Como consumidores de medios de comunicación, tenemos el derecho también a saber quién emite la información. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

El periódico Reforma se había distinguido por mantener neutralidad en materia de políticas contra la obesidad. El día de ayer publicó tres páginas pagadas, elaboradas por o para la industria de alimentos y bebidas, dirigidas a atacar la propuesta de etiquetado frontal de advertencia que está en consulta pública hasta el día de hoy.

Las tres páginas no tienen referencia alguna a que fueron pagadas por la industria de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Se da el crédito al “Staff”. Lo anterior hace pensar al lector que estas páginas tienen detrás la investigación de los periodistas del periódico, lo que representa un gran engaño por parte del medio.

Repito que la cobertura que venía realizando este medio sobre la emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes, que representa el mayor reto de salud pública de nuestro país, venía siendo neutral, dando voz a la industria pero también a la academia, al Gobierno, a los organismos internacionales y a la sociedad civil.

Las páginas del “Staff” de Reforma reproducen los mantras de la industria de la chatarra: que no hay productos buenos y malos, que el problema es multifactorial, que las regulaciones a sus productos no han demostrado beneficios y que los etiquetados de advertencia, como el chileno, no sirven.

El actual director de Reforma, Juan Pardinas, conoce bien la magnitud del problema y cómo se “las gastan” los cabilderos de las grandes corporaciones. La magnitud la conoce porque cuando fue director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), esta asociación publicó la investigación: “Kilos de Más, Pesos de Menos. Los Costos de la Obesidad en México”, un estudio de referencia al estimar los costos de esta pandemia. Conoce también la interferencia de la industria y sus estrategias porque el IMCO fue miembro del “Observatorio Mexicano de Enfermedades No transmisibles” que creó la Secretaría de Salud de Peña Nieto en contubernio con la industria y del que se excluyeron al Instituto Nacional de Salud Pública y a los organismos de Naciones Unidas.

La publicación en Reforma tiene el propósito de sembrar duda sobre el etiquetado frontal de advertencia, sobre su eficacia y sembrar miedo sobre sus consecuencias económicas. Exactamente la misma estrategia que utilizó la industria contra el impuesto a las bebidas azucaradas, que sembró cuando los lineamientos en escuelas, que sembró cuando estaba por difundirse la Jarra del Bien Beber, es decir, la misma estrategia que ha seguido para defender sus ganancias y no invertir parte de ellas en introducir al mercado alimentos saludables.

En las páginas de propaganda contra el etiquetado frontal de advertencia, firmadas por el “Staff” de Reforma, en varias ocasiones se repite la palabra “prohibición”, que “las prohibiciones no funcionan”, que “los hábitos saludables no se forman con la prohibición de comer algún alimento o nutrimento”. Esta práctica de las grandes corporaciones es clara: confundir y engañar. El etiquetado frontal de advertencia que se propone para los productos diría: “Exceso de Azúcar”, Exceso de Grasas Saturadas”, “Exceso de Sodio”, “Exceso de Calorìas”, “Contiene Edulcorantes. No Apto para Niños”. Los productos podrían no tener alguno de estos sellos, tener uno o más. ¿Le parece a usted que informar es prohibir? En ningún momento se trata de prohibir. Se trató de prohibir estos productos en las escuelas, se estableció la prohibición, pero la SEP no la implementó. CANACINTRA, CONMEXICO y el CCE se opusieron a que se garantizara en las escuelas la oferta única de alimentos y bebidas saludables. Dos años después, en 2012, los niños y niñas mexicanos se ubicaron entre los que más sobrepeso y obesidad tenían en el mundo.

El sólo hecho de informar sobre los nutrimentos críticos cuyo alto consumo es causa de las epidemias de obesidad y diabetes, es tergiversado por la industria como una prohibición. Entonces la industria cambia la narrativa y se manifiesta en contra de la prohibición y a favor de la libertad, haciendo ver al etiquetado de advertencia propuesto como una prohibición, como una violación a la libertad. La realidad es todo lo contrario, la información sirve para elegir y no hay elección correcta sin información. Y bien sabemos que estas corporaciones lo que buscan es que el consumidor no tenga la información que requiere, que consuma sus productos sin saber lo que se lleva a la boca.

La lista de mentiras para sembrar dudas a los lectores de Reforma a través de estas tres páginas, es enorme, y no acabaríamos aquí. Antes de ir sobre la última que quiero citar, quisiera mencionar que en un recuadro titulado “Posturas de los Expertos” se me incluye señalando que soy de El Poder del Consumidor, en medio de otras personas de las que no se dice son voceras de organismos empresariales o de instituciones financiadas por refresqueras ¿No hay conflicto de interés cuando represento al Consejo Coordinador Empresarial o mi institución ha sido patrocinada por Coca Cola?

En la tercera página se insertó un recuadro con el título “Chile, Una Experiencia Fallida”. La nota es extraña porque tiene frases en futuro cuando el etiquetado chileno ya está en operación, ¿fue un “copy-paste”?. Se señala que la política sólo mostró cambios temporales en las compras de productos que no lograron incidir en los hábitos y que la obesidad aumentó. El reporte reciente del propio Gobierno de Piñera, que en su primer mandato se opuso a esta regulación, reconoce la caída en el consumo de bebidas azucaradas, de cereales azucarados, de postres enlatados y la reformulación de una gran cantidad de productos. Todos estos son muy grandes logros, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización de naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.

Sobre el argumento de que no bajó la obesidad en Chile, habría que decir que sería un milagro dar marcha atrás a esta epidemia con una sola medida. Lo que está claro es que debemos bajar el consumo de ultraprocesados que han invadido nuestra dieta con productos altos en azúcares, grasas, sodio y calorías y en esto ha venido teniendo éxito Chile. Chile debe corregir algunos errores, como no informar cuando el producto tiene edulcorante no calóricos, señalando que no son aptos para niños. Estos ingredientes, se ha demostrado, no tienen impacto en baja de peso y generan y mantienen un hábito a productos extremadamente dulces.

Ayer mismo que salió la impresión de Reforma, la Organización Panamericana de la Salud presentaba la actualización de su estudio sobre consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas en América Latina. El estudio muestra datos de la necesidad urgente de reducir el consumo de estos productos en nuestro país. También, el Instituto Nacional de Salud Pública, en otro evento, daba a conocer los resultados de la Encuesta nacional de Salud y Nutrición mostrando también la necesidad urgente de bajar este consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.

Los datos son claros, la evidencia muestra que a mayor consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, mayor el índice de masa corporal. Se requiere que la población tenga acceso, con urgencia, a advertencias en los productos que contienen exceso de los nutrimentos críticos.

Las grandes corporaciones de la chatarra introdujeron el etiquetado actual en 2010-11, y la COFEPRIS, en contubernio con esta industria, lo volvió obligatorio en 2014. Durante casi 10 años, los consumidores mexicanos no han tenido acceso a información entendible en alimentos ultraprocesados y bebidas endulzadas. ¿No es eso una violación al derecho a la información? ¿No es eso una violación al derecho a la salud, que sin información no se puede ejercer?

Al ejercicio de nuestro derecho a la información y nuestro derecho a la salud, las corporaciones le dan la vuelta y lo convierten en una prohibición.

Como consumidores de medios de comunicación, tenemos el derecho también a saber quién emite la información o desinformación que un medio ofrece. Así como también tenemos derecho a saber si un producto contiene ingredientes cuyo alto consumo representa un riesgo a nuestra salud.