Como un río subterráneo que con el tiempo ha ido acumulando caudal y fuerza, hay por lo menos dos profundas discrepancias del Poder Judicial de la Federación, con senadores y diputados de Morena, y con sus aliados en el Poder Legislativo.

Las intromisiones del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, en asuntos que están en el ámbito de las facultades de diputados y senadores, han generado malestar en el Poder Legislativo y seguramente darán lugar a reformas constitucionales que tendrán por objeto ponerle límites a magistrados y ministros del Poder Judicial.

El 26 de enero del 2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las cámaras de Diputados y Senadores que, para la próxima integración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se considerara el principio de máxima representación efectiva, sustentada en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

Del mismo modo, ordenó a la Cámara de Senadores garantizar que en la Comisión Permanente pudieran estar representadas senadurías sin afiliación parlamentaria, durante los periodos de receso, cuando este órgano asume de manera temporal las funciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Senadores que conforman al denominado Grupo Plural, así como una Diputada y un Diputado del partido político Movimiento Ciudadano (MC), presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral al considerar que el hecho de que sus grupos no tuvieran representación en la Comisión Permanente generaba una vulneración a sus derechos de representación, así como de acceso y ejercicio del cargo, derivados de su derecho a ser votados.

El 8 de junio del 2022 la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que, inmediatamente, otorgara un puesto en la Comisión mencionada al partido Movimiento Ciudadano.

En un comunicado oficial de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados publicado el 9 de junio del 2022, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, advirtió que era inatendible la sentencia del Tribunal Electoral, por considerarla inconstitucional y ambigua.

Mencionó que sería inconstitucional que la Junta de Coordinación Política diera cumplimiento a esta sentencia del Tribunal Electoral, porque el Pleno de la Cámara de diputados es, como órgano deliberativo superior del Poder Legislativo del Estado Mexicano, la única instancia facultada para definir su organización interna.

Desde el punto de vista del Diputado Mier Velazco, líder de Morena en la Cámara de Diputados, “la resolución del Tribunal Electoral carece de certeza jurídica, pues no puntualiza a qué grupo parlamentario de los que están representados en la Comisión Permanente se le despojará de una posición para entregársela a otro partido, por lo que el resolutivo resulta ambiguo”.

El 14 de junio del 2022, con el voto de la mayoría parlamentaria de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados votó en contra de cumplir la sentencia del Tribunal Electoral, de incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en periodos de receso legislativo.

Se argumentó que debido a que la bancada de Movimiento Ciudadano sólo tiene 25 diputados, desde abril pasado todos los partidos -excepto MC- determinaron en la Junta de Coordinación Política, dejar fuera de la Comisión Permanente a los diputados naranja, porque con su porcentaje de representación no alcanzaban el derecho a tener ni siquiera un representante en ese cuerpo colegiado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 78 que “durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones”.

“Por tercera ocasión, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados incumplió con la sentencia del Tribunal Electoral que mandata incluir a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y el Partido Verde insistieron en la imposibilidad jurídica de cumplir con el mandato de los magistrados electorales”, advierte una información publicada por el periódico Excélsior el jueves 7 de julio del 2022.

Frente a la presión del Poder Judicial, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal Ávila, informó que la Cámara Alta emprenderá una reforma legal para impedir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decida sobre los acuerdos de los órganos de Gobierno del Poder Legislativo, publicó el periódico Excélsior, el miércoles 24 de agosto del 2022.

Explicó que hay una iniciativa que presentó el presidente de la Cámara de Diputados y otra que él formuló, a las que se les dará seguimiento, anunció Monreal Ávila.

Precisó que “la idea es poner un límite al Tribunal Electoral y poner un límite al Poder Judicial sobre nuestras facultades y funciones”, agregó el líder de los senadores morenistas.

La controversia estás muy lejos de haber sido resuelta, pues el pasado jueves 22 de septiembre del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que sí analizará la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Electoral que, en enero pasado, ordenó otorgar un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión al partido Movimiento Ciudadano y a senadores del llamado Grupo Plural.

El entonces presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso una controversia constitucional impugnando la resolución del Tribunal Electoral, la cual fue desechada el 4 de julio del 2022 por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien la consideró notoriamente improcedente.

La decisión del Ministro González Alcántara Carrancá se basó en la idea de que los fallos del Tribunal Electoral en ningún caso pueden ser revisados por la Suprema Corte de Justicia, tesis que no es compartida por la totalidad de los ministros.

Hay otro frente de controversia abierto entre el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo, en particular con la Cámara de Diputados y con las fracciones de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

El pasado 1 de julio del 2022 la Primera Sala de la Suprema Corte determinó la invalidez del presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE), para el ejercicio fiscal 2022, que fue reducido en más de cuatro mil millones de pesos, tras advertir que la Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó.

El Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados y contra el Poder Ejecutivo Federal, en la que demandó la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.

Al resolver el asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte advirtió que la Cámara de Diputados redujo en más de 26 por ciento el presupuesto solicitado por el INE, sin motivar la disminución referida. El INE pretendía un presupuesto de 24 mil 649 millones de pesos, el cual le fueron recortados cuatro mil 913 millones de pesos, para quedar finalmente en 19 mil 736 millones de pesos.

La Cámara de diputados respondió con un escueto decreto publicado el 4 de octubre del 2022 en el Diario Oficial de la Federación: “La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades exclusivas y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (…) reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional Electoral, en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022”.

Y agrega: “Archívese como asunto total y definitivamente concluido”.

El artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal”. Así, sin cortapisas ni condicionantes.

El malestar entre diputados y senadores es creciente, pues consideran que magistrados y ministros se han excedido. Eso desembocará, inevitablemente, en un abierto conflicto que tendrá que resolverse mediante reformas constitucionales que causarán mucha controversia y podrían acotar la influencia del Poder Judicial.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Xóchitl se hunde en Simulacro Universitario y no alcanza los dos dígitos