absolutos, pero con pensiones generalmente más altas; su padrón de beneficiarios se estima entre 150 mil y 300 mil personas. Otros sistemas públicos —incluyendo la CFE, las Fuerzas Armadas y regímenes especiales de organismos diversos— aportan entre 200 mil y medio millón de pensionados. Sumando estas estimaciones, el total aproximado de personas que reciben pensiones contributivas de instituciones públicas se ubica en un rango de 6.2 a 7 millones de beneficiarios. Muchos de estos beneficiarios de otras pensiones, reciben también la Pensión del Bienestar por su carácter universal.

Esta Pensión del Bienestar alcanzó este año los seis mil 400 pesos mensuales. En tanto, el promedio de pensiones en México es de siete mil pesos mensuales en el IMSS y nueve mil pesos mensuales en el ISSSTE, aunque, insiste el alacrán, los montos varían mucho según el régimen, los años cotizados y el salario base. Recientemente se ha iniciado una revisión de pensiones del ISSSTE buscando establecer un tope máximo, pues hay mucha disparidad en las percepciones que pueden llegar a cerca de 40 mil pesos mensuales.

La pregunta se vuelve entonces más urgente, le dice el fantasma en el espejo al venenoso: ¿es este un país para viejos? Si ser viejo significa depender de una transferencia que alcanza para cubrir lo básico, pero no para curar las enfermedades y el padecer de la vejez, si también significa vivir sin oportunidades de trabajo digno y con miedo a la soledad, la respuesta es clara. No se trata sólo de aumentar montos: se trata de pensar en la dignidad de las personas, hombres y mujeres mayores, considerarlos en su humanidad y pensar en el dolor de su envejecimiento. A partir de ahí se podrá diseñar un verdadero país o territorio para viejos, donde rijan políticas que integren salud, empleo, vivienda y tejido social.